Una década después de que el proceso para la búsqueda de un nuevo estatus en la CAV empezara su recorrido, el lehendakari Iñigo Urkullu ha puesto sobre la mesa este jueves otra propuesta destinada únicamente a Madrid y basada en lo que llama «bilateralidad». Ha sido en un artículo publicado en ‘El País’ y que parece dirigido al líder del PSOE, Pedro Sánchez, aunque la investidura está lejos de resolverse. Se apunta en algunos medios, no obstante, que también se lo comentó este miércoles tarde al del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la conversación telefónica que mantuvieron durante media hora.

La propuesta de Urkullu consiste en poner en marcha una «convención constitucional». La presenta como «un recurso utilizado en la cultura política anglosajona, para cuya aplicación en nuestro caso no habría impedimento expreso. No se trataría de una convención constitucional general sino de una limitada o específica para actualizar la interpretación acordada de una parte de su contenido. Una convención constitucional para pactar una interpretación sobre aquello que la Constitución de 1978 no ha resuelto bien en relación con la cuestión ‘territorial’. No sería una fórmula mágica ni un camino expedito, pero podría abrir nuevas posibilidades de desarrollo futuro».

La propuesta conllevaría «un doble pacto. Primero, firmar un acuerdo preliminar de bases para la convocatoria y desarrollo de una convención constitucional sobre el autogobierno, incluyendo principios como el cumplimiento íntegro de los marcos estatutarios, el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, la bilateralidad, el sistema de garantías o la capacidad de decidir pactada. Segundo, celebrar una convención constitucional en el plazo de un año para analizar ‘el alcance actual y futuro de la disposición adicional primera de la Constitución’, ‘el autogobierno de las comunidades de raíz foral’ o, incluso, ‘el autogobierno de las nacionalidades históricas’».

Llama la atención la inclusión del concepto de «capacidad de decidir» en lugar de «derecho a decidir»

Llama la atención en este párrafo la inclusión del concepto de «capacidad de decidir» en lugar de «derecho a decidir», que es el imperante en Euskal Herria y, sin ir más lejos, el de las bases pactadas desde 2017 para el nuevo estatus que permanece en total stand by en el Parlamento de Gasteiz, sin avance alguno en esta legislatura.

No hay más precisiones sobre esa «convención»: por ejemplo, quién participaría en ella. Urkullu incide en que es una fórmula «factible» y en que enlaza con la tradición de «pactar bilateralmente» cuestiones como el Concierto Económico. «Al fin y al cabo, esto es lo que hemos hecho con el modelo de Concierto durante toda su historia: hemos ido ampliando su contenido, avanzando en la negociación bilateral con el Estado en cada reforma para ampliarlo, poco a poco, con el acuerdo de las instituciones vascas y del Estado y la ratificación de las Cortes Generales mediante ley, así como con el aval de las instituciones europeas».

También apunta que la propuesta va en línea con los argumentos que él ha ido desarrollando desde que llegó a lehendakari en 2012, como la «nación foral», la «unión voluntaria», la «federalización asimétrica» o el «horizonte confederal del Estado».

Los límites de 1978

En la primera parte de su artículo, Urkullu expone que «es cierto que la Constitución de 1978 intentó abrir un camino, pero es necesario recordar también los intentos de involución que se han producido desde entonces. Primero se intentó ‘armoniza’ y, dado que fracasó la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico), porque el Tribunal Constitucional lo impidió, se promovió el ‘café para todos’, igualando por abajo para recortar por arriba».

«A continuación, se empezaron a aplicar las cláusulas horizontales de la Constitución para ir más allá de su naturaleza y encubrir una invasión de competencias de las comunidades autónomas, incluso de sus competencias exclusivas. Todo ello con la ‘actitud comprensiva’ de un Tribunal Constitucional cuyo prestigio ya no era el que tuvo en sus primeros tiempos. Se dio carta de naturaleza a instrumentos como las leyes de bases y, más recientemente, a las comisiones sectoriales u otro tipo de foros autonómicos, para adoptar decisiones que afectan al autogobierno, en base a las mayorías políticas en el Estado», lamenta.

«El cambio anunciado en 1978 se quedó en una descentralización política y administrativa, pero no fue más allá», expone

Concluye Urkullu que «en definitiva, el cambio anunciado en 1978 se quedó en una descentralización política y administrativa, pero no fue más allá. No se descentralizó el poder judicial, no se quiso hacer del Senado una auténtica Cámara de representación territorial y se diseñó un Tribunal Constitucional como árbitro entre el Estado central y las comunidades. Un tribunal en el que solo tenían representación los tres poderes del Estado central y no tenían representación directa y real las comunidades autónomas».

«No queremos imponer nada a nadie»

«Ahora se abre una nueva oportunidad y puede ser el momento de dar nuevos pasos. Así lo plantearon quienes hace 90 años, el 25 de julio de 1933, constituyeron Galeuzka, una institución de hermandad entre gallegos, vascos y catalanes. Fue una propuesta constructiva, con una visión de futuro para un nuevo modelo de Estado territorial. Nuestra voluntad sigue siendo el acuerdo y el pacto», dice Urkullu.

Y añade: «Es obvio que el pacto no se le puede imponer al Estado. En esto consiste la bilateralidad: las dos partes deben estar de acuerdo y han de actuar con un compromiso de lealtad recíproca. No queremos imponer nada a nadie, tampoco podemos aceptar que se impida al pueblo vasco manifestar su voluntad».

Bolaños: «Muy legítima»

El ministro de la Presidencia en funciones del Gobierno español, Félix Bolaños, ha valorado la propuesta de Urkullu como «muy legítima», aunque ha subrayado que esa no es la propuesta del Ejecutivo en el que participa.

En declaraciones a los medios antes de visitar una exposición, ha agregado que siempre valora «todas las propuestas que se hacen para buscar puntos de equilibrio y acuerdo entre diferentes dentro del marco constitucional», que es lo que propone, ha dicho, Iñigo Urkullu.

Por tanto, ha afirmado, aun no siendo la propuesta del Gobierno, todo lo que sea un «hacer aportaciones» al debate siempre es positivo.

Por su parte, desde el PP Elías Bendodo ha señalado que «podemos dialogar con todos, pero tenemos unos límites que nos marca la Constitución y que nunca vamos a superar», ha sentenciado.

Por otra parte, al ser preguntado por la reunión telefónica que mantuvo el miércoles Feijóo con Urkullu, Bendodo ha insistido en que la llamada «fue un avance importante».

Ha calificado el encuentro telefónico como «franco y positivo» donde según ha explicado se hablaron y se avanzaron diferentes cuestiones.