Los retrasos en la gestión de los expedientes y el pago de las subvenciones otorgadas por el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes para la rehabilitación de viviendas y edificios está generando verdaderos quebraderos de cabeza a muchas comunidades de propietarios atraídas por las condiciones del programa. Propietarios, administradores y empresas acusan al Gobierno autonómico de «engañar» con los plazos, lo que está provocando serios problemas de liquidez a muchas de las personas afectadas.

Una de ellas, es la comunidad de propietarios de la plaza Miguel Unamuno n.º 1, en el Casco Viejo bilbaino, que finalizaron las obras de reforma en mayo de 2022, su expediente fue resuelto en abril pasado y a día de hoy siguen sin cobrar los 30.000 euros de subvención a fondo perdido que les han otorgado. No son los únicos, reconocen, saben que son «cientos» las comunidades que se encuentran en una situación similar a la suya.

«Es vergonzoso e intolerable el funcionamiento», les espetó Kepa Ibaibarriaga, representante de esta comunidad en uno de los numerosos escritos remitidos al Departamento. La demora en el abono de la subvención les ha obligado a aprobar derramas extraordinarias para pagar la obra.

«Jamás pensamos que el Gobierno Vasco tardase tantos meses en pagar unas subvenciones que se anuncian como ayudas a las obras de rehabilitación pero que nos obliga a adelantar unas importantes cantidades de dinero que para algunos vecinos les suponen un problema muy serio», expone.

En su caso, explica Ibaibarriaga, la tramitación de la licencia de obras por parte de Surbisa fue rápida. Entre febrero y mayo de 2022 se acometió la reparación integral de los patios y, al de 37 días de la finalización de los trabajos, la sociedad urbanística de rehabilitación de Bilbo les concedió las ayudas a la comunidad y a los vecinos que las habían solicitado. Entonces, apunta, les advirtieron de que «el Gobierno Vasco tardaba más en pagar».

Prevenidos, no pensaban que la demora iba a ser grande. Insiste en el «mal funcionamiento y gran engaño». «Se anuncian unas medidas y subvenciones pero no se dice en qué plazo se abonarán», subraya.

«Poco personal»

Fuentes del propio departamento que dirige Iñaki Arriola reconocen que están desbordados, «mucha burocracia, mucho mando y poco personal para gestionar los expedientes».

En unas de las comunicaciones a esa comunidad del Casco Viejo bilbaino, el Departamento lamenta la demora, que la achaca en parte «a nuestras estrecheces en materia de personal y al volumen que la rehabilitación está, afortunadamente alcanzando». En cualquier caso, reconoce, que «no debe ser la ciudadanía la perjudicada por la situación».

Trata de atribuir el retraso en la gestión al cambio del sistema contable de la Administración autonómica, especialmente por lo que se refiere a la carga de datos, para la resolución y certificación de los expedientes.

En respuesta a una solicitud de información requerida por el parlamentario de EH Bildu Unai Fernández de Betoño, el consejero Arriola exponía en diciembre pasado las consecuencias del cambio del sistema de gestión contable, que había retardado los pagos hasta abril de 2022 de subvenciones resueltas en ejercicios anteriores.

En otra respuesta fechada el 5 de mayo pasado referida al caso de la comunidad de la plaza Miguel Unamuno n.º 1, Arriola indicó que se iba a efectuar el desembolso final de la subvención «en próximas fechas» pero lo cierto es que no se ha producido aún.

«Máximo histórico»

El programa de subvenciones promovido por el Ejecutivo de Lakua para la rehabilitación de viviendas y edificios ha generado gran expectación entre las comunidades de propietarios. Según datos de la Viceconsejería de Vivienda, en 2022 se alcanzó «un máximo histórico» al otorgar 48 millones de euros para estas actuaciones, destinado a 35.888 viviendas con un presupuesto protegible que ronda los 350 millones de euros.

En el pasado ejercicio, desvela Iñaki Arriola, se pagaron subvenciones a la rehabilitación por encima de los 21,45 millones de euros, «otro récord histórico, con lo que, a pesar del evidente tsunami en que nos encontramos, todavía aseguramos capacidad de respuesta».

No opina lo mismo Ibaibarriaga, que echa en falta una información transparente sobre los plazos por parte del Ejecutivo. «Hay que advertir a las comunidades para que los prevean, de modo que puedan ir constituyendo un fondos de reserva o negociar un calendario de pagos con la empresa que realiza los trabajos», añade.

El consejero informa en su última respuesta a Fernández de Betoño que el plazo entre la concesión de las ayudas y la justificación de la inversión, que a su vez lanza el proceso de pago final de las subvenciones, en el caso de las obras particulares «llega hasta los 12 meses». En el caso de las obras comunitarias se prolonga «hasta 18 meses» y, cuando de trata de rehabilitación integral y eficiente, puede demorarse «hasta 30 meses».

En el sistema de ayudas a los Fondos Next Rehabilitación, en concreto en el programa de rehabilitación en eficiencia energética a nivel de edificio, el plazo de abono de la subvención en un inmueble de más de 40 viviendas «llega hasta 28 meses». En un caso particular, se reduce a 12 meses. Arriola apunta en que, en ambos casos, existe un sistema de anticipos de pago del 20% en el caso de la normativa autonómica, y del 30% con los fondos europeos «para coadyuvar a financiar operaciones desde el principio».