En el primer Consejo de Gobierno tras las elecciones del 23 de julio, el sector jeltzale de Lakua decidió la interposición ante el Tribunal Constitucional de un recurso de inconstitucionalidad contra varios preceptos de la Ley estatal 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda, aduciendo que «considera que el Estado vulnera competencias de Euskadi en materia de vivienda».

Los miembros del PSE en el gobierno de coalición no comparten esta decisión y así quedó registrado en el acta del Consejo. Iñaki Arriola, consejero autonómico de Vivienda, aseguró que la ley estatal «no impone nada, sino que faculta a las comunidades autónomas para tomar decisiones en torno a cuestiones como, por ejemplo, el control de precios del alquiler».

Por su parte, el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, ha repetido que esta es «una pugna jurídica» y no política. Sin embargo, los grupos que apoyaron la aprobación de la Ley de Vivienda en el Congreso, sostienen que al PNV no le gusta su contenido, como tampoco le gustó de hecho la aprobada en el Parlamento de Gasteiz en 2015.

La invasión competencial no está nada clara.

Cuando se aprobó la ley, desde Radio Euskadi llamaron al catedrático Juanjo Álvarez para consultarle sobre la invasión competencial que denunciaba el PNV y este respondió que «yo diría que hay argumentos para decir que el gobierno central tiene títulos competenciales para hacer lo que plantea».

En esa entrevista, Juanjo Álvarez explicó que la ley estatal ofrece a la CAV «seguridad jurídica» para adoptar alguna serie de decisiones que hasta ahora se movían «en el filo de la navaja». Recordó a la audiencia que «hubo mucha gente que cuestionaba en los cánones a los pisos vacíos o el incremento en el IBI, porque era una afección al derecho de la propiedad. Había inseguridad jurídica hasta que no hubo una norma. Yo creo –declaró– que tendríamos margen de maniobra y creo que esta norma, tal como se prevé, lo que nos va a hacer es dar mayor cobertura».

¿De verdad lo importante son las competencias?

Para justificar en una entrevista la decisión de recurrir al Tribunal Constitucional, la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, se preguntó «¿queremos que la sociedad vasca renuncie a su capacidad para tomar decisiones en materia de vivienda teniendo su propia Ley de Vivienda en ejecución?».

Es una cuestión interesante, porque se puede recordar que en febrero de 2021, el Tribunal Constitucional anuló parte del artículo 3.4 de la Ley vasca de Medio Ambiente, porque la Diputación de Gipuzkoa pidió que se admitiera la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el TSJPV contra la norma y el Gobierno de Lakua dejó claro durante la tramitación y lo escribió con mayúsculas que «no se opone» al planteamiento de esa cuestión de inconstitucionalidad.

La ley fue aprobada en 1998 con el apoyo de PNV, PSE, EA y PP, y en artículo recurrido recogía que «será pública la acción para exigir el cumplimiento de esta ley, tanto en vía administrativa como jurisdiccional». Es decir, que se puede actuar como «acción popular» en esta materia.

Y cuando GuraSOS decidió utilizar esa vía contra la Autorización Ambiental de la Incineradora de Zubieta. El TSJPV estudió el caso y encontró que el artículo señalado de la ley vasca de 1998 podría entrar en colisión con el artículo 149.1.6 de la Constitución española, que señala la competencia exclusiva del Estado en «legislación procesal».

Con la bola echada ya a rodar cuesta abajo, el Parlamento de Gasteiz, la Fiscalía General del Estado y finalmente también el Gobierno de Lakua, defendieron la constitucionalidad de la Ley Vasca.

Pero el TC hizo más caso a la Diputación de Gipuzkoa, que no solo le pidió que admitiera la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el TSJPV, sino que avaló la jurisprudencia del Constitucional cercenando el autogobierno vasco, llegando a poner como ejemplo otra sentencia de este tribunal que también anuló en su momento un artículo de la Ley de Vivienda del País Vasco. Un detalle, este último, que viene a cerrar el círculo.