José Emilio Rodríguez Menéndez, el conocido abogado español habitual defensor de protagonistas de tramas de guerra sucia o del autor de la muerte del seguidor de la Real Sociedad Aitor Zabaleta, va a tener que sentarse en el banquillo este martes, si no media un nuevo aplazamiento.

La Audiencia Provincial de Madrid le pretende juzgar por la presunta comisión de un delito de estafa a unos inversores con un supuesto falso negocio en Buenos Aires (Argentina) de compra y venta de petróleo.

La vista oral se ha suspendido varias veces por motivos de salud argumentados por el veterano abogado. El fiscal le acusa de un delito de estafa, por el que le pide cuatro años de cárcel y multa de diez meses a razón de una cuota de 12 euros (3.600 euros). Si es condenado, deberá indemnizar a los estafados un total de 73.700 euros.

El letrado de los afectados, representados por Garzón Abogados, imputa a Rodríguez Menéndez hasta nueve delitos, entre ellos organización criminal, falsificación de documentos, estafa, apropiación indebida y blanqueo de capitales.

En los delitos concurrían las agravantes de abuso de confianza y ser reincidente al contar ya con varias condenas firmes. La suma de las peticiones de cárcel alcanza los 42 años de prisión.

Huido de la Justicia

El abogado, ha sido condenado en dos ocasiones por un delito contra la intimidad, en 2002, y por un delito contra Hacienda, en 2005. Tras decretarse su ingreso en prisión, el abogado huyó del país durante un permiso carcelario y se refugió en Argentina, siendo detenido dos meses después. Ingresó en una cárcel Aargentina y fue puesto en libertad.

Según el relato del fiscal, el acusado contactó con I. S. M. con el fin de proponerle un negocio consistente en la compra/venta y suministro de petróleo con la entidad estatal energética YPF en Buenos Aires dada «la alta rentabilidad del negocio, actividad en la que, fingiendo sus contactos en Argentina, intervendría como intermediario y que realizó con el inicial ánimo de quedarse con el dinero».

Para ello I. S. M., A. L. E. O., C. R. C. y J. V. LA I. hicieron entrega al acusado de diversas cantidades de dinero de hasta 11.000 euros en el despacho del acusado situado en Madrid.

El primer pago se realiza el 2 de julio de 2014 con la entrega al acusado de la cantidad de 4.700 euros en efectivo. Dichas sumas de dinero se entregan con la finalidad de cubrir los gastos para la constitución de tres sociedades, capital social, pago de impuestos, viajes y otros conceptos.

Todo ello «siendo el acusado quien representaría en forma legal a dichas sociedades y además tramitaría y gestionaría el proyecto de negocio de suministro energético».

«Estas tres sociedades se constituirían con el fin de que a través de ellas se procediera a la compra/venta y suministro de petróleo con la entidad estatal energética YPF2», señala el escrito.

El fiscal apunta que el acusado, guiado por el propósito de obtener un enriquecimiento injusto, «una vez recibidas las cantidades no las depositó en ninguna entidad financiera y se las quedó para sí».

Las sociedades no fueron dadas de alta en el AIFP (Administración Federal de Ingresos Públicos de la República de Argentina) y no fueron registradas en el CUIT (Código Unico de Identificación Tributaria que se utiliza en el sistema tributario de la República Argentina para poder identificar inequívocamente a las personas físicas o jurídicas autónomas, susceptibles de tributar).