El Gobierno de Lakua aprobó ayer el proyecto de Ley de Educación, abriendo la puerta a un trámite parlamentario que se presume intenso y que deberá concluir con la aprobación de una norma que sustituya a la que está en vigor desde 1993.

El documento llega un año después de que la Cámara, con el visto bueno de los cuatro principales grupos, aprobara el acuerdo de bases, y con el reto de acallar la crítica generalizada que desató el primer borrador, difundido en setiembre.

La falta de ambición y de concreción de aquel texto centró entonces gran parte de las críticas, con el foco situado de forma predominante en dos puntos: euskara y segregación. En el nuevo documento se aprecia un intento del Ejecutivo de zurcir los agujeros de la norma en este último asunto, no así en torno al del euskara, pues apenas ha introducido cambios en el Título IV del proyecto, que regula ‘Las lenguas en la educación vasca’.

El Departamento de Educación lo fía todo a los objetivos fijados en la norma –alcanzar el nivel B1 y el B2 al finalizar la educación primaria y secundaria, respectivamente– y en la capacidad del proyecto lingüístico de cada centro para alcanzarlos, y hace caso omiso a la petición de los principales representantes sindicales y de la comunidad educativa, que junto con Kontseilua han defendido un único modelo «general e inclusivo» en euskara.

En la redacción del equipo de Jokin Bildarratz se observa, sin embargo, un intento de no importunar a su socio de Gobierno, aunque poco después del Consejo de Gobierno, el PSE anunció que utilizará la tramitación parlamentaria para «subsanar las diferencias» que mantiene respecto al proyecto, y dijo que «no comparte que puedan relegarse los modelos lingüísticos actuales, amparados legalmente por un consenso político muy amplio».

«Distribución equilibrada»

Por contra, haciéndose eco del debate social en torno a la segregación, la Consejería sí ha alterado bastante el Título II del texto inicial –‘Derecho a la educación y convivencia positiva’–, concretando medidas tendentes a subsanar este problema de carácter estructural.

Así, tras fijar en el Artículo 25 que «la prestación del Servicio Público Vasco de la Educación se realizará a través de los centros públicos y privados concertados, rigiéndose todos ellos (…) por los principios de no discriminación; transparencia; carencia de ánimo de lucro; atención al alumnado vulnerable y a la diversidad del alumnado; participación democrática de los diferentes sectores concernidos en la educación formal; compromiso contra la segregación, con la inclusión, la equidad y la igualdad de oportunidades», en el Artículo 27 dice que «tanto la planificación de la oferta como los mecanismos que regulan la admisión deberán contribuir a una distribución equilibrada de la diversidad y de la vulnerabilidad entre todos los centros sostenidos con fondos públicos, a fin de evitar la segregación del alumnado por razones socioeconómicas o de otra naturaleza».

Asimismo, el cuarto punto del Artículo 28 –‘Proceso y criterios de acceso a las plazas de los centros educativos financiados con fondos públicos’–, explica que «todos los centros que presten el Servicio Público Vasco de Educación deberán reservar las plazas que determine el departamento competente en materia de educación, para la escolarización de alumnado con necesidades específicas», entre las que se citan aquellos que están «en situación de vulnerabilidad socioeducativa o socioeconómica».

Pacto contra la segregación

En el siguiente punto de ese mismo artículo se indica que «a fin de obtener una escolarización equilibrada (…) a todos los centros de cada área de influencia se les asignará el mismo índice de vulnerabilidad, que será el correspondiente a dicha área, y se empleará a efectos del cálculo de la reserva de plazas que deberá realizar cada centro».

«Dicho objeto de escolarización equilibrada deberá alcanzarse de forma progresiva», añade el proyecto, y concreta que el propio Departamento «delimitará las áreas de influencia, así como las áreas limítrofes a las anteriores, de modo que cualquier domicilio quede comprendido en un área de influencia, y se asegure, la existencia de un centro de titularidad pública en cada área de influencia».

