Las personas sin hogar que viven en las calles de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa han aumentado un 34% al pasar de 430 en 2018 a 658 en 2022, un periodo en el que se ha producido también un incremento de las personas que utilizan recursos de alojamientos sociales, que han pasado de acoger 1.253 a 1.991.

Estos datos se recogen en el VI Estudio de Recuento de Personas en Situación de Exclusión Residencial en la CAV que el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales ha presentado este miércoles en unas jornadas sobre este tema organizadas en la capital alavesa por el Gobierno de Lakua y los ayuntamientos de Bilbo, Donostia y Gasteiz.

En estas jornadas, la consejera de Políticas Sociales, Nerea Melgosa, ha dado a conocer algunos de los contenidos recogidos en el borrador de la II Estrategia Vasca contra la Exclusión Residencial para el período 2023-2028, cuyo objetivo es la implementación de medidas para avanzar hacia la «plena inclusión» de estas personas.

Más extranjeros y jóvenes sin techo

Del estudio se desprende que entre las personas sin techo se produce un aumento del peso relativo de las de origen extranjero. Si en 2016 eran el 63% del total, en 2022 suponían el 78%.

También hubo entre esos años un aumento de los jóvenes menores de 30 años que viven en las calles, que han pasado del 25% al 35% del total en las tres capitales.

El informe destaca que de las personas en situación de exclusión residencial un tercio lleva sin hogar más de cuatro años, un 20% ha estado en centros de acogida de menores en situación de desprotección y el 75% desearía vivir en el mismo municipio.

Además, el 70% ha dormido alguna vez en la calle y el 20% ha sufrido agresiones físicas, mientras que el 85% mantiene alguna relación con su familia.

Un 20% de estas personas realiza alguna actividad o trabajo que le reporta algún ingreso económico y el 70% aspira a vivir en un piso de forma independiente.

El estudio también indica que dos de cada tres consideran que los servicios sociales les han ayudado bastante o mucho, que el 45% tiene un problema de salud grave o crónico, que el 20% de ellos no recibe tratamiento médico y que los trastornos mentales afectan al 18%.

Reforzar las medidas contra los desahucios

La consejera Melgosa ha detallado en las jornadas que la nueva estrategia contra la exclusión residencial fortalecerá el derecho de las personas sin hogar a la vivienda «reforzando las medidas para evitar los desahucios y ofreciendo a las personas y familias que han perdido su vivienda una alternativa habitacional adaptada a sus necesidades».

Ha avanzado que el borrador del documento establece 19 medidas para prevenir y reducir la exclusión residencial «fomentando el derecho de las personas a la vivienda, al empleo, a la garantía de ingresos, a la salud y a los Servicios Sociales, mejorando la calidad de los recursos de atención y promoviendo la cooperación entre diferentes entidades y sistemas».

Melgosa ha puesto en valor que Araba, Bizkaia y Gipuzkoa cuentan con la tasa de cobertura a este colectivo «más alta del Estado», ya que se dedican más de 30 euros de inversión del gasto público por habitante a estas acciones «frente a los 7 euros» estatales.

Las mujeres, más vulnerables

Uno de los apartados del borrador de la estrategia recoge el compromiso de crear recursos especializados para «uso exclusivo» de mujeres, ya que son «más vulnerables» a la exclusión residencial por situaciones derivadas de las desigualdades sociales de género, la discriminación laboral y la falta de autonomía económica, ha asegurado la consejera.

Según los datos ofrecidos por el departamento, los servicios de intervención dirigidos a estos colectivos atendieron en 2019 a 10.167 usuarios y se prevé que en 2025 sean 11.060 y en 2030, 12.175.

Se estima que las plazas de acogida nocturna pasen en esos años de las 621 a las 772, los pisos de urgencia social de 454 a 572 y las plazas en residencias destinadas a este fin de 737 a 934.