La desaparición en agosto de 1987 en Bogotá de su tía Nydia Erika Bautista, militante del M-19, llevó a Andrea Torres a estudiar Derecho con el firme propósito de «ser abogada de los desaparecidos».

La detención, tortura y desaparición de su tía «cambió totalmente el proyecto de vida» de toda la familia. Debido a las amenazas y persecución, tuvo que abandonar Colombia en 1997. Desde el exilio crearon la Fundación Nydia Erika Bautista (FNEB), que, además de acompañar con un enfoque integral a familiares de víctimas de desaparición forzada, impulsa actualmente el proyecto de Ley sobre Mujeres y Personas Buscadoras.

Es una iniciativa que quiere  dar «reconocimiento e importancia» a las mujeres buscadoras. «La mayoría han sufrido violencia sexual, han sido víctimas de desplazamiento, de amenazas y estigmatización», subraya Torres en entrevista a NAIZ. Denuncia que a día de hoy, pese a los acuerdos con las FARC-EP de 2016 y el proyecto de «paz total» del Gobierno de Gustavo Petro, sigue habiendo desapariciones.

¿Qué objetivos persigue el proyecto de Ley sobre Mujeres y Personas Buscadoras?

Un reconocimiento de las mujeres buscadoras como constructoras de paz, porque son ellas quienes han ejercido la lucha por los desaparecidos. Por su rol como buscadoras, han sufrido múltiples vulneraciones de derechos.

La mayoría han sido objeto de violencia sexual, han sido víctimas de desplazamiento, amenazas y estigmatización. Además, el estrés postraumático y la tristeza han hecho mella en su salud física y mental.

¿Cómo ha afectado la desaparición forzada al tejido social?

Lo ha hecho de una manera muy profunda. Sentencias de la Corte Interamericana equiparan el impacto sicosocial de la desaparición forzada con la tortura. Hablamos de impactos sociales, familiares y comunitarios.

La desaparición de personas afrodescendientes, por ejemplo, afecta a su ancestralidad, creencias y actividades culturas; la de líderes sociales y políticos a quienes apoyan sus ideales...

«Hay un montón de testimonios, pero cero claridad sobre el paradero de los desaparecidos, que es la obligación principal de los comparecientes»

Hablamos también de impactos en las vidas de las mujeres que nunca más han vuelto a rehacer su vida en pareja. Todos estos impactos a veces se traducen en enfermedades mentales como ansiedad o depresión.

Desafortunadamente, por parte del Estado no hay ninguna intención de diagnosticar esos impactos. El trabajo parte de las víctimas, no de las instituciones o del Estado.

¿En qué medida ha contribuido la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas?

Las víctimas se sienten frustradas con la Unidad, porque hasta la fecha se ha limitado a temas técnicos y forenses sin recoger la experiencia de las buscadoras y las propias comunidades. No hay un enfoque diferencial; no es lo mismo buscar en una comunidad indígena que en una ciudad-capital. La interpretación restrictiva del enfoque humanitario bajo el cual no se puede tocar lo judicial y el choque con otras instituciones también ha impuesto limitaciones.

¿Qué han aportado la Comisión de la Verdad o las audiencias públicas de reconocimiento de responsabilidades?

Estamos bastante conformes con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, entre ellas la apertura en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz de una mega causa específica sobre la desaparición forzada dada su dimensión y la impunidad tan alta.

Aunque está presente en la mayoría de casos y sumarios, se sigue viendo como algo difuso. Hablan [el ex fundador de las Autodefensas Unidas de Colombia] Salvatore Mancuso, las ex FARC-EP, algunos militares… pero, en la práctica, no hay ningún aporte a la verdad que pueda desvelar los patrones, el modus operandi y, sobre todo, qué pasó con las víctimas. Hay un montón de testimonios, pero cero claridad sobre el paradero de los desaparecidos, que es la obligación principal de los comparecientes.  

¿Se sigue estigmatizando a víctimas y familiares?

