El documental ’Relaxe’ (‘Absolución’) ha permitido a su directora, Audrey Ginestet, hacer una introspección personal en el ‘caso Tarnac’, a través de las vivencias de su hermana, Manon, que figuró como imputada en ese sumario durante una década.

El dosier se construyó a partir del sabotaje a una catenaria en denuncia de un proyecto de Alta Velocidad. Tras apropiarse del caso la «sección antiterrorista», este derivó en una vasta operación policial y la imputación inicial de una decena de ecologistas en base a un «dosier vacío».
La inconsistencia probatoria no evitó que el caso serpenteara una y otra vez en los tribunales hasta la sentencia exculpatoria en 2018.

La calificación de «terrorismo» fue la responsable de que unos hechos que en legislación ordinaria se habrían solventado previsiblemente como una «degradación de bienes» diera lugar a toda una cadena de actuaciones de corte securitario «en clara contradicción con el respeto a las libertades públicas».

Fue ese precisamente el hilo conductor del debate que mantuvieron antes de la proyección del citado documental en el cine Le Royal de Biarritz Nathalie Tehio, integrante de la dirección nacional de la LDH (Liga francesa de Derechos Humanos), Anaiz Funosas, presidenta de Bake Bidea y exportavoz de la asociación Askatasuna, otra víctima propicia de esa «maquinaria de excepción judicial», y Cédric Garay, una de las personas encarceladas tras una operación que en cierto modo se convirtió en premonitoria, la conocida como ‘caso Kalaka’.

«Laboratorio vasco»

Con Donibane-Garazi como principal terreno de operaciones, la sección antiterrorista de París orquestó una redada en septiembre de 2007 que se saldó con una docena larga de detenidos, cinco de los cuales fueron encarcelados. En los meses siguientes se produjeron otras muchas convocatorias a comisaría, registros de domicilios y locales asociativos, y «un fichaje masivo de ADN», entre otras prácticas propias de «laboratorio represivo», según relató Anaiz Funosas.

Ello hasta que, como ocurriera con el «caso Tarnac», ese sumario fantasma, construido a partir de la campaña de ataques a un complejo de lujo del chef Alain Ducasse, cayera por su propio peso y terminara por archivarse en 2019.

No sin dejar detrás un reguero de heridas sociales, pero también humanas que el testimonio –recogido de manera más pormenorizada en la página siguiente– de Cédric Garay, detenido en el hall de la maternidad donde su compañera acababa de parir al hijo de ambos, convirtió, por su intensidad, en insoslayables para el público que acudió al cine-debate organizado por el semanario Mediabask.

En el «caso Tarnac» se acuñaron expresiones del tipo «terrorismo anarco-izquierdista», que en 2023 mutan para tachar a Soulevements de la Terre de grupo «ecoterrorista», por más que en esa red se compartan experiencias de lucha que van de los sindicatos a organizaciones de consumo local, pasando por grupos y hasta partidos ecologistas.

En el «caso Tarnac» se acuñaron expresiones del tipo «terrorismo anarco-izquierdista», que en 2023 mutan para tachar a Soulevements de la Terre de grupo «ecoterrorista»

«Se utiliza la calificación de terrorismo porque da miedo a la gente y permite generar el ambiente propicio para combatir al oponente político en base a procedimientos derogatorios o excepcionales, que permiten esquivar el respeto debido a los derechos humanos, con la consecuencia añadida de que, en base a dosieres sin consistencia probatoria, se pone patas arriba la vida de las personas», resumía, precisamente tras escuchar el testimonio de Cédric Garay, excocinero en el bar Kalaka, la representante de una asociación, la LDH, a la que ha puesto en la diana el ministro de Interior galo, Gérald Darmanin.

«Lo que no evitará», advertía Tehio, que la próxima semana presente en París el informe fruto de su labor de observación de la intervención policial durante la protesta ecologista en Sainte-Soline, en el origen del «proceso administrativo» de ilegalización de Soulevements de la Terre.

Tehio criticó la medida, al entender que persevera en un modelo securitario, respaldado en una práctica supresora de derechos, que permite al Gobierno «ordenar la disolución por decreto de un colectivo que, de existir sospecha de delito, debería haber sido objeto de una causa judicial».

A la vista de esas actuaciones, la representante de la LDH no dudaba en destapar «una clara intención de combatir a quienes forman parte de ese espacio asociativo, que genera en sí mismo contrapoder y perturba los planes de imponer un modelo único, cuyos contornos se han dibujado con nitidez en la movilización social contra la reforma de las pensiones» y que alienta a un gobierno que, «devora libertades y se desliza cada vez más hacia el autoritarismo».

«Cuando, desmontando los servicios sociales, se suprime a los mediadores, a animadores sociales y actores culturales, solo queda la Policía, con las consecuencias que vemos en los barrios populares, por no hablar de esas milicias de ultraderecha que han actuado a sus anchas contra esa revuelta, y que llevan tiempo atacando a locales y hasta amenazando a electos», remató.

«Se delega en instancias antiterroristas, que a diferencia de los jueces ordinarios disponen de enormes recursos, la gestión de las disidencias y los conflictos territoriales, y eso vale para Euskal Herria o las banlieues», añadió después Anaiz Funosas, para trazar la «versión vasca» de esa fagocitación de garantías. Evocó campañas como la que tuvo por protagonista a Aurore Martin, al hilo de la cual apostilló: «Fuimos conscientes de lo mucho que estaba en juego, porque lo que se aplica en una escala concreta en un momento u otro se generaliza, y nuestro país ha sido un laboratorio».

Funosas: «Se delega en instancias antiterroristas, que a diferencia de los jueces ordinarios disponen de enormes recursos, la gestión de las disidencias y los conflictos territoriales, y eso vale para Euskal Herria o las banlieues»

«Deber de desobediencia»

En el otro platillo de la balanza, la exrepresentante de Askatasuna puso de manifiesto que, tras las numerosas réplicas del «caso Kalaka», entre ellas la detención de militantes de un partido legal en Ipar Euskal Herria como era Batasuna, «se encendieron las alarmas y electos de diferente signo se opusieron a esa pretensión de anular al adversario político, de negar, en definitiva, la democracia».

La delegada de la LDH se despidió del público con el compromiso de esa veterana asociación de seguir con su mandato de velar por la protección de las libertades públicas, a pesar de las zancadillas presentes y futuras.

«En nuestra web pueden consultar nuestras cuentas, que han ordenado inspeccionar hace poco», bromeaba.

Por su parte, Anaiz Funosas apeló a seguir en la labor de «organizarse y de perseverar» frente a la pretensión de imponer la ley como un tótem y encubrir así el déficit de legitimidad. «La desobediencia forma parte, yo al menos así lo entiendo, de nuestros deberes», concluía al término de un debate que reivindicó «la esfera asociativa y militante» frente a la deriva de esos poderes que a día de hoy siguen, no ya sin hacer autocrítica de lo actuado, sino sin ofrecer garantías de que no se repetirá el maltrato a que se sometió a las personas atrapadas en las marañas de los hipermediatizados casos Tarnac y Kalaka.