El Artículo 29, que aborda la garantía de gratuidad, apenas tiene cambios respecto al primer borrador, donde ya se advertía de que «los centros educativos financiados con fondos públicos no podrán ser receptores de fondos o cantidades procedentes de las familias» y que «por tales centros no se podrá imponer la obligación de abonar cuotas o realizar aportaciones a fundaciones o asociaciones», pero agrega un párrafo donde detalla que «la administración educativa establecerá los mecanismos de control a través de una unidad administrativa especifica que garantizará la efectiva gratuidad de la prestación del servicio educativo».

Con todo, quizá el elemento más llamativo en lo que se refiere al trabajo pendiente contra la exclusión y la desigualdad aparece en una de las disposiciones adicionales que tiene el Proyecto de Ley, la tercera, donde se anuncia que «el departamento competente en materia de educación del Gobierno Vasco impulsará un proceso de diálogo activo con la comunidad educativa, con el objetivo de lograr un Pacto contra la Segregación Escolar».

Euskara: pocos cambios

Está por ver si los cambios son suficientes para aplacar las críticas de quienes han manifestado desde el principio que esta ley no va a cambiar el sistema educativo dual ni va a solucionar el problema de la segregación, pero es un hecho que el Departamento ha movido ficha en estos meses. No ocurre igual con el euskara, pues los cambios respecto al borrador de otoño apenas se advierten.

Por ejemplo, los cinco puntos del Artículo 65 –‘Caracterización del marco plurilingüe’– se mantienen igual, y solo en el quinto se añade una pequeña apostilla, de modo que si el borrador inicial decía que el Departamento de Educación «reforzará el uso del euskera a través de planes específicos destinados a normalizar la utilización habitual de esa lengua en la acción escolar», en el proyecto se agrega que «con el mismo fin se prestará especial atención al conocimiento de la cultura vasca».

Tampoco hay grandes cambios en el Artículo 66, ‘Lenguas oficiales y lenguas extranjeras’, donde se concreta el nivel que debe alcanzarse al finalizar la educación primaria y secundaria en castellano y euskara –B1 y B2, respectivamente– como en una lengua extranjera –A2 y B1–, aunque en el tercer punto, además de afirmar que el departamento y los centros «establecerán las medidas necesarias para garantizar la obtención de los niveles establecidos, teniendo en cuenta el punto de partida y las características sociolingüísticas y socioeconómicas de cada entorno», concreta que «estos objetivos mínimos en relación a las lenguas oficiales y lenguas extranjeras serán de aplicación en todos los centros que integran el Sistema Educativo Vasco».

«Necesita más euskara»

Lo cierto es que casi el único cambio reseñable en torno al modelo lingüístico no se encuentra en el Título IV, que lo regula, sino en el II, en el antes citado Artículo 25, que define los principios del Servicio Público Vasco de la Educación.

Entre ellos se menciona la «priorización del euskera dentro del sistema educativo, tanto en la actividad educativa, como en las relaciones profesionales, así como en las relaciones formales e informales entre el alumnado y el profesorado, y el cumplimiento de los objetivos lingüísticos establecidos, para lo que el departamento (…) facilitará recursos específicos a los centros que trabajan en entornos sociolingüísticos con escasa presencia del euskera para el desarrollo de sus proyectos educativos».

Es sin duda un magro avance en un asunto que concita un gran consenso. De ahí que en una primera valoración, Kontseilua, pese a saludar que se defina el nivel B2 como objetivo al acabar la secundaria y que se tenga en consideración el conocimiento de la cultura vasca, lamenta que no se han recogido «las principales peticiones de la comunidad educativa y de los sindicatos en torno al euskara», y tampoco «varios elementos positivos que contenía el pacto educativo» aprobado en la Cámara.

Kontseilua aprecia una «preocupante falta de concreción», y concluye que es un proyecto que «necesita mejoras». «Necesita más euskara», resume antes de iniciarse el nuevo debate parlamentario.