«Hoy una sentencia como la de ‘La Manada’ podría volver a producirse». Así de tajante se ha mostrado Bel Pozueta esta mañana. A la diputada navarra de EH Bildu le ha tocado abrir el debate final de las modificaciones de la ley del 'solo sí es sí', y lo ha hecho recordando que la modificación central de la ley (trasladar el eje de los tipos penales de la existencia de violencia a la verificación de que hubo consentimiento) arrancó, precisamente, en Iruñea. 

Pozueta ha asegurado que la ley nació de ese grito de «¡No es abuso, es violación!» que se escuchó en la capital navarra después de que la multitud que rodeaba la Audiencia Provincial no entendiera que los jueces hubieran considerado la violación múltiple de una joven en sanfermines como meros abusos. 

La parlamentaria ha asegurado que lo han intentado todo para salvar el eje nuclear de la ley, ese dejar de lado la violencia como elemento que categoriza el delito. Junto con ERC, mediaron tanto entre partidos y entre ministerios, apelaron a juristas. No lograron nada. Según Pozueta, el trabajo fracasó por la «rotunda negativa a acordar» del PSOE. 

Por su parte, el portavoz del otro grupo vasco, el PNV, ha reconocido que el motivo de la reforma radica en la sensación que ha cundido en la opinión pública tras conocerse las revisiones a la baja de agresores sexuales. Mikel Legarda ha defendido los cambios como «la mejor solución técnica» ante la «perplejidad» social causada por la rebaja de condenas y las excarcelaciones. 

Legarda ha aclarado que esta solución, en realidad, no va a cambiar estas excarcelaciones y ha lamentado que no se introdujera en la normativa una legislación transitoria que mitigara el cambio de un modelo penal a otro. 

Para el parlamentario, los cambios que se introducen no suponen una alteración sustancial, pues los delitos de abuso y agresión siguen unificados y tampoco se invertirá la carga de la prueba, para volver a un modelo donde la víctima deba acreditar que realmente se resistió a su agresor. 

Pero, el fondo del cambio, ha insistido Legarda, está en el relato que se ha hecho de la norma en la opinión pública. «La percepción de legitimidad del ordenamiento jurídico es necesaria para que su respeto sea efectivo. El derecho penal forma parte del corazón del Estado y no puede construirse a espaldas de la ciudadanía y de las víctimas», ha señalado.

La tercera voz proveniente de Euskal Herria ha sido la del parlamentario tránsfuga de UPN, Carlos García Adanero, que no ha entrado en grandes profundidades. Ha pedido a todos los que votaron la ley que asuman sus responsabilidades y ha asegurado no entender cómo la ministra que abanderó la ley, Irene Montero, se mantenga «en el sillón» después de la votación de este jueves. García Adanero, que ha fichado por el PP para presentarse al ayuntamiento de Iruñea, ha votado favorablemente al cambio, igual que el resto de parlamentarios de la formación que le permitirá continuar en política.

Montero y el PSOE

La titular de Igualdad y principal defensora de la ley ha cerrado el turno de intervenciones. Montero ha confesado que ha sido, en lo personal, su «día más difícil» como ministra. Su discurso ha sido, en esencia, el mismo que el de Pozueta: los cambios son un gran paso atrás y una sentencia como la de La Manada podrá leerse una vez más. 

Según Montero, al rescatarse la violencia como eje volverá a hacer que la credibilidad de las víctimas resida en las heridas que presentan en su cuerpo. Un modelo que, como ha recordado, genera sobre todo impunidad. Dos tercios de los acusados por una agresión salen libres, porque muchos jueces comparten la idea de que «en el fondo, fondo, fondo, ellas querían». A lo que ha añadido que «la inmensa mayoría de los agresores no han pisado un juzgado en su vida». 

La portavoz del PSOE, Andrea Fernández Benéitez, ha negado la mayor. Ha defendido la Ley Orgánica 10/1995, que recoge el 'solo sí es sí', por aquellos recursos que ofrece a las víctimas, así como en las prácticas coeducativas. Pero se ha mostrado fría en lo referente a la importancia del consentimiento. 

Aun así, Fernández Benéitez, ha asegurado que la modificación no ataca el «corazón» del cambio de marco penal, en tanto que no se modifica «ni en una coma» la definición de consentimiento. Por lo que ha considerado que todas las críticas que ha recibido su partido por alinearse con el PP para mofiicar la ley son «de trazo grueso».