El proyecto de ley destinado a reforzar «la lucha contra la inmigración ilegal« se cayó del orden del día en marzo y tras su paso en comisión arranca, este 6 de noviembre, su tramitación en el Senado francés.

Antes del voto del 14 de noviembre, el ministro de Interior deberá esforzarse por construir una mayoría de la que hoy por hoy no dispone. La fuerza predominante en la Cámara Alta, Les Républicains (LR) no muestra demasiada predisposición a hacer favores al Ejecutivo en una materia en la que siente en la nuca el aliento de la ultraderecha.

Antes de abrirse el debate, la primera ministra Élisabeth Borne, se ha descolgado esta mañana con unas declaraciones llamadas a marcar ese arranque de debate en el Senado. Borne ha defendido con fervor una de las medidas previstas en la ley, concretamente en su artículo 3, como es la regularización «a la carta» de trabajadores sin papeles.

Concretamente, el Gobierno propone conceder permisos de trabajo a personas «que llevan años viviendo en Francia, que tienen un trabajo estable y han demostrado una voluntad fuerte de integración», en palabras de la jefa del Ejecutivo galo. Ello para cubrir las dificultades para encontrar trabajadores que se dan en distintos sectores productivos.

Borne asegura que ese proceso de regularización, por otra parte un mecanismo habitual para los precedentes gobiernos franceses, de izquierda y de derecha, «no habrá efecto llamada». Ya en 2022 más de 34.000 trabajadores fueron regularizados en el Estado, lo que marcó un aumento del 7,8% respecto al año precedente.

Por su parte, Emmanuel Macron se ha mostrado abiertamente partidario de extender visas en función de las necesidades del tejido productivo.

La primera ministra sostiene que esa medida no es contradictoria con el objetivo central del proyecto de ley que no es otro que reforzar los mecanismos para acelerar las expulsiones de «personas en situación administrativa irregular».

Borne ha hablado de «una medida de sentido común» que gozaría, a su entender, de un importante apoyo, por encima de siglas y bancadas parlamentarias. Un mensaje de advertencia a LR dando a entender que podría encontrar apoyos transversales a ciertos capítulos de la ley.

La propuesta de regularización serviría, en este sentido, al Gobierno para dar un cierto equilibrio a una medida que, en líneas generales, es vista por izquierda y organizaciones civiles como una vuelta de tuerca en clave represiva.

Hacer frente a «la penuria de mano de obra»

A la espera de conocer las concreciones, la regularización no es del todo mal vista por las organizaciones empresariales, a las que la idea de contar con más mano de obra disponible les permitiría afrontar en mejores condiciones la negociación colectiva.

La «penuria de trabajadores» ha dado, por el contrario, a los sindicatos, mayor fuerza a la hora de negociar aumentos retributivos más importantes en no pocos sectores.

Consciente de que con esa doble oferta se le podría abrir una vía de agua en el campo conservador, el patrón de la derecha senatorial, Bruno Retailleau, se ha apresurado a advertir de que «no se puede sostener un texto que pretende al mismo tiempo expulsar más y regular más».

El Gobierno insiste en su vocación de «tejer una mayoría» sobre un proyecto de ley cuyo debate arranca en un contexto explosivo, con incursiones permanentes de un Gérald Darmanin, que no duda en usar el clima bélico en Oriente Medio para azuzar, de una parte, la criminalización de la solidaridad, y de otra, prometer una mayor diligencia para expulsar a extranjeros.

Esa voluntad de consenso evidencia que el Gobierno es consciente de que arriesga con un debate que polariza a la sociedad.

De ahí que no amague, al menos no de partida, con usar el 49.3, pese a que Borne se ha servido de esa vía de decreto incluso para garantizar el Presupuesto de la Seguridad Social para 2024.