SBB, el mayor propietario sueco de locales comerciales, lleva tiempo con graves problemas financieros. En su balance pesa cada vez más su enorme deuda, que suma alrededor de 81.000 millones de coronas suecas (unos 7.000 millones de euros). La subida de los tipos de interés ha disparado sus gastos financieros y, al mismo tiempo, esos elevados tipos han encarecido los préstamos, frenando las compraventas en el mercado inmobiliario: sus gastos han subido y al mismo tiempo se han reducido sus ingresos ordinarios, colocando al gigante inmobiliario en una situación muy delicada.

La subida de tipos no solo ha golpeado a las familias hipotecadas o endeudadas, que han visto cómo se multiplicaban las cuotas mensuales que deben pagar al banco; su efecto se expande por todo el tejido económico. Las cuentas de las empresas también están empezado a notar la subida de los gastos financieros. Si hasta ahora la buena marcha de la economía y los grandes beneficios que han logrado las grandes compañías gracias a la inflación han salvado la situación, ahora, cuando la desaceleración económica se hace notar, los números rojos empiezan a ser más evidentes.

Retalier Casino, la sexta empresa de comercio minorista más grande del Estado francés, cuenta con 50.000 empleados y también acumula una importante deuda de cerca de 6.400 millones. En este caso, además de los intereses periódicos, deberá devolver cerca de 3.000 millones en los próximos dos años, lo que ha llevado a las agencias de calificación a advertir de que es probable que no pueda cumplir con sus obligaciones financieras. El dueño de la compañía, Jean Charles Naouri, ya ha comenzado a negociar con los acreedores una refinanciación de la deuda o, en su defecto, la venta de la empresa.

Como le ha ocurrido a Retalier Casino, el problema suele aparecer cuando las agencias de calificación rebajan la nota de las empresas ante la posibilidad de que se produzca algún incumplimiento de sus obligaciones financieras. Una bajada en la calificación aumenta automáticamente los costes del endeudamiento, así como los costes de una posible reestructuración de la deuda, y cierra el camino a vías de financiación alternativas, como puede ser una ampliación de capital.

Eso es lo que le ocurrió a la inmobiliaria sueca SBB. Cuando en mayo las agencias rebajaron su calificación, el valor de sus acciones en bolsa cayó, lo que le cerró la posibilidad de optar a una ampliación de capital. De modo que tras la rebaja de rating, una de las pocas alternativas que le quedaba para sanear sus cuentas era vender parte de sus activos más valiosos. Eso es lo que ha hecho con casi toda su participación en la inmobiliaria Heba Fastighets. Ahora prepara la venta del 51% de su filial educativa EdoCo.

Accionistas y acreedores

Otra importante empresa con problemas es la británica Thames Water (Agua del Támesis). Una empresa pública privatizada en tiempos de Margaret Thatcher que gestiona el suministro de agua y el tratamiento de las aguas residuales en la región de Londres. Su consejera delegada, Sarah Bentley, dimitió a finales de junio después de que la compañía tuviera un nuevo escape de aguas residuales. Dejaba la empresa con una deuda de 14.000 millones de libras (16.300 millones de euros). Lo abultado de la cantidad no ha impedido que haya repartido dividendos entre sus accionistas de 7.200 millones de libras (8.400 millones de euros) desde que fue privatizada en 1989. El resultado ha sido que la factura del agua se ha multiplicado pero no ha sido para invertir en infraestructura.

Las autoridades británicas están considerando la posibilidad de nacionalizar la empresa si no logra nuevos fondos, lo que ha llevado a los principales accionistas, encabezados por el fondo de pensiones de empleados municipales de Ontario, el plan de pensiones del personal académico de las universidades de Gran Bretaña e Infinity Investments SA, una filial de Abu Dhabi Investment Authority, a acordar una aportación de 750 millones de libras adicionales (642 millones de euros).

En el caso de la empresa catalana Celsa, primera productora de acero circular de Europa, han sido los acreedores los que han tomado la iniciativa aprovechando la nueva ley concursal y han presentado un plan de reestructuración de los 3.000 millones de deuda con el objetivo de tomar el control de la compañía. Los actuales accionistas han rechazado esa posibilidad y ahora será un juez el que decida.

Los especuladores

A pesar de la montaña de deuda que acumulan algunas empresas, los especuladores no parecen estar especialmente preocupados. La semana pasada, por ejemplo, el coste de asegurar empresas europeas calificadas como inversión especulativa alcanzó por un corto espacio de tiempo su nivel más bajo en más de un año.

S&P Global Ratings espera que las tasas de incumplimiento de las compañías calificadas como inversión especulativa alcancen el 4,25% en EEUU y el 3,6% en Europa en marzo de 2024, desde el 2,5% y 2,8% registrados en marzo de este año. A pesar del optimismo, Reuters señala que en los cinco primeros meses del año ha habido tantos incumplimientos como durante todo 2022 en todo el mundo.

El dato más preocupante quizás sea que el vencimiento promedio de la deuda de las empresas europeas con peor calificación alcanzó en mayo un mínimo histórico de cuatro años, frente a un promedio de seis años entre los años 2005 y 2007, cuando el BCE también optó por subir los tipos. Un vencimiento más próximo significa que las compañías deberán refinanciar su deuda antes y a unas tasas de interés superiores, lo que puede provocar que los impagos se adelanten.