Como fruto del tercer año de trabajo derivado de la ley de 2016, el Gobierno de Lakua ha reconocido este martes en el Kursaal de Donostia a 66 víctimas de violencia estatal, entre las que figuran muertos, heridos y torturados. Un evento emotivo puesto que atrás quedan décadas de desatención oficial que ha acarreado un plus a su sufrimiento.

«Injusticia», «impotencia», «negación»… han sido algunos de los conceptos evocados en la introducción. «Que no se olvide que fuimos torturados», «no hubo investigación ni juicio», «que no se vuelva a repetir», «aquello estuvo mal»… La «bolsa», el «quirófano», la «bañera», deseos generalizados de morir en comisaría... Extractos todos ellos del informe de la Comisión de Valoración que resume estos 66 casos. ‘Verdad, memoria, reconocimiento, garantía de no repetición’, se leía en la gran pantalla que presidía el acto.

El Gobierno de Lakua ha agradecido la aportación de quienes han concurrido a este proceso, las que han podido contarlo y las que «se les ha quebrado la voz», las que viven aún y las que ya han fallecido. Cinco eran menores cuando ocurrieron los hechos ahora reconocidos y la inmensa mayoría no pasaban de la treintena, pero ha transcurrido tanto tiempo que a algunos se les ha ido media vida o más en esta reivindicación de reconocimiento. Por dar un dato representativo, Mari José Bravo, a quien ultraderechistas violaron y mataron a los 16 años en Loiola (Donostia), tendría ahora casi 60.

«Intento imaginar lo que pasásteis, pero seguro que fue mucho más allá», ha admitido la consejera de Justicia, Nerea Melgosa, con especial referencia a las personas torturadas, que son 49 de estas 66. «Os quisieron arrebatar la dignidad, pero no lo consiguieron. Fueron experiencias crueles e inhumanas que marcaron vuestras vidas. Y después, una pesada mochila de décadas, por una experiencia traumática radicalmente injusta que os marcó para siempre. En silencio o con la solidaridad de los vuestros. No siempre hemos estado como sociedad dispuestos y dispuestas a escucharos. Tardamos en escuchar y tardamos en actuar».

Melgosa ha añadido que «falta mucho por hacer» y ha marcado tareas pendientes concretas como la desclasificación de archivos oficiales o «romper los silencios cómplices». Se ha referido también a que «no se ha hecho la debida justicia» y en consecuencia hay que hacer «autocrítica sincera». Se la ha exigido a Madrid: «No hay razón de Estado que justifique la violación de derechos fundamentales».

A estas víctimas les ha prometido «acompañamiento». Y ha agradecido el trabajo de los expertos de la Comisión de Valoración, que no eluden críticas a la inacción oficial en su informe. Reclaman más medios e incluso cambios legales, entre otras cosas para indemnizar a los torturados.

Precisamente ha sido la presidenta de la Comisión, Juana Balmaseda, quien ha intervenido a continuación. Antes que nada ha dado las gracias a estas víctimas porque «nos han dado lo más importante que se puede dar: la confianza». Les han trasladado vivencias «terribles» que dejan padecimientos hasta el día de hoy.  

Junto a ello, Balmaseda ha reiterado la preocupación expresada ya en el Parlamento la víspera, por la carencia de medios. «Hay que contribuir a la visibilización de estas víctimas, que no quede en un espacio de expertos. Esto tiene que trascender a la sociedad porque se lo debemos a la sociedad. Hay que despertar de la anestesia», ha dicho parafraseando a Jon Mirena Landa.

Cuatro testimonios

Cuatro voces de otras tantas víctimas han resumido el dolor acumulado en la parte final del acto. La primera, en un testimonio leído, ha sido la de Axun Lasa, hermana de Joxean Lasa (que será reconocido en una fase posterior, al haberse admitido ya el de Joxi Zabala en esta edición).

Olatz Etxabe, hija de Iñaki, víctima del Batallón Vasco Español (cuyo caso se recoge más abajo), tenía diez años cuando vio a su aita muerto a tiros. Ha recordado el shock del momento y luego el impacto que tuvo en la familia. «Sientes el agravio porque no hubo ni investigación. Creemos que fueron guardias civiles y quizás estén condecorados. Dijeron que mi padre había muerto por el shock, cuando le pegaron 17 tiros».

A Lisardo Calo le disparó la Policía en Herrera (Donostia), cuando iba hacia su casa tras estar con unos amigos en una tarde de manifestaciones por la muerte de Iñaki Kijera. Recuerda las ráfagas, el despertar en la UCI, las seis intervenciones quirúrgicas… Durante mucho tiempo «no hablamos de eso. Hoy tengo oportunidad de hacerlo en voz alta y viene bien para el alma». Con la voz entrecortada, ha remarcado que ese dolor dura toda la vida: «Todos los días ves tus cicatrices y hoy sigo reconstruyéndome» (han pasado 44 años).

