François Bayrou, consejero de Emmanuel Macron, exministro y tres veces candidaro a la elección presidencial se sentará en el banquillo de los acusados en el juicio que se abre este 16 de octubre en París, proceso en el que deberá responder de las prácticas presuntamente ilegales de su partido entre 2005 y 2017.
Durante ese periodo, Bayrou, que ejerce al frente de la Alcaldía de Pau desde 2007, y los otros responsables del partido del que es fundador, el centrista MoDem, se habrían servido de fondos europeos para contratar asistentes parlamentarios que habrían trabajado, al menos en parte, para su formación política en vez de hacerlo para los eurodiputados a los que la Cámara de Estrasburgo.
En su condición de parte civil en esta causa judicial, el Parlamento Europeo solicita que se repare un perjuicio financiero estimado inicialmente en 1,4 millones de euros, una cifra que se ha rebajado hasta los 293.000 euros, y de la cual 88.000 han sido ya reembolsados.
Bayrou ocupa actualmente el puesto de Alto Comisario del Plan, un puesto a caballo entre la coordinación de tareas administrativas y la consultoría sobre proyectos estratégicos, con el que el Gobierno francés quiere dar brío a sus políticas de relanzamiento económico para dejar atrás los efectos de la pandemia.
El líder centrista, de 72 años de edad, ha negado reiteradamente las acusaciones sobre las que deberá responder ante el tribunal.
«La mayoría de las acusaciones han sido retiradas y, en todo caso, insisto en que no he participado, ni una sola vez, ni hemos tomado parte como responsables políticos, como partido, en el más mínimo desvío de fondos», declaraba a los medios de comunicación ante la inminente apertura de la vista oral.
El escándalo generado por la investigación que se dio a conocer en 2017 obligó a Bayrou a dimitir como ministro de Justicia solo unas semanas después de su nombramiento para un cargo que se interpretó como una recompensa de Macron al veterano político.
Le Pen ya ha reembolsado una cantidad similar
Junto a Bayrou se sentarán en el banquillo cinco exeuroparlamentarios de su formación, tres cargos ejecutivos y una persona que ejercía en esa época como asistente parlamentario.
Varias investigaciones más están abiertas actualmente por el uso de fondos del Parlamento Europeo por formaciones políticas francesas. El más sonado es el caso que persigue a la líder ultraderechista y excandidata a la presidencia francesa, Marine Le Pen.
De hecho, Le Pen anunció el mes pasado que había rembolsado al Parlamento Europeo 330.000 euros para zanjar el caso, relativo al «contrato indebido» de dos asistentes.
La presidenta de Rassenblement National, que ejerció como eurodiputada entre 2014 y 2017, se habría servido de las percepciones de la Eurocámara para pagar al responsable de gabinete de su partido y también a un guardaespaldas.