En el primer semestre de 2023 han muerto 951 migrantes en las rutas marítimas de acceso al Estado español, es decir, una media de cinco personas al día, según Caminando Fronteras. La mayoría han fallecido en la ruta canaria (778) y el resto en la argelina (102), la del Estrecho (50) y la del mar de Alborán (21), en ese orden.

El colectivo por el derecho a la vida de las personas migrantes ha publicado un dossier que contiene los resultados de la investigación de las 49 tragedias registradas en las rutas del Estrecho, la argelina del Mediterráneo occidental, Alborán y la que se dirige a las Islas Canarias.

El colectivo de la activista Helena Maleno, que avisa regularmente a las autoridades de las salidas de pateras tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo, ha contabilizado en estos seis meses 49 tragedias en pateras con destino a la Península: 28 en Canarias, once en el Estrecho, ocho en la ruta argelina y dos en el Mar de Alborán, en las que han perecido, al menos, 112 mujeres y 49 niños y niñas.

El mes más funesto fue junio, con 332 víctimas; seguido por febrero, con 237; enero, con 138; y abril, con 130. En 14 casos, las embarcaciones implicadas en esas tragedias desaparecieron con todos sus ocupantes.

Según Caminando Fronteras, en estos seis meses han muerto en pateras que se dirigían al Estado ciudadanos de 14 países: Argelia, Camerún, Costa de Marfil, Gambia, Guinea, Etiopía, Islas Comores, Mali, Marruecos, República Democrática del Congo, Senegal, Siria, Sri Lanka y Sudán.

Escasez de medios

Esta ONG sostiene que las víctimas mortales de las rutas marítimas hacia el Estado español aumentan (según su recuento superan en 13 a las del primer semestre de 2022) a pesar de que el flujo de pateras se ha reducido porque, en ocasiones, no se ponen los medios de búsqueda necesarios o las operaciones de rescate se activan con retraso.

Denuncia además «una mala coordinación entre los países que deben activar los servicios de socorro». «En el caso de España y Marruecos, la coordinación no está basada en el derecho a la vida, sino en las negociaciones bilaterales de control migratorio», añade.

Como ejemplo, citan el naufragio de una lancha neumática ocurrido el 21 de junio a unos 160 kilómetros al sur de Gran Canaria, en el que murieron 36 personas, con solo dos cadáveres recuperados.

La ONG también habla de «racismo institucional», sobre la base del trato que sufrieron, por ejemplo, los ocupantes de patera rescatada en mayo al sur de Gran Canaria, quienes relataron al desembarcar que había sido tiroteados a su salida, en Cabo Bojador, y que dos de sus compañeros habían muerto, malheridos, en la travesía.

«El camino de la reparación y la justicia»

En vista de estos datos, la ONG recalca que «el derecho a la vida de las personas migrantes debe estar por encima de las políticas de control migratorio».

Además, para «la reparación y la justicia» consideran necesario asegurar que ninguna política de control de fronteras produzca violaciones de derechos humanos, aplicar protocolos de atención a víctimas, mejorar los sistemas de coordinación y búsqueda de desaparecidas en naufragios, aumentar la coordinación transnacional para identificar cuerpos e investigar las violaciones del derecho a la vida y «depurar las responsabilidades pertinentes.