La Sección Segunda de la Audiencia de Bizkaia ha desestimado las apelaciones formuladas por Alberto Zulueta, arquitecto asesor del Consistorio de Alonsotegi a través de la firma Arkideiak; Roberto Fernández y Saúl Fonseca, de Proyectos y Obras Pabisa; y Francisco Javier Bediaga y Eduardo Ibarra, de Laneder Construcciones, en la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Barakaldo por presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental, malversación y fraude por el cobro de 2,2 millones de euros en subvenciones por obras que no se ejecutaron en Alonsotegi. Aitor Santisteban, que fue alcalde de 2007 a 2011, no recurrió el auto como los otros cinco encausados.

En el auto comunicado este jueves a las partes se rebaten los argumentos de las defensas de que no existen indicios de criminalidad por parte de los investigados. La ponente destaca que de las pruebas y diligencias practicadas se deduce que existen esos indicios de delito y que no son «meras conjeturas» como argumentan los letrados de los acusados.

La Sala rechaza las solicitudes de sobreseimiento provisional de la causa, con la que el proceso sigue adelante, pendiente de los escritos de la acusación popular que ejercen los ediles de EH Bildu y la particular por parte del Ayuntamiento. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado ya presentaron sus escritos, en los que solicitan un total de 42 años de cárcel para los seis implicados. A continuación, se habrá de fijar fecha para el inicio de la vista oral.

Penas de 7 años de prisión

El Ministerio Público estima que hay suficientes pruebas de que esas seis personas y otra que falleció se pusieron de acuerdo, «con el ánimo de obtener un beneficio económico ilícito», para aparentar una serie de obras en Alonsotegi y obtener financiación de la Diputación de Bizkaia y Gobierno español.

«Para crear dicha apariencia e incorporar a su patrimonio los fondos indicados –cerca de 2,2 millones de euros–, tramitaron expedientes a los que dieron contenido elaborando ofertas, informes, memorias, actas, certificaciones y facturas que no se ajustaban a la realidad», sustentadas por decretos rubricados por Aitor Santisteban.

La Abogacía del Estado también solicita una pena de prisión de 7 años de cárcel para cada uno de los acusados. Respecto a la Diputación, se limita a adherirse al grueso del escrito de acusación de la Fiscalía.

Este es el segundo proceso por corrupción en el Ayuntamiento de Alonsotegi. El otro, en el que estaba implicado el alcalde entre 2011 y 2015, ya fallecido, se ha fijado fecha para el inicio de la vista oral para el 9 de enero de 2024.