En una resolución y en una recomendación aprobadas por una muy amplia mayoría (91 votos a favor y 16 en contra la primera, 94 a favor y 9 en contra la segunda), la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) pide a los países miembros que han utilizado Pegasus –y tiene pruebas de que son al menos cinco, entre ellos el Estado español– que las autoridades estatales y los tribunales ofrezcan aclaraciones.

Se trata sobre todo de que se pueda determinar si, al acceder a través de ese programa de espionaje a los móviles de personalidades políticas, periodistas, abogados y defensores de los derechos humanos, esa intromisión en su privacidad se hizo con un objetivo legítimo, como la seguridad nacional o la prevención de delitos.

En el caso español, el ponente del informe, el parlamentario neerlandés Pieter Omtzigt, insistió en que tendrían que hacerse públicas las autorizaciones judiciales que recibió el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para vigilar con Pegasus a líderes del independentismo catalán y debería ponerse en marcha una comisión de investigación parlamentaria.

«Miedo, por qué»

«Si las cosas se han hecho correctamente, no hay que tener miedo», subrayó Omtzigt al término de un debate en el que quedó patente el choque entre los parlamentarios de la derecha y la extrema derecha española, por una parte, y la senadora de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Laura Castel, por otra.

Entre los unos y la otra, la diputada socialista por Zaragoza Susana Sumelzo defendió la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez en esta cuestión, del que dijo que se ha comprometido con «la regeneración democrática» .

Sumelzo aseguró que la información extraída de las 18 personas a las que el CNI ha admitido haber espiado (de las 65 personalidades independentistas a las que se les pinchó el teléfono, según Citizen Lab) sólo se utilizó para los fines que había autorizado el magistrado del Tribunal Supremo que dio el visto bueno a la operación.

Además, recordó que los acuerdos con los independentistas tras las elecciones legislativas de julio para los órganos de dirección del Congreso de los Diputados incluyen la organización de una comisión de investigación parlamentaria sobre esta cuestión.

La senadora de ERC denunció el bloqueo a esa comisión por parte de la derecha y se quejó de que las personas espiadas no pueden saber qué fue lo que se extrajo de sus móviles ni han podido consultar la autorización judicial que permitió al CNI recurrir a Pegasus para lo que calificó como «un ataque sin precedentes contra un movimiento democrático».

Claramente en contra del informe se posicionó el PP), que por boca de su diputado Pablo Hispán cargó contra el ponente, que a su parecer «se comporta como un juez, fiscal y verdugo» pero sin preguntar a los acusados, ya que «ningún Estado a los que se refiere el señor Omtzigt ha tenido derecho de defenderse».

Vox: «Estuvo bien hecho»

En una línea similar, el diputado de Vox José María Sánchez García descalificó el texto del ponente porque a su parecer se basa «en hechos aislados» y porque en el caso del Estado español no tiene en cuenta que las personas espiadas con Pegasus «habían protagonizado un golpe de Estado» con el «referéndum ilegal» de 2017 y desde entonces han seguido diciendo «que volverían a protagonizar un golpe de Estado».

«Ese espionaje que se hizo en ese momento –añadió– estuvo bien hecho».

Omtzigt insistió en que las autoridades españolas «no han sido transparentes» y una vez que se cerró el capítulo del referéndum independentista, debería autorizarse una investigación parlamentaria para examinar cómo actuaron unos y otros y cómo lo hizo el Estado.

En el texto de la APCE se reprocha a Madrid, entre otras cosas, que los procedimientos judiciales abiertos por las denuncias de los independentistas «no están avanzando tan rápido como se esperaba».

También que un tribunal debería poder verificar si la autorización que se dio al CNI de espiar a los 18 fue proporcional y necesaria.