Funcionarios del Ministerio Público de Guatemala han irrumpido este sábado por la fuerza en la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y se han llevado las actas de la primera y la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Los magistrados Blanca Alfaro, Gabriel Aguilera y Mynor Franco y los suplentes Marlon Barahona y Marco Antonio Cornejo y algunos trabajadores del TSE han formado una barrera humana en la entrada de la sede del organismo para intentar proteger esta documentación, pero finalmente los fiscales se apoderaron de las cajas.

Los magistrados les han dado alternativas para que no se llevaran las actas tales como escanear los documentos e incluso se ofrecieron a hacer públicos los documentos en aras de la transparencia, pero los fiscales han rechazado estas propuestas.

Posteriormente el TSE ha realizado una transmisión en directo en sus redes sociales para documentar lo ocurrido debido a las restricciones impuestas en ese momento a los medios de comunicación, por lo que se ha podido conocer lo ocurrido.

El allanamiento ha durado más de 20 horas y ha sido coordinado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dirigida por el agente Rafael Curruchiche, según recoge el diario ‘Prensa Libre’.

La Fiscalía no ha dado explicaciones sobre lo ocurrido salvo que se ampara en una orden del juez Fredy Orellana, que ha abierto una causa contra el Movimiento Semilla, formación progresista que se impuso en los comicios.

Peligro de manipulación

«Son documentos electorales, no son cualquier cosa», ha argumentado el magistrado Aguilera. «Han usado la fuerza», ha gritado en varias oportunidades la magistrada Alfaro, quien ha terminado en el suelo durante uno de los forcejeos pese a sus advertencias de que se había sometido recientemente a una cirugía de columna vertebral.

El magistrado Franco, el funcionario de mayor edad, también se ha enfrentado a los fiscales. «Están forzando la salida, están forzando la extracción», ha denunciado el magistrado Barahona.

Las autoridades electorales han advertido de que esta acción pone en peligro todo el proceso electoral, ya que al romperse la custodia se podrían manipular las actas con los resultados.

Sin embargo, el TSE ya ha emitido los dictámenes con la oficialización de los resultados, por lo que estas medidas no deberían suponer un cambio.

Condena de lo ocurrido

El ganador de las elecciones, Bernadro Arévalo, ha condenado de nuevo estas acciones del Ministerio Público que ha asimilado a un golpe de Estado. «Es momento de que las y los guatemaltecos digamos un ‘no’ alto y claro contra los golpistas y hagamos valer nuestro derecho a la libre expresión y manifestación de forma pacífica ante los desmanes injustificados del poder y exigir el respeto a la constitución y la democracia», ha afirmado.

Arévalo ha subrayado que el Ministerio Público «está violando de manera continua y sistemática el sistema legal». «Las imágenes que vimos hoy, magistrados agredidos y el secuestro de la voluntad popular son un ejemplo de la violencia que están ejerciendo los golpistas sobre el pueblo. Es nuestro deber ponerles un alto», ha reprochado.

«La minoría de criminales que están atrincherados en el Ministerio Público esta dispuesta a hacer todo para no perder el control de los organismos que han secuestrado en las últimas décadas», ha destacado.

Condena de la UE y de EEUU

A nivel internacional, el Alto Representante de la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha condenado «con toda firmeza el nuevo e inaceptable allanamiento del FECI al TSE». «El asedio a la democracia no puede continuar. Es fundamental que se respete la voluntad popular expresada inequívocamente en las urnas y que haya una transición pacífica y ordenada», ha planteado.

Mientras, Estados Unidos también ha condenado el allanamiento de la sede del TSE. «Exigiremos #RendiciónDeCuentas a quienes participen en acciones para socavar la transición democrática al presidente electo Bernardo Arévalo. Las instituciones deben respetar la voluntad del pueblo guatemalteco», ha subrayado en X, antes Twitter, el subsecretario del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols.