Las tres diputaciones lideradas por el PNV han abierto esta legislatura teniendo por fin en su agenda la introducción de algún tipo de impuesto sobre las grandes fortunas, una vía que habían desestimado con anterioridad. Pero falta todo por definir: a qué rentas afectará en cada uno de los tres casos, si tendrá carácter permanente o temporal, si será complementario con otros impuestos como el del Patrimonio o supondrá un nuevo tributo añadido...

De momento por delante va la Diputación de Bizkaia, seguramente porque en este caso PNV y PSE cuentan con mayoría suficiente en las Juntas y no necesitan pactarlo con nadie más. Y según ha apuntado en el Pleno de Juntas Generales de este miércoles la diputada de Hacienda y Finanzas, Itxaso Berrojalbiz, tendrá muchos matices.

A preguntas del portavoz de EH Bildu, Iker Casanova, ha anticipado que le darán un carácter temporal, de solo dos años, al igual que el establecido por el Gobierno español en diciembre pasado. La realidad actual por tanto, según reflejó el propio Casanova en el Pleno, es que en el resto del Estado se está cobrando a las personas ricas este impuesto y aquí no, por lo que ha hecho ver a Berrojalbiz que «los plazos apremian. Quizás este impuesto no les agrade demasiado».

El PNV da otro indicador de sus intenciones con la propia definición de la tasa en preparación. La diputada de Hacienda y Finanzas lo define como «Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas».

En lo sustancial, de momento no hay detalle alguno sobre a qué tramos de renta afectará y con qué tasas. Si se tomara como referencia el impuesto del Ejecutivo Sánchez, obliga a abonar anualmente el 1,7% de su riqueza a los patrimonios situados entre 3 y 5 millones de euros; el 2,1% a los que llegan hasta 10 millones; y el 3,5% a los superiores a esta cantidad.

A tenor de lo afirmado por la propia Berrojalbiz, todo ello debe decidirse en breve, porque la intención de la diputación que preside Elixabete Etxanobe es que el nuevo impuesto «produzca efectos a 31 de diciembre de 2023».

Gipuzkoa y Araba, decisión clave

Por algunas afirmaciones realizadas y por la propia conveniencia de coordinación entre los territorios, se atisba que también las diputaciones de Gipuzkoa y Araba establecerán un impuesto similar. Sin embargo, en estos casos PNV y PSE no podrán determinarlo por su cuenta, dado que no disponen de mayoría para su aprobación en juntas. Y ello les aboca a una encrucijada determinante: pactarlo con la izquierda (EH Bildu y/o Elkarrekin Podemos) o hacerlo con la derecha (PP). Tras las últimas elecciones, tanto el equipo de gobierno de Ramiro González como el de Eider Mendoza únicamente disponen de 24 votos sobre 51.

En el caso de Gipuzkoa, además, sería poco comprensible un acuerdo al margen de EH Bildu, que dispone de 22 junteros. En el primer pleno de esta legislatura, la pasada semana, todos los grupos se comprometieron a consensuar antes de que acabe el año un calendario para la reforma fiscal, en el que tendrá que encajarse el eventual nuevo impuesto. El consenso fue fruto de una iniciativa de EH Bildu, que otorga gran importancia a esta cuestión, que resultó enmendada por el resto. El acuerdo no permite prejuzgar más de momento. No obstante, desde el PNV María Eugenia Arrizabalaga ya apuntó que a la hora de establecer nuevos tributos «hay que valorar las consecuencias» y actuar «sin dogmatismo».

Hay que recordar que en 2012 la diputación entonces liderada por Bildu introdujo un Impuesto de Grandes Fortunas apoyado desde las Juntas Generales por PSE y Aralar. Tras el retorno al poder de Markel Olano fue suprimido alegando la necesidad de mantener una armonización fiscal con el resto de herrialdes. Con ello se dejaron de recaudar unos 13 millones de euros al año que eran pagados por el 1% más rico de la población.