El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha concluido que las autoridades de Perú vulneraron los derechos a la salud y la vida de una niña de 13 años víctima de una violación, al no haberle proporcionado la información y acceso al aborto legal y seguro. La menor se quedo embarazada en 2017 y en todo momento expresó a los médicos que quería interrumpir el embarazo. Había sido violada por su padre desde los nueve años.

A pesar de pedir a los médicos información para un aborto legal y seguro en repetidas ocasiones, el personal médico no le ofreció ningún tipo de información sobre las alternativas que tenía y le presionó para no abortar, llegando a presentarse en su casa con la Policía cuando esta no acudía a los controles prenatales para los que le deban cita.

Ante ello, Camila –nombre ficticio–, con la ayuda de una ONG, inició los trámites para acceder al aborto terapéutico conforme a la legislación peruana y además presentó una solicitud ante la fiscal que se encarga de la investigación penal por violación para que le asignaran un centro de salud en el que pudieran valorar su caso, pero no obtuvo respuesta ni de los médicos ni de las autoridades judiciales.

Al final la niña tuvo un aborto natural, después de haber estado recibiendo constantes presiones del personal medico y las autoridades peruanas. De hecho, se le acusó y condenó por haberse practicado un «auto» aborto, aunque sin pruebas. Ante esto, llevó su caso ante el Comité de los Derechos del Niño, alegando que habían violado sus derechos de salud y vida.

El Comité de los Derechos del Niño considera que Camila ha sido «objeto de discriminación por motivos de edad, género, origen étnico y condición social». Asimismo, entiende que la falta de información sobre los servicios de interrupción voluntaria del embarazo la expuso a «un riesgo real, personal y previsible para su vida y su salud».

El órgano de la ONU ha subrayado que, lejos de ser protegida por su «extrema vulnerabilidad», la niña fue «revictimizada y acosada por las autoridades sanitarias, policiales y judiciales».

El aborto solo está permitido en Peru en el caso de que la madre o el niño corran un riesgo grave para su salud o su vida. El Comité de los Derechos del Niño entiende que «la falta de acceso a un aborto seguro constituye en sí un trato diferenciado en base al género» que ha privado a Camila de «un servicio esencial para su salud, castigándola por no cumplir los estereotipos de género sobre su función reproductiva».

El Comité ha pedido a Perú que despenalice el aborto en todos los casos de embarazo infantil, que garantice el acceso de las niñas embarazadas a servicios de aborto seguro y atención postaborto, sobre todo en casos riesgo para la vida y la salud de la madre, incesto o violación. También han solicitado que se modifique la normativa que regula el acceso al aborto terapéutico para prever su aplicación específica a las niñas.