El 17 de marzo de 2021, tras trascender al público unos audios en los que se escucha a Juan Alberto Perote, el coronel responsable de los comandos operativos del Cesid, y al capitán Gómez Nieto dar por hecho que Mikel Zabala había muerto torturado en Intxaurrondo, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, preguntó al ministro Fernando Grande-Marlaska sobre la cuestión. Este sostuvo desde la tribuna de oradores que la lectura del primer auto de 1988 sobre el caso «demuestra lo impecable y la preocupación de aquella parte de la justicia democrática».

Quiso el ministro y antes juez fijar en su discurso «dos cuestiones que creo que son trascendentales».

La primera de ellas, que «no es cierto lo que a veces se intenta trasladar en el debate político de que cuando tienen lugar hechos como los que rodearon la muerte de Mikel Zabalza en nuestro país no hay Estado de Derecho. Todo lo contrario, el Estado de Derecho actúa e investiga cualquier actuación que ponga en duda la conducta de los empleados públicos».

La segunda cuestión «trascendental» era una muestra de «tranquilidad por cuanto estamos en un Estado de derecho». Lo explicaba así: «Tranquilidad porque ya en los años 1985, 1986 y siguientes los tribunales materializaron, manifestaron un cumplimiento imprescindible de la legalidad, con una instrucción compleja desarrollada en el tiempo y resoluciones judiciales en las que analizaban exhaustivamente la investigación formalizada, sin perjuicio, evidentemente, de que en cualquier momento y en caso de que sea necesario, la misma sea reabierta».

Esteban: «Se cerró en falso»

El portavoz del PNV, Aitor Esteban respondió al ministro con un «señor ministro, entiendo que es un marrón el que le ha tocado, pero yo también me he leído los autos», y los mostró desde la tribuna.

Después explicó que «el caso se cierra en falso; el caso se cierra en falso por la negativa del Gobierno, de la Administración a dar pruebas. ¿Valor probatorio de estos audios? Bueno, al final el auto lo dice: es que una de las supuestas voces, el señor García Nieto, dice: No, no, ese no soy yo, eso no es cierto. Y Serra dice: No, es que no hay ninguna documentación en el Cesid ni tiene la Administración ninguna documentación. Y los jueces lo dan por bueno, sin más. ¿Por qué se cierra? Por la negativa del Gobierno a dar pruebas. ¿De verdad se cree usted ―usted, eh— que no hay caso? Conociéndole no me lo creo».

Pero en su réplica, el ministro Grande-Marlaska en ningún caso puso en duda la versión oficial e insistió en «confiar en las instituciones».