Los fiscales federales que participan en el caso contra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, acusado de intentar revertir el resultado de las elecciones de 2020, han pedido el secreto de sumario tras denunciar que el exmandatario les ha amenazado en las redes sociales. Consideran que la divulgación nuevas informaciones sobre el caso podrían poner en riesgo el procedimiento y a sus participantes.

Los fiscales han usado como argumento un mensaje publicado este pasado viernes por la noche por el expresidente en su red social, Truth Social: «¡Si vais a por mí, iré a por vosotros!», escribió Trump, todo en mayúsculas, en un mensaje que fuentes de su campaña consideran «por definición un acto de ejercicio de la libertad de expresión» sin más trascendencia, según un comunicado recogido por el ‘The New York Times’.

Sin embargo, los letrados han presentado a la jueza instructora del caso, Tanya S. Chutkan, un pantallazo del mensaje para solicitar una medida de protección «particularmente importante en este caso», dado que Trump «ha publicado con anterioridad mensajes en redes sociales contra testigos, jueces, letrados y otras personas relacionadas con cuestiones legales en su contra».

Horas antes, el equipo de campaña de Trump había publicado en la red social X otro mensaje en el que describía a los fiscales encargados de los diferentes casos contra el expresidente como «el escuadrón del fraude».

Respuesta de la jueza

En respuesta a la petición, la jueza ha prohibido al expresidente publicar en sus redes sociales las pruebas en su contra que ha recabado la fiscalía.

«El acusado y sus abogados no divulgarán la evidencia a ninguna persona o entidad que no forme parte de su defensa o que no sean posibles testigos», ha escrito en un documento judicial consultado este sábado por Efe.

Chutkan ha subrayado que todo el material que la fiscalía proporcione durante el caso quedará sujeto bajo una «orden de protección» y el equipo de Trump solo lo podrá utilizar para preparar su defensa.

Delitos penados con hasta 20 años de prisión

El expresidente se enfrenta a una sentencia máxima de 20 años de prisión por conspirar para impedir que el Congreso certifique los resultados recogidos por las urnas y a una sentencia de diez años de prisión por conspirar contra el derecho al voto.

Finalmente, el cuarto cargo conlleva una sentencia de 20 años de prisión por intento de obstruir la certificación de las papeletas.