EH Bildu y ERC han alcanzado un acuerdo con el Gobierno español sobre la nueva Ley de Vivienda, que establecerá un tope del 3% en las renovaciones anuales de los contratos de alquiler en 2024, mientras que en 2025 se creará un nuevo índice «más estable e inferior a la evolución del IPC».

Así lo han explicado ante los medios de comunicación este viernes los diputados de EH Bildu Oskar Matute y de ERC Pilar Vallugera, que han incidido en que se trata de un acuerdo «importante, de enorme trascendencia en lo social y político».

Matute y Vallugera han señalado que el IPC «ha demostrado ser un índice que puede generar en pocos meses fluctuaciones enormes con aumentos disparatados que encarecen sin límite las rentas de alquiler al estar la renovación de los contratos indexados al mismo».

Y han incidido en que, para evitar estos aumentos «descontrolados», durante este curso se aplicará el límite del 2% en vigor, mientras que en 2024 será del 3% y en adelante se creará un nuevo índice de «contención», «más estable e inferior a la evolución del IPC, que tope los aumentos de la renta por la renovación anual».

Cambios en la definición de «gran tenedor»

Por otro lado, el acuerdo incorpora cambios en la definición de «gran tenedor», de modo que las comunidades autónomas podrán, en función de sus competencias y atendiendo a sus realidades, rebajar esta condición de los diez inmuebles establecidos por el proyecto normativo del Gobierno español a los cinco que finalmente se incluirán en la Ley.

De este modo, los propietarios que posean cinco o más inmuebles en un área tensionada, se considerarán grandes tenedores y se les aplicarán las medidas destinadas a evitar la especulación y el acaparamiento de inmuebles por parte de los «fondos buitre».

Prórrogas ante desahucios

En materia de desahucios, se prohibirán aquellos lanzamientos sin fecha y hora predeterminada, una «demanda histórica de los movimientos por la vivienda para acabar con la incertidumbre e indefensión de los inquilinos», según EH Bildu y ERC.

También se incluyen nuevas prórrogas, que aplazarán los procesos de desalojo más de dos años, y se estipula el acceso obligatorio a los procedimientos de solución extrajudicial para las personas vulnerables.

Además, las comunidades autónomas podrán articular mecanismos propios de mediación y alternativa habitacional que consideren oportunos, forzando a los grandes tenedores que realicen desahucios a someterse a los mismos.

Por primera vez se reconocerá la capacidad de poder utilizar los fondos de los planes estatales de vivienda a ofrecer alternativas habitacionales para personas en riesgo de desahucio mediante alquileres sociales bonificados, realojamientos de personas en situación de vulnerabilidad o cualquier otra política similar.

Protección a los inquilinos

El acuerdo conocido hoy también contempla medidas de protección a los inquilinos; así, los gastos y honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de un inmueble correrán siempre a cargo del propietario.

Asimismo, se prohíbe aumentar las rentas de alquiler por la vía de nuevos gastos, que obligarían a los inquilinos a abonar gastos de comunidad, tasas de basura o cualquier otro no atribuible que no estuvieran acordadas previamente. Del mismo modo, se eliminan las cláusulas que permitían la no aplicación de las medidas que contiene la Ley de existir un acuerdo entre las partes.

«A pesar de la positiva valoración que realizamos, creemos que est ley sigue adoleciendo de medidas aún más profundas y valientes. Nos hubiese gustado llegar más allá, introducir medidas más audaces y de mayor alcance pero no ha sido posible porque nos hemos encontrado una cerrazón en determinadas posiciones del Gobierno», ha apuntado Matute, que se ha comprometido a seguir trabajando para que el acceso a la vivienda sea un derecho al alcance de todas las personas.

Sánchez lo ve «histórico»

La vicepresidenta segunda española y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha saludado el acuerdo. «Hoy desde el Gobierno impulsamos por primera vez una ley integral que nos permite avanzar en el derecho a la vivienda. Proteger a las familias y, en especial a todas las personas jóvenes, es un motivo para la esperanza. Hoy somos un país un poco mejor», ha subrayado en sus redes sociales.

Además, ha agradecido «a todas las personas y organizaciones su lucha incansable durante años» para hacer posible la llegada de esta ley y, aunque ha reconocido que «queda mucho por hacer», ha resaltado que, en virtud de esta norma y por primera vez, las comunidades autónomas y ayuntamientos «tendrán un mecanismo para fijar los precios del alquiler».

Luego se le ha sumado el presidente español, Pedro Sánchez, que no ha dudado en hablar de consenso «histórico» que permitirá «la primera Ley de Derecho a la Vivienda de nuestra democracia».

En un mensaje en redes sociales, Sánchez ha asegurado que esta norma, que se pretende aprobar antes de que acabe el mes de mayo, dará respuesta a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía reforzando además el estado de bienestar mediante una «vivienda digna por ley».

Coincide en la satisfacción la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que ha asegurado que el acuerdo se trata del paso «más importante que se ha dado en toda la democracia para garantizar el derecho constitucional a la vivienda» después de la «negociación más difícil de sacar adelante de la legislatura».

El PP entra en cólera

Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha censurado las medidas, ya que, a su juicio, «topar precios, intervenir en el mercado» puede conllevar una disminución de la oferta de alquiler y derivar «al final del periodo en un incremento de los precios de alquiler como consecuencia de la disminución de los pisos en alquiler».

«Si se le dice a un propietario que solamente puede alquilar su vivienda en estas condiciones, el propietario puede decidir no alquilarla. Y si no lo alquila, suben automáticamente los precios. Y si esos precios no pueden subir, disminuirán la oferta de alquiler», ha agregado.

En tono más elevado se ha pronunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, que ha reprochado que sea «el entorno político de ETA» el que decida «cómo será la vivienda de todos».

«El asunto es primero con quién se está pactando. Me parece sorprendente que se blanquee a Bildu hasta tener la capacidad de decidir sobre la vivienda de todos los españoles», ha censurado Ayuso.

Yendo al fondo del asunto, ha cargado además contra la filosofía del proyecto porque «todo lo que sea intervenir va a llevar a España a la pobreza más absoluta».