Ha sido el gran tema a debate durante el consejo celebrado en Burdeos los días 12 y 13 de junio. Y, finalmente, pese a las movilizaciones de sindicatos y la oposición de electos de diferentes familias políticas, el Consejo de Nueva Aquitania que preside el socialista Alain Rousset ha sacado adelante el acuerdo que contempla que, en el horizonte de 2030, el servicios de cercanías (tren regional o TER) se abra a una eventual explotación por otros operadores más allá de la SNCF.

El ejecutivo de Rousset ha debido asumir hasta media docena de enmiendas de los centristas todo con tal de atraerse su voto para aprobar la «convención de explotación de los trenes regionales TER para el periodo 2024-2030», suscrita por el Consejo Regional con SNCF Voyageurs, la sociedad del grupo ferroviario francés que tiene a su cargo el transporte de pasajeros.

Esa alianza poco habitual entre el dirigente regional socialista y los electos aliados de Emmanuel Macron viene a remarcar lo controvertido de la decisión.

De hecho, aunque su propuesta ha sido rechazada, los antiguos aliados de Rousset, los ecologistas, han solicitado una moratoria de diez años en la apertura a la competencia del servicio ferroviario regional o de cercanías.

Ese es el plazo máximo que contempla la legislación que emana de Bruselas, pero el patrón regional ha acotado a siete años ese periodo de transición.

Los comunistas, que sí forman parte del Ejecutivo regional, han votado también en contra de la propuesta del presidente, a la que se han opuesto también los consejeros de derecha (Les Républicains) y de ultraderecha (Rassemblement National), que se inclinaban por que Nueva Aquitania siguiera los pasos de la Región de Occitania, que se ha decantado por la renovación, durante diez años, del acuerdo con la SNCF, ello parar dar un mayor margen a la compañía francesa para afrontar en mejores condiciones esa futura liberalización.

Los sindicatos rechazan la «privatización»

Los sindicatos de la SNCF denuncian una convención que, según advierten, amenaza al servicio público y a las condiciones laborales de los ferroviarios.

Sus quejas se dejaban sentir con una movilización a las puertas del consejo regional que, según la información difundida por France 3 Nouvelle Aquitaine, ha reunido a unos 250 trabajadores.

Escudándose en que esa apertura del servicio es de obligado cumplimiento a partir de diciembre de 2023 –en ausencia de una convención para extender la concesión a la SNCF, que blindará por siete años más su explotación del servicio–, el presidente aquitano se asegura de que esa apertura a la concurrencia quede allanada antes de las elecciones regionales de 2028.

Las líneas que circulan en Ipar Euskal Herria

La convención aprobada por Burdeos afectará a cuatro segmentos, entre los que se incluye el bautizado como «sur de Aquitania» y que comprende las líneas que recorren Euskal Herria.

No obstante, esa apertura progresiva a la competencia se hará realidad primero en otros territorios incluidos en la macrorregión neoaquitana. Siempre según la citada cadena de televisión pública, primero afectará a Poitou-Charentes, le seguirá Limousin y a partir de ahí se irá extend¡endo a otros sectores, como el que toca a Euskal Herria.

Una de las hipótesis a despejar a futuro es si, desaparecido el monopolio estatal, operadores no franceses, caso de EuskoTren, se decidirán a pujar por la concesión al norte del Bidasoa.

A priori, ese tren directo entre Baiona y Donostia que debería ser una realidad a partir de 2025 podría ser un aliciente añadido para la sociedad que explota la línea entre Irun-Donostia (Topo).

En 2022, el servicio regional TER de Nueva Aquitania aumentó en un 22% el número de usuarios con respecto a 2019. Unas 90.000 personas utilizan de manera cotidiana esa red ferroviaria.