A pesar de que ya han pasado diez días desde que pidió información sobre el caso de las joyas lucidas en actos oficiales por la alcaldesa, Cristina Ibarrola, siendo su imagen utilizada para promocionar una joyería de Iruñea, EH Bildu sigue sin recibirla, según ha denunciado a través de un comunicado, en el que pone de relieve el «oscurantismo» de UPN.
En su nota recuerda que el grupo municipal solicitó el 1 de agosto a Ibarrola, vía registro oficial, que mostrara las facturas de esas joyas. Pero, tras más de diez días transcurridos y al no haber obtenido ninguna respuesta, la coalición abertzale «suma a las sospechas de irregularidades una denuncia por el oscurantismo con que UPN y la alcaldesa se están manejando en este asunto».
En este sentido, pone el acento en que, «a tenor de las declaraciones realizadas a un medio de prensa local por diferentes protagonistas de este asunto (incluida la alcaldesa), hemos podido conocer que la alcaldesa habría recibido un bolso como regalo, sin que esto se haya desmentido hasta el momento». Por ello, desde EH Bildu «se ha cursado la correspondiente solicitud de información».
Incumplimientos de UPN
Añade en su nota que «ya advertimos de que es gravísimo que alguien se lucre con la imagen de la institución de la Alcaldía, pero que más grave es aún que haya habido contraprestaciones. UPN no ha querido dar explicaciones al respecto, incumpliendo lo que dice el Reglamento de Pleno y obstaculizando el acceso a la información a nuestro grupo municipal, por lo que las sospechas siguen necesariamente intactas».
EH Bildu recuerda a UPN lo que la Ley Foral, en su artículo 3, establece sobre el Código de Buen Gobierno y los principios de actuación que deben ejercer los representantes electos de las Entidades Locales. En concreto, señala que «se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía o préstamos u otras prestaciones económicas que puedan condicionar el desempeño de sus funciones».
Finalmente, advierte de que, «si persiste la opacidad actual, nos veremos obligados a incoar un procedimiento de incumplimiento de este Código de Buen Gobierno».