Sí y con el agravante de que, aun después de los acuerdos de La Habana y con una proyección de paz total, persisten las desapariciones. Día tras día, seguimos recibiendo reportes de desaparecidos, la mayoría chicos y chicas muy jóvenes.

Se sigue exigiendo a las familias que esperen 72 horas para denunciar porque «algo estarán haciendo» o «estarán de fiesta». Persiste la negación, la estigmatización y falta de atención.

En 2022 fue agredida junto a su marido. También robaron información sensible de la sede de la Fundación. ¿Cómo se sobrelleva esta situación?

Es muy difícil. Estás acostumbrada a acompañar a personas en riesgo, pero, a veces, no te sitúas en el propio riesgo que corres. En mi caso, siempre ha habido hostigamientos alrededor de mi hogar y de mis hijos. Como mujer, como madre soltera, me resulta bastante complejo manejar esta situación.

La amenaza de violentarme sexualmente tiene efectos profundos en mi vida personal e íntima. En este momento, en Colombia hay lugares vetados porque las disidencias, los grupos de narcotráfico tienen el control total. Este ha sido el año en que más miedo he sentido a la hora de hacer mi trabajo y por las víctimas a las cuales acompaño, por el abandono total en que están.

El robo de información ha generado un profundo impacto, porque en esos documentos está depositada la confianza de las familias. Los últimos documentos que nos robaron correspondían a testimonios de chicos de la «primera línea» que no le habían revelado a nadie su identidad salvo a nosotros. Varios de esos chicos  están ahora desaparecidos.

La Fundación Nydia Erika Bautista está formada por familiares. ¿Cómo es el trabajo?

Todas las personas que estamos en la Fundación somos familiares y acompañamos a víctimas de desaparición forzada. Esa es nuestra fortaleza más grande. Nuestro motor es el amor y nuestra unión, la solidaridad con el dolor ajeno. No nos importa si somos familiares de miembros de la Fuerza Pública o de cualquier otra persona de la sociedad.

La Fundación ofrece una atención integral a las familias.

Cuando mi madre creó la Fundación, partimos de nuestra propia experiencia de estar muy solas. Ella quería que cuando llegara un familiar, se sintiera como en un spa, que se le diera un acompañamiento integral; apoyo sicosocial y médico y en materia de memoria, porque cuando lo jurídico no da resultados, lo único que les queda a las familias es hacer memoria y reivindicar el nombre de sus seres queridos.

¿Cómo han sobrellevado la desaparición de Nydia Erika?

La desaparición de mi tía cambió totalmente el proyecto de vida de todos. Era una época de mucho miedo en la que las únicas que se atrevieron a buscar fueron las mujeres de mi familia. De niños no podíamos ni ir al parque por las amenazas. El exilio tampoco fue fácil.

«Los últimos documentos que nos robaron correspondían a testimonios de chicos de la ‘primera línea’. Varios de esos chicos están ahora desaparecidos»

Llevamos 35 años de impunidad a pesar de que se sabe quiénes son los responsables. Tampoco vemos justicia frente a las amenazas que he recibido. He presentado más de 25 denuncias, he aportado videos, testigos, placas de vehículos… la falta de respuesta del Estado ha sido total. Mi abuela se murió sin saber que encontramos a su hija.

Su tía fue torturada y sufrió violencia sexual.

Cuando tenía 15 años y salí por primera vez exiliada, había muchas cosas del caso que desconocía y que la familia nos había ocultado para evitarnos tristezas. Leyendo los expedientes, me di cuenta de que había sido sometida a violencia sexual y que nunca nadie lo había denunciado por vergüenza. En ese momento decidí estudiar Derecho para ser abogada de los desaparecidos.

Fue muy difícil que las instancias judiciales reconocieran las violencias diferenciales que sufrió Nydia por el hecho de ser mujer. Todas las mujeres desaparecidas han sido violentadas sexualmente o han sufrido violencias basadas en el género Esta investigación me permitió sacar a la luz una verdad de la que nadie hablaba. Esto es parte de la verdad y se debe poner sobre la mesa.