La Policía británica podrá ahora disolver protestas no autorizadas aunque sus participantes, como venía ocurriendo hasta ahora, no interrumpan el paso a los transeúntes ni la circulación de vehículos, según una nueva normativa, en vigor desde este domingo, que amplía las competencias de las fuerzas de seguridad.

Las nuevas normas penalizan además un nuevo delito, el de «tunelaje», destinado a aquellos manifestantes, en particular los defensores del medio ambiente, que entran en instalaciones energéticas cavando por debajo de las vallas de seguridad.

Un manifestante condenado por este delito podría enfrentarse a una pena máxima de tres años de cárcel, mientras que cualquier detenido en posesión de herramientas para cavar podría acabar un máximo de seis meses entre rejas, informa ‘The Press Association’.

La nueva Ley de Orden Público ha sido una iniciativa impulsada por la ministra del Interior, Suella Braverman, quien considera la nueva normativa como una «defensa del trabajador honrado» frente a las «disrupciones de una minoría egoísta».

«El caos que llevamos viendo en nuestras calles desde hace semanas es un escándalo, por eso he concedido a nuestros agentes los poderes que necesitan para actuar rápido contra estos manifestantes», ha indicado en relación a recientes protestas de grupos como Extinction Rebellion o Just Stop Oil.

Estos últimos paralizaron durante unos minutos ayer por la tarde el desfile del Orgullo en Londres, en una protesta contra los patrocinadores de la marcha, a los que denunciaba como contaminadores.