La muerte de Allende el 11 de setiembre de 1973, tras el golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet, abrió un periodo represivo sin parangón que marcó la vida política de Chile durante dos décadas. La cúpula militar se hizo con el poder, abriendo un ciclo de terror cuyas consecuencias aún retumban en la memoria colectiva.

Los espacios de detención se multiplicaron, tanto los oficiales como los irregulares preparados para la ocasión (algunos de ellos reconvertidos hoy en lugares de memoria), se abrieron lugares específicos de tortura, así como campos de concentración.

Entre los cientos de centros de detención con mayor número de prisioneros caben destacar los de Chacobuco (1.800), Villa Grimaldi (4.500), y el Estadio Nacional (40.000). Por su relevancia, Isla Dawson, Colonia Dignidad (gestionada por emigrados alemanes, a 350 kilómetros de Santiago) y el Estadio Chile, donde el cantante Víctor Jara sufrió tortura durante cuatro días, antes de ser ejecutado. La letra de su último poema afloró clandestinamente del centro. Titulado ‘Somos cinco mil’ una de sus estrofas decía: «¡Qué espanto causa el rostro del fascismo! La sangre para ellos son medallas».

En octubre de 1973, el Estadio Nacional debía ser el recinto que enfrentara a las selecciones de Chile y la Unión Soviética, por un puesto en el Mundial de Fútbol. A instancias de Moscú, la FIFA, entonces dirigida por Joao Havelange, realizó una inspección superficial. Los militares habían desalojado a miles de detenidos del estadio en los días previos, encerrando al resto en los vestuarios. La farsa continuó, y la Unión Soviética se negó a jugar en un estadio que albergaba aún a centenares de detenidos, muchos de ellos luego desaparecidos.

La URSS fue descalificada por la FIFA y Chile jugó el mundial en la entonces Alemania Federal, algunos de cuyos agentes de inteligencia, por cierto, cooperaban en el mantenimiento de la Colonia Dignidad.

Detenido el 2,7% de la población

Según Amnesty International, la dictadura detuvo en 17 años a 250.000 personas, el 2,7% de la población total de Chile. Por comparación, en Euskal Herria los detenidos por motivación política, una de las tasas más altas en Europa, fueron en 50 años el 1,5% de su población. El símil ofrece una idea de la magnitud represiva de la Junta y los gobiernos de Pinochet.

Entre los detenidos desaparecidos, y al contrario que en Argentina, no hubo vascos, censados al menos por las dos comisiones que investigaron a la dictadura. Sí, en cambio, cinco españoles, y 13 franceses. Durante la dictadura franquista, unos 500 vascos se refugiaron en Chile, la mayoría comunistas. Entre ellos, Txato Amilibia y Celestino Uriarte, que llegaron a Santiago gracias a los visados conseguidos por el poeta Pablo Neruda, que dirigía la delegación chilena en París.

La única referencia sobre la dictadura de Pinochet relacionada con la diáspora vasca se refiere a la disolución de un grupo de jóvenes hijos de exiliados vascos que habían organizado un grupo cultural llamado Itxarkundia (en referencia a un batallón jeltzale durante la guerra civil) dentro de la Euskal Etxea de Santiago.

Julen Madariaga, uno de los fundadores de ETA, fue expulsado del Estado francés en febrero de 1972, eligiendo Chile, entonces con Gobierno de Salvador Allende, como lugar de refugio, donde se había exiliado su familia durante la guerra civil. Volvió oficialmente a Biarritz en 1977, pero en su autobiografía reveló que lo hizo clandestinamente en octubre de 1972, antes del golpe de Pinochet. En Santiago, Madariaga vivió con sus cinco hijos, en la vivienda de su primo, Eduardo Agirre («de extrema derecha», según la autobiografía).

El histórico militante reconocía que la mayoría de la diáspora vasca que se había asentado en Chile, simpatizaba con Pinochet. Para Madariaga, Allende era «un idealista integral, demasiado recto y leal y sobre todo demasiado legalista».

Detención de Pinochet

Cuando Michelle Bachelet llegó a la Presidencia de Chile en 2014, la revisión del pasado se aceleró. Al año siguiente eran ya 1.073 los militares y policías procesados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. De ellos, 75 habían ingresado en prisión. El más mediático de los presos fue el general Manuel Contreras (exjefe de la DINA, la policía política de Pinochet, y agente de la CIA de 1974 a 1977), condenado a 549 años en 36 procesos judiciales. Falleció en 2015.

En 1998, Augusto Pinochet fue detenido en Londres, tras una orden internacional de captura. París, Madrid y Berna pidieron su extradición. Dos años más tarde, con el aval de Gran Bretaña, EEUU y El Vaticano, Pinochet fue exonerado de sus cargos y regresó a Chile, donde apenas estuvo una semana en arresto domiciliario. Falleció en 2006.

El primer exilio chileno se ubicó, por razones de cercanía, en Argentina y Perú. Más tarde, en EEUU y sobre todo, Canadá. En Europa y por este orden, fueron Suecia (15.000 exiliados) y los Estados español y francés los que acogieron a miles de refugiados. Algunos de ellos llegaron a Euskal Herria. La colonia más numerosa se estableció en Bilbo en plena Transición. Durante las fiestas patronales de las capitales vascas, el exilio político del MIR llegó a compartir txozna con KAS.

