La dirección de ArcelorMittal, grupo que cuenta con cinco plantas en Euskal Herria, se reunió ayer con los sindicatos en Etxebarri, donde pactó con UGT, CCOO y USO aplicar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo por razones productivas y organizativas, que garantiza el 90% del salario de los 7.000 trabajadores afectados y la totalidad de sus pagas y vacaciones.

Además, según fuentes sindicales presentes en la reunión, el acuerdo establece una duración de tres meses para el expediente –hasta el 31 de diciembre de 2023– y fija los porcentajes de afectación de las distintas plantas del clúster.

Según ha explicado CCOO, el seguimiento de aplicación a nivel local se llevará a cabo a través de las distintas comisiones del ERTE.

En cuanto a la reunión de la comisión de redacción del VII Acuerdo Marco, el grupo de trabajo ya ha finalizado las tareas de adaptación de textos y remitirá sus conclusiones, tal y como es preceptivo, a la comisión negociadora, que se reunirá, en fechas próximas.

El sindicato ELA ha detallado que la vigencia es de tres meses y se aplicará a las plantas de Etxebarri, Lesaka, AMDS y AM; Distribución en Euskal Herria y a las de Asturias y Sagunto (País Valencià).

Críticas de ELA

En un comunicado, ELA ha manifestado que el uso de los expedientes de regulación «deben de responder a situaciones coyunturales y se ha vuelto estructural en ArcelorMittal, ya que son ya 14 los años donde prácticamente de manera ininterrumpida se aplica este instrumento legal».

Además, la central vasca ha denunciado que, «una vez más», la empresa ha hecho caso omiso a las peticiones de información realizadas por ELA durante el proceso de negociación. «Esta negativa a aportar la documentación requerida demuestra que el expediente no tiene justificación alguna», ha añadido.

Finalmente, ELA ha exigido a la dirección «la activación de planes industriales que garanticen el futuro de las plantas de Euskal Herria. No se realizan inversiones y contamos con plantillas con menos personas trabajadoras y con una media de edad más alta».

«Los gobiernos de Gasteiz e Iruñea no pueden continuar impasibles, mientras las plantas industriales de la empresa continúan degradándose», ha apuntado.