Desde el 3 de diciembre de 2019 Vox ha perseguido en los tribunales la forma de toma de posesión de 29 diputados soberanistas e independentistas realizada aquel día en el Congreso español. El Constitucional ha tumbado ahora su último recurso, tras un litigio que amenazó en algunos momentos con suspender a estos electos o forzarles a tener que jurar la Constitución.

Aquella mañana de inicio de la anterior legislatura diputados de EH Bildu prometieron «por imperativo legal» y «hasta la creación de la República vasca»; los de Junts y ERC lo hicieron «por la libertad de los presos políticos»; los de la CUP aludieron a «nuestra lealtad primera y última con nuestro pueblo»... así hasta 29 electos diferentes.

Vox puso el grito en el cielo e impugnó la decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de dar por buenas estas fórmulas, que fue avalada luego por la mayoría de la Mesa de la Cámara. Allí comenzó un periplo jurídico que al Constitucional casi cuatro años después. El partido de Santiago Abascal sostenía que ante la pregunta «¿Juran o prometen la Constitución?», no cabía otra respuesta que «Sí, juro» o «Sí, prometo».

El asunto ha sido llevado hasta el máximo tribunal español mediante la fórmula de recurso en amparo porque Vox entiende que la decisión de Batet fue «absolutamente inconstitucional». La Sala Primera decidió en marzo de 2021 admitirlo a trámite al considerar «especial trascendencia constitucional», con lo que ha sido el Pleno del Constitucional el que ha terminado deliberando y decidiendo.

El recurso se rechaza señalando que la decisión adoptada por la presidenta del Congreso «no afecta al derecho [de Vox] a ejercer en plenitud sus funciones parlamentarias». Así las cosas, el Constitucional entiende que no tiene que «avanzar en el análisis sobre una eventual contravención de las normas parlamentarias por parte de la decisión de la presidenta al dar validez a determinadas fórmulas de acatamiento de la Constitucional». Y en consecuencia se desestima el recurso de los 52 diputados con que contaba entonces Vox.

Tres jueces se desmarcan del dictamen de los otros siete, al considerar que el recurso de Vox debía ser admitido. Se trata de Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel.

Antes de que se produjera esta decisión del Constitucional, la situación ya ha vuelto a repetir en la constitución del Congreso para esta legislatura, el pasado 17 de agosto. Los diputados de EH Bildu, por ejemplo, volvieron a reivindicar la República vasca. Tanto PP como Vox han dicho estudiar la posibilidad de acciones judiciales. Vox lo tendrá más difícil porque ya no dispone de los 50 diputados que permiten recursos automáticos al Constitucional (el 23 de julio se quedó en 33).