La Federación de Asociaciones de Víctimas del Amianto (Fedavica) ha criticado que, después del «largo proceso» seguido en el Parlamento de Gasteiz con el Proyecto de Ley para crear un Fondo de Compensación para las víctimas del amianto, en el Estado se continúe sin un reglamento sobre esta problemática.

Según el portavoz de Fedavica, Jon Garcia, el Gobierno español incumple lo establecido en la propia Ley aprobada en octubre de 2022 en el Senado, es decir, «la obligación de desarrollar su reglamento en un periodo de 90 días, que concluían el 20 de enero del 2023».

«Y a día de hoy seguimos sin aprobar dicho reglamento, y además con un proyecto del mismo, por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que no mantiene el espíritu de la Ley en lo relativo a las cuantas y el procedimiento a seguir», ha añadido.

Por ello, Fedavica ha lamentado que después de 20 años desde la prohibición del uso del amianto, «es inadmisible que el Estado no asuma su responsabilidad de amparar a las víctimas». Además, califica de «falta de consideración» su posición respecto al Parlamento de Gasteiz, «cuando es la primera Ley propuesta por iniciativa del Parlamento en la historia de la democracia».

El acuerdo del Parlamento, en 2015

Efectivamente, el Pleno del Parlamento de Gasteiz celebrado el 25 de junio de 2015 aprobó por unanimidad un proyecto de ley de crear un fondo de compensación para las víctimas del amianto, y propuso al Congreso español la aprobación del mismo, puesto que Gasteiz carecía de competencias para ponerlo en vigor.

«Desde entonces el Parlamento Vasco ha tenido que registrar dicho proyecto de ley hasta en tres ocasiones, en los años 2016, 2017 y 2019 como consecuencia de los diferentes adelantos electorales. En la segunda y tercera ocasión el proyecto fue tomado en consideración por los Plenos del Congreso de los Diputados celebrados los días 4 de octubre de 2017 y el 2 de mayo de 2019», ha recordado Garcia.

Finalmente, creen que la lectura que el Ministerio español de Seguridad Social hace de la Ley es «inadmisible» en cuanto otorga una indemnizaciones «que no resuelven el tener que acudir a la vía judicial» y que suponen «una discriminación con otros colectivos, como son las víctimas del terrorismo, victimas del VIH y la Talidomida», colectivos a los que «se les otorga como mínimo unas cantidades económicas tres veces superiores a las propuestas a las víctimas del amianto».

«Es del todo necesario que el Gobierno en funciones apruebe el Decreto del Reglamento y rectifique los puntos señalados respetando el espíritu de la Ley», han reivindicado.

En noviembre de 2021, EH Bildu acordó con el Gobierno español dotar con 25 millones de euros el fondo para indemnizar a las víctimas del amianto, dentro del marco de la negociación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado.