La ley de amnistía al «procés», que allana definitivamente la investidura de Pedro Sánchez y está tomando cuerpo este jueves, contempla exonerar todos los delitos y acusaciones ligadas a actividades políticas desde el año 2013. Ello incluye tanto el referéndum del 1 de octubre de 2017 como la anterior consulta del 9 de noviembre de 2014. El acuerdo ya es oficial entre el Gobierno y ERC, puesto que lo han sellado Félix Bolaños y Oriol Junqueras en una comparecencia conjunta en la tarde de este jueves, a la espera del sí definitivo de Junts.

Desde esta fuerza, Carles Puigdemont ha dicho en un tuit que cerraba una maratoniana jornada de reuniones en Waterloo con la cúpula del partido que hace falta atar todos los detalles. Se desprende del mismo que Junts quiere garantías absolutas ante cualquier intento de boicot por parte de los tribunales españoles, a los que alientan ya declaraciones como las del expresidente José María Aznar.

Sempre hem dit que per tractar amb el sistema polític espanyol totes precaucions són poques. Ens hi mantenim, i ens hi refermem. No canviarem la prudència i les precaucions que hem mantingut fins ara per més presses que alguns tinguin.

— krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) November 2, 2023

Las negociaciones siguen este viernes en Waterloo, con Puigdemont y el número 3 del PSOE, el navarro Santos Cerdán, como protagonistas.

De momento este tira y afloja con Junts dificulta el cronograma del PSOE, que pasaba por convocar la investidura para el martes 7 en la sesión de la Mesa del Congreso de este viernes. La reunión ha concluido sin fijar fecha, y lo que ahora se sopesa es, el mejor de los casos, convocarla el martes para el jueves 10. Todavía habría dos semanas más de plazo para lograr reelegir a Pedro Sánchez antes de dar paso irrevocablemente a elecciones.

Según el último borrador filtrado, la ley incluirá la amnistía a todos los tipos delictivos utilizados por el Estado español en la represión del independentismo catalán: rebelión, sedición, desórdenes públicos, desobediencia... Algunos de ellos ya habían sido aliviados con la reforma legal anterior que corrigió el delito de sedición, el pasado año.

En coherencia con ello, se pondría fin a los procesos de extradición y euroórdenes en marcha, incluida la emprendida contra Carles Puigdemont, president de la Generalitat cuando se produjo el referéndum del 1-O y la posterior declaración de la República catalana y desde entonces exiliado en Waterloo. Pero también alcanzará a centenares de personas que no son representantes políticos y están envueltas en procesos por diferentes protestas, muchas de ellas pacíficas, como las realizadas por Tsunami Democràtic.

La amnistía alcanza también a los policías que protagonizaron las cargas del 1 de octubre para impedir el derecho de voto, originando cerca de un millar de personas heridas. Al revuelo internacional por las imágenes se sumaron algunos procesos judiciales que estaban abiertos y que se cancelarán con esta ley. Entes policiales como Jucil o Jusapol han denunciado su inclusión en esta norma.

«Conflicto político»

Aunque en algunos momentos de este proceso de negociación se barajaron posibilidades como eludir el término amnistía o posponer su aprobación, finalmente lo llevará en su título y se aprobará con celeridad. El texto que circula en la mañana de este jueves se titula ‘Ley de Amnistía y de Resolución del conflicto político entre Catalunya y el Estado español’. Destaca también por su sencillez y claridad: 19 páginas y ocho artículos.

Los hechos que serán exonerados por esta ley se definen como «de intencionalidad política». Y todo ello se presenta en un marco de «resolución» de un «conflicto político» que se reconoce como «histórico».

El acuerdo se ha negociado en los últimos días, con dos movimientos casi simultáneos: la entrevista del número 3 del PSOE, Santos Cerdán, con Puigdemont en el Parlamento Europeo, en Bruselas, y el contacto final entre los dos presidentes, Pedro Sánchez y Pere Aragonés.

Comparecencia de Bolaños y Junqueras

El acuerdo con ERC se ha cerrado este jueves, y ha sido presentado por el ministro Félix Bolaños y por el líder de ERC, Oriol Junqueras, en una comparecencia conjunta en Barcelona.

Bolaños ha reconocido que «en la senda de mejorar la convivencia» el acuerdo incluye la aprobación de una ley de amnistía que «devolverá a la política lo que nunca debió salir de la política», en alusión al procés.

No ha dado más detalles al respecto, ya que, como él mismo ha indicado, «todavía se está ultimando con otras fuerzas políticas». «Tan pronto como lo últimos detalles se cierren, podremos explicar en toda su amplitud la ley de amnistía, que será una ley que hará nuestra sociedad más habitable», ha apuntado.

Más detalles ha dado Junqueras, quien ha incidido en que ese trata de una ley que dirigida a todas aquellas personas que participaron en la consulta del 1 de octubre de 2017, en la del 9 de noviembre o en los actos convocados por Tsunami Democràtic y los CDR. 

«Y también gana Catalunya en el ámbito de la negociación política, con la continuidad de una mesa de diálogo, de negociación y de acuerdo, una mesa para avanzar en el futuro de nuestro país, de poner ese futuro en manos de la ciudadanía», ha añadido.

«Golpe de Estado de togas»

La primera reacción del PP ha sido activar a sus vocales para reclamar un pleno especial del Consejo General del Poder Judicial que analice la cuestión, que puede celebrarse el lunes. Cabe recordar que la composición de los órganos de dirección judicial españoles está tergiversada por la negativa del PP a renovarlos hace ya más de cuatro años.

La intención de la derecha de usar a los tribunales en contra de este proceso es patente, pero el desarrollo de la reforma vía ley debería servir para cortocircuitarlo.

Los vocales llamados progresistas también han movido ficha con un tajante posicionamiento, en el que señalan al resto por «incitación a la sublevación y a un golpe de Estado de los jueces» al tratar de «intervenir abiertamente en la política».

Fuentes jurídicas han informado a EFE de que se trata de «un paso sin precedentes» por parte de vocales del Consejo General del Poder Judicial que han impulsado «una iniciativa de extrema gravedad», «inadecuada» y «abiertamente fuera de lugar» que «atenta contra la separación de poderes», al buscar condicionar la actividad constitucional de los poderes ejecutivo y legislativo.

Según estas fuentes, esta iniciativa «es el preámbulo para incitar al golpe de estado de las togas» a partir de unos vocales que actúan como «pseudogolpistas» y «dique de resistencia frente a la democracia» con una «injerencia intolerable» en la política.

Artimaña del PP en el Senado

En paralelo, el PP ha registrado una propuesta de reforma del Reglamento del Senado para retrasar al máximo la tramitación de la ley de amnistía.

Quieren dejar a la Mesa del Senado la potestad para decidir si una proposición procedente del Congreso se tramita o no por el procedimiento de urgencia.

Sin trámite de urgencia cualquier propuesta legislativa, también la de amnistía, puede demorarse hasta un máximo dos meses, incluso más tiempo si por medio hay «vacaciones parlamentarias» como es el caso del mes de enero, inhábil en las dos cámaras legislativas.

El plazo urgente reduce los plazos a veinte días naturales, y lo que pretende el PP es reservar esta potestad únicamente para los proyectos de ley promovidos por el Gobierno y eludirla para las proposiciones que firman los grupos parlamentarios.

Ello afecta a la ley de amnistía, que el PSOE pretende registrar mediante un texto firmado por su grupo y por el mayor número posible de formaciones políticas.

Condonada deuda a Catalunya y Galicia

Además de la cuestión de la amnistía, ERC y PSOE han pactado un traspaso integral de Rodalies a la Generalitat y la reducción del déficit fiscal. En concreto, el acuerdo recoge una condonación de parte del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que corresponde a 15.000 millones de euros. «Hoy es Catalunya quien gana», ha manifestado Junqueras.

Dentro del acuerdo con el BNG, avanzado este viernes y validado ya por la Ejecutivo de esta formación, se incluye también la condonación de la deuda pública que tiene Galicia desde 2021 y que asciende a 12.333 millones de euros. También se avanza un acuerdo sobre los peajes de las autopistas AP-9 y AP-53 (aquí, entrevista en NAIZ el pasado domingo con su líder, Ana Pontón). Solo faltan algunos flecos, ha admitido Pontón.

Estaos acuerdos ya han movilizado a presidentes autonómicos del PP que reclaman «café para todos». El primero en salir a la palestra, el andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, que reclama 17.000 millones. Y Castilla-León avanza que acudirá a los tribunales.

El PNV también negocia

En esta recta final de negociación tienen que definirse también las contrapartidas al PNV, cuyos votos requiere la investidura. La formación jelkide negocia a través de Aitor Esteban y Andoni Ortuzar, con la intención de mantener el pulso hasta última hora.

No es el caso de EH Bildu, que afirmó de entrada que no tenía líneas rojas y que apoyará a Sánchez para evitar una repetición electoral que vuelva a dar alas a las derechas.