Para denunciar pensiones de 400 euros mensuales y exigir unas retribuciones «dignas» con la posibilidad de pasar los años cotizados en la mutua a la Seguridad Social, abogados y procuradores de Araba del movimiento J2 se han movilizado ante el Colegio Oficial de Abogados este miércoles por la tarde.

Según explican, hasta el año 1995 la única opción de los abogados y procuradores era darse de alta en las mutuas, porque no podían cotizar en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Así, muchos de los que todavía continúan en ejercicio acordaron una pensión de jubilación que podía sustituir a la de aquellos que cotizaran en el Régimen de Autónomos.

Sin embargo, según traslada a NAIZ Silvia Aldekoa, abogada y miembro de J2 Araba, en 2005 la mutua «se convirtió en una especie de plan de ahorro», es decir, un fondo de inversión, que hace que la jubilación dependa de lo que cada uno aporte individualmente.

Para calcular esas prestaciones de unos 400 euros, que desde J2 remarcan como «irrisorias», «consideran una rentabilidad como si acabáramos de poner el dinero. No calculan lo que supone la depreciación del dinero. Así consideran, por ejemplo, para una persona que haya cotizado 38,77 años y haya hecho una aportación de 57.273,85 €, una recuperación de 94.795,63 €», denuncian desde J2 Araba.

Así, desde el movimiento J2 exigen la «pasarela» al RETA, esto es, poder transferir los años cotizados en la mutualidad a la Seguridad Social con una ponderación, «como si hubiésemos hecho aportaciones al Régimen de Autónomos».

En Araba, 911 de los 1.000 abogados colegiados son mutualistas, aunque algunos en el régimen complementario –RETA y mutualidad–. «Los que nos vamos a jubilar vamos a recibir unos 400 euros al mes, que no tienen nada que ver con la pensión pública», explica Silvia Aldekoa, añadiendo que así «no podemos jubilarnos».

Además, las mutualidades están estrechamente relacionadas con los colegios mediante convenios, y el Colegio de Abogados de Araba recibe unos 4000 euros al año por parte de la Mutualidad de la Abogacía, que tiene un patrimonio de 10.000 millones, apunta Aldekoa.