La plataforma Zaldibar Argitu ha dado a conocer que la instrucción de la segunda causa judicial abierta por el desastre del vertedero de Zaldibar, cuyo derrumbe costó la vida a los trabajadores Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán en febrero de 2020, ha sido prorrogada otros seis meses. Se extenderá al menos hasta diciembre de este año, con lo que acumulará ya más de tres años desde su apertura en noviembre de 2020.

En el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Durango se constata que ya hay trece personas en condición de «investigadas» por estos hechos. La causa indaga en el delito medioambiental producido, después de la primera, centrada en el accidente laboral, concluyera con un acuerdo de tres responsables de Verter con las familias de las víctimas y la Fiscalía, por la que asumieron una pena de seis meses de cárcel por «homicidio imprudente».

Entre estas trece personas destacan las tres responsables de Verter que ya fueron condenadas en el otro proceso: el dueño de la empresa propietaria del vertedero, José Ignacio Barinaga; la gerente, María Arrate Bilbao; y el ingeniero jefe, Juan Elosegui Etxeberria. Pero están imputados también, según habían avanzado informaciones de diversos medios y se constata en el auto, tres técnicos de la Administración de Lakua, dos geólogos de la consulta Lurtek y cinco técnicos de la ingeniería Geyser.

En la instrucción se trata de determinar por qué Geyser avaló determinados cambios en el proyecto del vertedero respecto a lo aprobado inicialmente; si Lurtek cometió irregularidades en los informes sobre estabilidad presentados apenas 17 días antes del derrumbe; y si los técnicos de Lakua pudieron incurrir en «prevaricación».

«Suelo inadecuado para nuevas actividades productivas»

En paralelo, Zaldibar Argitu ha difundido el informe realizado por Sprilur (sociedad pública de gestión de suelo industrial del Gobierno de Lakua) sobre si en el lugar que ocupó el vertedero existiría opción de implantar un polígono industrial.

La conclusión es negativa y de modo tajante. Ello contrasta con los permisos dados anteriormente a una instalación cuya ubicación en ladera se confirmó tras el deslizamiento como muy peligrosa (sumado a la sobreexplotación producida).

El Sprilur indica textualmente en su informe que «la compleja situación geológica del terreno lleva aparejados problemas de estabilidad de los suelos, por lo que la ocupación del vertedero por estos nuevos usos contemplados no resulta compatible con la seguridad y la salud humana».

También apunta que «la pendiente media existente en los suelos del vertedero llevaría a un desarrollo viario complejo con un resultado escaso de suelo aprovechable, con pendientes fuertes y poco apropiadas para vehículos pesados y más aún para la movilidad peatonal o ciclable».

Le suma que tras los años de explotación del vertedero y el posterior derrumbe «sería necesario un proceso de descontaminación importante para obtener unos suelos que garanticen la salud de las personas usuarias del polígono».

Zaldibar Argitu lamenta que entre las objeciones que Sprilur plantea a la hipótesis del polígono industrial no figure el hecho de que allí siguen enterrados los restos de Joaquín Beltrán, una vez que Lakua diera por suspendida la búsqueda definitivamente en mayo de 2021 sin poder hallarlos.