El alcalde de Iruñea, Enrique Maya (UPN), ha decidido romper un acuerdo con Nasuvinsa, sociedad dependiente del Gobierno navarro, para la promoción de vivienda pública al considerar que «hay una serie de condiciones que no podíamos aceptar».

En vez del plan de vivienda pública acordado con el Gobierno, Maya ha anunciado, cuando quedan apenas dos meses para unas elecciones a las que no se presenta, que subastará una veintena de parcelas que serán subastadas a promotores privados. Inicialmente, estaba previsto que estas parcelas fueran cedidas a Nasuvinsa para la promoción de vivienda pública, siguiendo un modelo que ya se ha aplicado en otros catorce municipios navarros.

El Gobierno navarro envió en enero al Ayuntamiento el documento del convenio con Nasuvinsa. La Junta de Gobierno Local, en la que solo está representada Navarra Suma, ha anulado hoy el compromiso de suscribir este convenio que adoptó en diciembre de 2021.

Críticas de la oposición

La medida adoptada unilateralmente por el equipo de gobierno de Maya ha sido duramente criticada por los grupos de la oposición.

Así, EH Bildu ha denunciado que «tras cuatro años en blanco en materia de vivienda UPN-PP han anunciado un proceso especulativo de subasta de parcelas municipales de claro tinte electoralista».

«De llevarse a efecto este anuncio, las más damnificadas serán las familias con menor renta y la juventud para que se asigna, según sus números, tan solo 50 viviendas de alquiler», ha añadido EH Bildu.

«Supone dejar a Iruña sin suelo municipal para hacer política de vivienda, una completa descapitalización que nos sume en una deuda gigantesca», ha lamentado EH Bildu, que reclamado que «se paralicen los planes que existen tras este anuncio para garantizar que una decisión de este calibre no se tome antes sin ser debatida y consensuada con los grupos de la opsición mayoritaria del Ayuntamiento». En este sentido, ha destacado que lo adecuado sería que fuera la corporación que salga de las urnas el 28 de mayo la que aborde esta cuestión. 

El PSN, por su parte, también ha denunciado que se trata de «una decisión unilateral que afectará a un desarrollo justo de la vivienda protegida y que dejará vacío el patrimonio municipal».

«Es una grave cacicada de un alcalde que se va a marchar por la puerta de atrás», acusa el PSN, que añade que «Maya opta por anteponer sus intereses partidistas a los de la ciudadanía, escenificando una ruptura electoralista que va a tener un enorme coste económico para Pamplona, favoreciendo la especulación urbanística y a las empresas constructoras», por lo que reclama que se dé marcha atrás a esta decisión y se retome el convenio con el Gobierno navarro.

Para Geroa Bai, la decisión de Maya es «un auténtico despropósito» y también incide en que supondrá vender la mayor parte del patrimonio municipal.

«Si UPN finalizó el año 22 incrementando la deuda del Ayuntamiento en quince millones de euros, ahora nos propone finalizar su mandato con la venta de 24 millones de euros del patrimonio municipal», alerta Geroa Bai.

Aierdi lamenta la ruptura del convenio

El consejero de Vivienda del Gobierno navarro, José María Aierdi, ha lamentado la decisión de Maya de romper el convenio con Nasuvinsa, destacando que «retrata y deja claramente en evidencia que el Ayuntamiento de Pamplona, después de año y medio mareando la perdiz, apuesta por seguir poniendo la política de vivienda y la gestión y la propiedad del suelo en manos de promotores privados».

«Desde el Gobierno, y desde una inspiración progresista de entender el derecho a la vivienda, llevamos dos legislaturas apostando por fortalecer e incrementar el parque público de vivienda en nuestro propio suelo o en parcelas municipales cuyos ayuntamientos nos ceden para promover vivienda pública asequible, pero sin perder el control ni la titularidad del suelo», ha añadido Aierdi.

Sin embargo, ha agregado, «nos encontramos con que el modelo del Ayuntamiento de Pamplona, donde se concentra la mayor demanda de vivienda asequible, es desprenderse de suelo público, venderlo para obtener beneficios y dejar en manos exclusivamente de la iniciativa privada el negocio de la vivienda, ya sea libre o protegida; es decir, la vieja receta para que sean los promotores privados los que condicionen la política de vivienda».