Entre los exiliados chilenos repartidos por el planeta, uno especial, Orlando Letelier, que cuando el golpe fue nombrado por unas horas ministro de Defensa. Tras ser arrestado y torturado, se exilió en EEUU, donde había sido embajador con el Gobierno de Allende. Un comando de la DINA lo mató en Washington en 1976.

Documentos desclasificados sugieren que Michael Townley, el ejecutor de Letelier, también trabajaba para la CIA. Contreras, acusado de ser el «autor intelectual» de la muerte de Letelier fue juzgado en esta causa.

Vínculos con el Estado español

Tanto el régimen franquista, incluso el posterior ya con Gobierno de Felipe González, mantuvieron una estrecha relación con los represores chilenos. El dictador Pinochet estuvo en Madrid en los funerales por Franco, en noviembre de 1975, siendo recibido y agasajado por el hoy rey emérito Juan Carlos Borbón.

José Vega Rodríguez, que era director general de la Guardia Civil en esas fechas, realizó un viaje a Chile para compartir compromisos con sus homónimos, siendo recibido incluso por el propio Pinochet. En 1991, Jesús Vélez, también alto rango de la Guardia Civil, viajó a Chile para obtener información sobre el MIR y su presencia en Europa.

Fruto de aquel viaje llegaron diversas detenciones en Madrid. La más destacada por los medios fue la de René Valenzuela, residente en París y responsable logístico y de inteligencia del MIR. En 1976 había sobrevivido a un intento de atentado por sicarios de Pinochet en París. Valenzuela fue detenido en 1992, cuando tenía 56 años, precisamente en el aeropuerto de Barajas cuando se dirigía a la capital francesa.

Hubo una redada policial entre la comunidad chilena refugiada en Madrid y cuatro de sus miembros, el propio Valenzuela, Gonzalo Boyé, Ramiro Silva y Alexis Corvalán fueron condenados a 14 años por colaboración con ETA. Según la versión policial, avalada luego en parte por la sentencia, habían tomado parte en el seguimiento y vigilancia de dos secuestrados por ETA, Diego Prado y Colón de Carvajal (1983) y Emiliano Revilla (1988).

La Justicia les condenó por el caso de Revilla. Para la Policía, ambos secuestrados estuvieron retenidos en una vivienda de la calle Belisana de Madrid que compartían los miembros del MIR. Ramiro Silva evitó prisión, porque se fugó cuando estaba en libertad condicional. Se presentó en Santiago ante la justicia en 2003 y España pidió su extradición que la Corte Suprema de Chile denegó un año más tarde. Los cuatro detenidos no habían sido los primeros a los que la Policía relacionó con ETA.

El juez Carlos Bueren había pedido, relacionado con este caso, la búsqueda y captura de 17 personas, la mayoría chilenos que habían cooperado con ETA en la década anterior. Poco más tarde, la Justicia española pidió la extradición de diez chilenos por su relación con la organización vasca, centrando sus pesquisas en Chile y en Argentina, donde las policías de esos países llegaron a registrar varias viviendas, sin resultados.

Especialmente relevante fue el caso de Antonio Llorca, un miirista con doble nacionalidad, chilena y española, dentista de profesión, que había sido detenido y torturado en Chacabuco y que el hecho de su doble nacionalidad salvó de su desaparición. Fue expulsado a España en junio de 1975. En su expediente posterior, se afirma que fue el responsable del MIR en sellar los acuerdos con ETA a través de Txomin Iturbe, en 1978. En 2013, dos años después del cese de la organización vasca, la Audiencia Nacional, que tenía entonces 93 requisitorias internacionales de búsqueda y captura contra otros tantos militantes de ETA, aún mantenía a Llorca entre los «más buscados». Llorca tenía entonces 67 años.

En 1979, el refugiado Óscar Mateluna Peña, Mate, fue detenido en Iruñea. Había escapado de Chile, tras ser detenido y torturado (su caso fue recogido en el Informe Valech). Se estableció en Euskal Herria y en 2006 fue procesado en la causa contra Askapena, movimiento en el que había tomado parte desde su gestación. Falleció en 2019, con 75 años.

En febrero de 1981, cuando los agentes detuvieron y mataron por torturas a Joxe Arregi, una de las acusadas de prestar infraestructura a ETA en Madrid, fue Lucía Vergara, militante del MIR. Torturada, debido a su estado tuvo que usar silla de ruedas para desplazarse en el interior de la cárcel de Carabanchel. Lucía había entrado en Madrid desde su exilio en Suecia. Cuando abandonó la prisión, retornó clandestinamente a Chile, donde fue abatida por la Policía en septiembre de 1983, junto a dos compañeros de militancia. En marzo de 2022, su hija Alexandra Benado fue nombrada ministra de Deporte de Chile con el Gobierno de Gabriel Boric.

A la revelación de la verdad sobre la represión en la dictadura de Pinochet contribuyó aportando su grano de arena el forense vasco Paco Etxeberria. Participó en tres comisiones interdisciplinares que indagaron en otros tantos casos. En de Salvador Allende (2011) corroborando el suicidio. En el de Víctor Jara (2009), las torturas y su ejecución. Y en el de Pablo Neruda (2013) negando que su muerte tuviera causa criminal, señalando que el fallecimiento del poeta se debió, frente a otras tesis, a un cáncer en fase terminal.