Luis Mari Ralla tenía 19 años cuando fue torturado en la comisaría del Gobierno Civil de Amara por ser sindicalista. Ha detallado en qué consistían el «quirófano» y el «tocadiscos», torturas sistematizadas. Le quedaron problemas para dormir, miedo a realizar labores políticas, un temor permanente… Le dijeron que no podía denunciar porque para eso había que incluir los nombres y apellidos de sus torturadores. Consiguió realizar una especie de rueda de reconocimiento, muy peculiar, e identificó a algunos de ellos. El caso llegó incluso a juicio, pero quedaron absueltos.

Urkullu, al final del proceso

Al acto ha asistido una amplia representación política e institucional, pero no el lehendakari, Iñigo Urkullu. Preguntado por ello en una entrevista en Euskadi Irratia, el viceconsejero de Derechos Humanos, José Antonio Rodríguez Ranz, le ha restado importancia asegurando que lo idóneo en estos casos es que el jefe de Gobierno no acuda a todos los actos anuales sino únicamente al final del proceso.

Los expertos de la Comisión de Valoración aseguran en su informe que si no se les dota de más medios esta dinámica de análisis y reconocimiento de casos podría alargarse hasta 2030. Parece improbable que Urkullu siga siendo lehendakari en esa fecha.

Iñaki Etxabe, la primera víctima parapolicial, asumida como tal 48 años después

Entre los asistentes al acto del Kursaal estaban familiares de Iñaki Etxabe Orobengoa, un caso que resulta muy simbólico de las décadas de desprecio a las víctimas de violencia estatal. Y es que pese a la evidencia de que fue víctima de un atentado de guerra sucia, ha permanecido no solo impune, sino además absolutamente desatendido por las instituciones. A ello ha ayudado quizás que fuera la primera víctima de la llamada «primera generación» del terrorismo de Estado, y también que según los indicios existentes lo mataran en una acción de venganza arbitraria más que en un crimen planificado al uso.

En 2015 un reportaje en GARA se hizo de esa desatención institucional, al cumplirse 40 años de la muerte. La familia había llevado entonces hasta el Tribunal Constitucional la negativa de los aparatos del Estado a asumirla como víctima e indemnizarle. Pero tampoco en los procesos abiertos por el Gobierno de Lakua se había producido el reconocimiento, hasta ahora. El informe de la Comisión de Valoración cita que su caso fue analizado en el marco del decreto original de 2012, «pero entonces no fue estimado por ser el ámbito de aplicación más restrictivo» que la actual ley de 2016.

Pasado ya casi medio siglo, se admite al fin que Iñaki Etxabe fue «la primera víctima mortal de una actuación criminal de un grupo parapolicial». Los hechos se resumen así en el informe: «El 5 de octubre de 1975, sobre las once de la noche, tres individuos armados irrumpieron en el restaurante que regentaba con su familia en el alto de Kanpazar (Elorrio) y le ametrallaron, causándole la muerte instantánea y dándose posteriormente a la fuga. La autoría del atentado mortal nunca quedó aclarada y se atribuyó a un grupo de incontrolados».

«La familia fue objeto de más atentados, antes y después de este, alguno de ellos mortal», añade. Efectivamente, además de dos ataques previos al hostal de Kanpazar también se había atentado con bomba contra los restaurantes de otros dos hermanos, Jokin y Juanjo, en apenas 48 horas de tiempo, a finales de junio. Y el día anterior a la muerte de Iñaki, el coche de Juanjo resultó incendiado en Donibane Lohizune.

La brutal persecución a los Etxabe ni siquiera acabaría con esta muerte En 1978, Juanjo y su esposa fueron ametrallados en Donibane Lohizune; Agurtzane Arregi murió en el acto y Etxabe quedó malherido.

Aunque queda claro que la familia estaba en el punto de mira, aquel crimen de 1975 ahora reconocido tuvo todo el aspecto de venganza indiscriminada. Es algo que incluso se podía intuir en la prensa de la época al unir dos hechos en sus informaciones. Aquel domingo 5 de octubre, a mediodía, un atentado de ETA había matado a tres guardias civiles en las inmediaciones de Arantzazu. Entre Oñati y Arrasate, de donde es la familia Etxabe, apenas hay once kilómetros de distancia.

Quedó incluso otro fleco trágico, también envuelto en la nebulosa de la falta de investigación. Se afirma que un taxista pudo haber sido testigo del ataque de Kanpazar. Una semana después, alguien se subió a su coche y lo mató en Legutio. Se llamaba Germán Agirre Irasuegi.