A través de una filtración, el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales anunció ayer que emprende la tramitación de un nuevo decreto que regulará la organización de las residencias de personas mayores. El Ejecutivo de Lakua, así lo reconoció el portavoz Bingen Zupiria, arranca con un procedimiento en sintonía con las diputaciones que llevan tiempo trabajando en la transformación del sistema de cuidados, lo que no ha evitado la concatenación de conflictos con las trabajadoras y las críticas de las familias.

Tras la firma de la orden de modificación del decreto por parte de la consejera Nerea Melgosa, se abre a audiencia pública un texto consensuado por el Gobierno con los entes forales. Más tarde, ese documento será sometido a los informes de los diferentes departamento del Ejecutivo. En función de lo que dure la tramitación, apuntó Zupiria, sabrán si el decreto puede aprobarse en esta legislatura.

Entre las principales novedades que han transcendido, se encuentra un límite de 150 plazas en los nuevos centros, que estarán divididos en módulos de hasta 25 personas; el aumento de un 15% en las ratios de personal de atención directa; y planes de acompañamiento personalizados.

El nuevo decreto regula otras cuestiones de espacios: las habitaciones dobles tendrán una superficie útil mínima de 22 metros cuadrados, excluido el cuarto de baño, y las individuales, de 15 metros cuadrados.

Los colegios oficiales de Enfermería de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa mostraron su «indignación» por la reforma del decreto de residencias ya que, según denunciaron, «permite la contratación de auxiliares para realizar funciones propias de enfermería».

«Modelo conflictivo»

En una valoración de urgencia, el sindicato ELA aseguró que el Gobierno «sigue apostando por un modelo conflictivo, que solo traerá beneficios empresariales y que olvida a trabajadoras y residentes».

Para el sindicato con mayor representación entre las empleadas del sector, lo anunciado a través de los medios «no es más que un titular propagandístico», ya que algunas de las «novedades» ya están recogidas en el actual decreto.

ELA advirtió de que las últimas modificaciones legislativas introducidas por las distintas instituciones competentes han estado «muy direccionadas a las mejoras arquitectónicas» de los centros.

Citó el caso de Gipuzkoa, cuyo Libro Verde de la Diputación, en su resumen ejecutivo de 2022, recoge que sobre el gasto de 15.181.120 euros, «casi 14 millones, es decir, más del 90%, ha sido para partidas arquitectónicas». En Bizkaia, por ejemplo, lo más destacado han sido las obras de reforma que se están llevando a cabo en algunos centros.

Para LAB, a falta de un análisis más profundo, el futuro decreto deja de lado las reivindicaciones históricas de las trabajadoras, como son la falta de personal y las excesivas cargas de trabajo. Para poder prestar una atención directa, incidió, la ratio establecida no es suficiente, por lo que las condiciones laborales y de vida volverán a empeorar. También alertó de que Lakua propone contratos parciales sin límite, en un sector «con contratos parciales de miseria».

«Cesión a empresas privadas»

La creación de unidades convivenciales, con un máximo de 25 personas, ya se está implantando en Bizkaia, entre críticas de los trabajadores del Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS) y la asociación de familiares Babestu, que han denunciado la eliminación de casi la mitad de las plazas públicas, que consideran una «cesión a empresas privadas».

Esas unidades convivenciales han generado suspicacias en el sector privado, ya que la adaptación de los centros a las nuevas exigencias de la Diputación supone perder ingresos, lo que pone en cuestión algunos proyectos empresariales, los menos, pues cada vez más residencias están en manos de grandes compañías.

Desde Gipuzkoa, la diputada foral de Políticas Sociales valoró positivamente el paso dado por Lakua, en sintonía con las medidas que se están implantado en las residencias del herrialde.

Maite Peña explicó que Gipuzkoa, a través de la Agenda 2030, está «avanzando» hacia un modelo de mejora «en todos los ámbitos», tanto en los de personas mayores y dependencia como en los de los menores en situación de desprotección, discapacidad, mujeres víctimas de violencia machista e inclusión social.

«En todos los ámbitos, en todos los recursos y en todos los proyectos hemos establecido una hoja de ruta, con la que estamos impulsando la personalización, la participación de los usuarios, la innovación y también la vinculación a la comunidad», destacó.