El Comité de Empresa de Siemens Gamesa, empresa amenazada concretamente en Nafarroa con la pérdida de 1.800 de los 5.000 puestos en total que peligran en su reconversión, ha pedido el apoyo de los grupos del Parlamento foral para que, especialmente el Gobierno Chivite, inste a primar «de manera inequívoca el contenido local» a la hora de conceder permisos y subvenciones, junto a otras medidas protectoras contra la competencia desleal.

Las plantillas de esta empresa se están movilizando a diferentes niveles ante la clara amenaza de pérdida de empleo, como hicieron la pasada semana en Zamudio.

Este martes en el Parlamento han implicado también a la potestad del Gobierno español para aplicar medidas apuntadas por Europa, por lo que los representantes de los trabajadores han instado en el Parlamento de Nafarroa a «presionar» y ejecutar esta protección, a que las subvenciones obliguen a mantener el empleo en el lugar, argumentando que «no estamos pidiendo subvenciones a fondo perdido, no estamos pidiendo limosna» en un negocio que es «absolutamente rentable para los promotores».

Lo han dicho los miembros del Comité José Ángel Hernández Manso y Josune Perez, quienes han expuesto una situación muy preocupante para los fabricantes de componentes en la que confluyen diversas variables. Han expuesto motivos como la crisis del sector en toda Europa, que se atribuye a la «competencia desleal» de países como China que ofrecen condiciones «absolutamente impensables» para las ofertas europeas, a lo que se suman en el caso de Gamesa las decisiones «deficientes» en la dirección de Siemens.

Así, Hernández ha evidenciado su «absoluta preocupación sobre el futuro de nuestros empleos, de la supervivencia de la empresa y de la subsistencia del sector de fabricantes eólicos en su conjunto», en el que es «paradójico que los productores tengan beneficios millonarios, mientras que los fabricantes bien una situación extremadamente complicada».

Entre los motivos, ha citado el «aumento desmedido» de los precios de las materias primas, la inflación, la falta de agilidad en la concesión de permisos y la excesiva burocracia, las subastas centradas exclusivamente en el precio del producto, y la competencia desleal de los fabricantes chinos, ha resumido.

«A eso se suma la carrera que el mercado obliga a los fabricantes para conseguir el producto más potente en el menor tiempo posible, obligando a desarrollar esos productos sin los ensayos necesarios, lo que que deriva en problemas de calidad que afectan a todos los fabricantes», han dicho en cuanto al sector en general.

«Deficiente gestión»

En cuanto al caso concreto de Siemens Gamesa, que el próximo 21 de noviembre conocerá el alcance de la reconversión anunciada, se suma la «deficiente gestión de la dirección de la compañía y las decisiones erróneas que han desembocado en numerosos procesos de despido y reestructuración», de forma que el que está en curso sería el sexto desde 2012, lo que ha generado «consecuencias graves en la salud de la plantilla y ha disparado los casos de baja por estrés».

En este momento están «amenazados» 1.800 puestos de trabajo directos en Nafarroa (4.800 en toda el Estado) e «incontables puestos indirectos», lo que da muestra de la afección en el tejido empresarial del herrialde, donde el año pasado se realizaron pedidos por 280 millones de euros a proveedores navarros.

Su compañera Josune Pérez ha reconocido que para hacer frente a esta situación la Unión Europea anunció hace dos semanas varias medidas, pero «la clave está en la capacidad de implantarlas» por parte de los Estados miembros (de ahí que insten al Parlamento a implicar al Gobierno estatal), si bien también han lamentado que «son medidas de carácter muy general y no están vinculadas a la garantía del empleo de aquí y a evitar la deslocalización».

Como ejemplo, Pérez ha afeado que en cuanto a las subastas para la implantación de parques, «se habla de criterios solo basados en el coste» y tampoco establece medidas reales para evitar la competencia desleal con los productores chinos, y por ello ha instado a que el Parlamento «presione» porque estas medidas se traduzcan en el «no reparto de subvenciones gratuitas a empresas, si no van acompañadas de un compromiso real de mantenimiento del empleo».

«Hay derechos y debe haber también obligaciones», ha subrayado.

En el turno de los grupos, todos ellos han mostrado su preocupación por la situación y el apoyo a los trabajadores.