Seis ayuntamientos de EH Bildu han sido amenazados este viernes por la Delegación del Gobierno español en la CAV por sus webs de memoria, a pesar de que fueron realizadas siguiendo los criterios de Gogora.

En una nota hecha pública, señala que ha requerido a los ayuntamientos de Galdakao, Orio, Oiartzun, Hernani, Villabona-Amasa y Azpeitia que retiren las citadas webs por «la equiparación que hacen entre víctimas y miembros de ETA», al señalar que los presos sufrieron vulneraciones de derechos y que sufrieron «cautiverio» en prisión.

Añade que el requerimiento se produce «tras estudiar y constatar el Abogado del Estado en el País Vasco los últimos días la existencia de esa homologación», que asegura que «constituye una evidente vulneración del artículo 61 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo».

Plazo de un mes

La Delegación del Gobierno español pide a esos ayuntamientos que en el plazo máximo de un mes de la recepción del requerimiento «procedan a la retirada» de las webs de miembros de ETA, «prófugos de la Justicia o condenados por delito de terrorismo en el caso de haber introducido sus nombres entre las denominadas víctimas».

Si no se llega a atender este requerimiento, anuncia que «la Abogacía del Estado emprenderá las acciones pertinentes para lograr su debido cumplimiento».

En cambio, señala que no actuará contra los dos ayuntamientos del PNV que tienen una web similar, Erandio y Tolosa, porque «han dado instrucciones para desactivarlas».

La Delegación del Gobierno no ha tenido en cuenta que las páginas webs han sido realizadas siguiendo las ‘Bases y criterios para la elaboración de Informes Municipales de Derechos Humanos y Memoria Reciente (1960-2018)’, que, según recordó recientemente la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales de Lakua, Nerea Melgosa, «establecen los criterios a seguir» para la elaboración de trabajos memorialísticos.

Ateniéndose a estos criterios, en la web Galdakao Oroimena se recogen los nombres de dos presos: Xabier Garcia Gaztelu y Jon Bienzobas. Este hecho ha sido utilizado por el PSE para suscitar una polémica ficticia en un contexto preelectoral, con enorme difusión mediática.

Esta idea ha sido desmentida por la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que aclaró que García Gaztelu y Bienzobas «no están siendo categorizadas como víctimas de graves violaciones de derechos humanos», sino en la categoría correspondiente a «política penitenciaria y aplicación de leyes excepcionales», tal como recoge el documento de bases del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos.

Por otro lado, víctimas como Maria Jauregi, hija de Juan María Jáuregui (muerto a manos de ETA), se han posicionado de modo crítico ante esta campaña:

Bizikidetzarekin, biktimekin ez da politika egin behar; alderantziz, politika egin behar da bizikidetzarako

— Maria Jauregi (@MJauregiLasa) April 14, 2023

Nahi izanez gero, desadostasunak inongo iskanbilarik gabe konpondu zitezkeen, jendaurrean aurkeztu aurretik, proiektua ez baita gaur goizekoa, ezta lehenengoa ere.

— Maria Jauregi (@MJauregiLasa) April 14, 2023