Save the Children ha presentado este jueves un análisis en el que revisa cerca de cuatrocientas sentencias judiciales de casos recientes de abusos sexuales contra la infancia, un estudio de ámbito estatal pero que contiene datos concretos de algunas comunidades, entre ellas la CAV, y que detalla que en ocho de cada diez casos el agresor es una personas conocida o del entorno familiar del menor o la menor agredida.

En concreto, según han explicado desde ese organismo en rueda de prensa, en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa se han analizado 46 sentencias que revelan que el entorno familiar representa el 43,5% de los casos, mientras que en 34,8% los agresores son conocidos en mayor o menor medida por la víctima y un 21,7% desconocidos.

En el informe se especifica que este grupo de entorno conocido incluye amigos o conocidos de la familia o víctima, profesionales que trabajan con niños y niñas, la pareja de la propia víctima, etc., mientras que dentro de la familia, las figuras que destacan son la pareja de la madre y el padre.

Respecto al perfil de la víctima, una gran mayoría, un 80,4%, son niñas y chicas adolescentes, mientras que en relación con la edad, destaca el intervalo comprendido entre los 10 y 14 años, en el que se encuentran el 63% de los casos juzgados. Del total de estos, el 89,1% acabó en condena tras un proceso judicial que duró de media entre dos y tres años.

Al respecto, se ha constatado un aumento de la duración del proceso a nivel estatal, que era de 1 a 2 años en el periodo 2019-2020, y también se ha observado que aumenta el número de casos no resueltos «en un tiempo deseable». En el periodo 2019-2020, el 67,3% de los procesos se habían resuelto a los dos años, sin embargo, para el periodo de 2021-2022 que abarca este estudio se ve que sólo el 23,5% se había resuelto en ese intervalo.

Los datos generales dicen también que en el 3,8% de los casos estudiados se menciona que la víctima tiene algún tipo de discapacidad, aunque no se especifica cuál. Además, hay víctimas que siguen teniendo que declarar más de una vez, llegando a declarar antes del juicio hasta tres veces ante la policía, fiscalía y en el juzgado, y sólo en el 24,9% –también a nivel estatal– de casos se utilizó la prueba preconstituida, es decir, la grabación del testimonio para no tener que repetir esa declaración en reiteradas ocasiones.

«Sólo la punta del iceberg»

Save the Children destaca que el abuso sexual es una de las formas más graves de violencia contra la infancia y adolescencia y, además, una de las más ocultas. Según los últimos datos del Ministerio del Interior, en 2021 se presentaron en el Estado 8.317 denuncias por delitos contra la libertad sexual que tenían como víctima a niños, niñas y adolescentes, una cifra que representa casi la mitad del total de este tipo de delitos, un 48,8%.

Pero, además, en palabras de Catalina Perazzo, directora de incidencia social y política en esa organización, «estos datos son solo la punta del iceberg, ya que se estima que solo el 15 % de los casos de abuso sexual llegan a denunciarse». «Todavía existe la creencia colectiva de que estos casos apenas existen y de que si un niño o niña fuese abusado en nuestro entorno nos daríamos cuenta, pero los datos evidencian que no es así», ha advertido al respecto.

Asimismo, en el informe se indica que que este análisis abarca el periodo 2021-2022, por lo que las sentencias estudiadas no abordan la reforma operada por la Ley 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, que elimina la distinción entre agresión sexual y abuso sexual, unificando ambas conductas delictivas en un mismo tipo de delito (agresión sexual), aunque siendo mayor o menos grave (más o menos punible) dependiendo de ciertas circunstancias. Pero Save the Children afirma al respecto que aun «comprendiendo el propósito de la unificación de delitos, entendemos que en términos de tipología de violencia contra la infancia y adolescencia, podemos continuar hablando no solo de delitos contra la libertad sexual, sino de abuso sexual como un tipo de violencia que tiene características propias como ser un proceso paulatino, en el que el acusado construye o refuerza un vínculo con el niño o niña para poder mantener en secreto la situación de violencia, evitando que el niño o niña pueda pedir ayuda».

Legislación específica

En este contexto, Save the Children valora que tal como indica la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) aprobada en 2021, «es necesario que el Gobierno desarrolle una legislación específica que marque el camino para esta justicia especializada que pueda garantizar los derechos de los niños y niñas que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia, como son los abusos sexuales».

Una actuación que, a su juicio, debería concretarse en las siguientes medidas: implantación de juzgados especializados en atención a la infancia víctima de violencia; creación de una Fiscalía específica de violencia contra la infancia, que participe en todos los procesos donde haya un niño o niña víctima; formación inicial y constante de todos los operadores jurídicos; y la asistencia jurídica a las víctimas, acompañándolas desde el inicio hasta el final del proceso y asegurando su gratuidad en los casos que marca la ley.

Asimismo, destaca que uno de los aspectos básicos de esta especialización de la Justicia es la realización de exploraciones y pruebas preconstituidas, con el objetivo de eliminar actuaciones y declaraciones innecesarias y evitar la revictimización de las víctimas. «La mayor prueba de abuso sexual infantil es la declaración de la víctima. Por eso es fundamental disponer de los recursos adecuados para tomar esa declaración y poder usarla en el juicio. No es justo que un niño o niña tenga que contar lo sucedido en más de una ocasión, y vemos cómo hoy en día todavía es una práctica habitual», ha valorado Perazzo.

Modelo Barnahus

Por otra parte, Save the Children apuesta por implantar el modelo nórdico Barnahus («casa de los niños» en islandés), un sistema de atención integral donde todas las instituciones que intervienen en un caso de abuso sexual infantil se coordinan y trabajan bajo el mismo techo para evitar la victimización secundaria.

A este respecto, en la rueda de prensa han explicado que en la CAV el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales de Gobierno de Lakua, con el asesoramiento de Save the Children estableció en 2021 el equipo motor para la realización de un proyecto piloto de atención integral especializada a los niños, niñas y adolescentes menores de edad. Y tras perfilar el modelo y definir formas de trabajo, recibir talleres de formación sobre abusos a niñas y niños, realizar entrevistas con otras casas del mundo y reuniones sectoriales, el piloto de Barnahus está previsto que se implemente en los próximos meses en Gasteiz.