PSOE y Junts anunciarán este mismo jueves su acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno español, según han avanzado diversos medios, que añaden que la ley de amnistía sería presentada la próxima semana. 

A la espera de conocer los detalles de la misma, la base será el acuerdo ya firmado al respecto por PSOE y ERC, en la que su alcance se extiende hasta 2013 y abarca todos los delitos de carácter político producidos en este periodo, en que además del referéndum del 1 de octubre de 2017 se registró la anterior consulta de noviembre de 2014. Y también se incluirían sumarios encuadrables como «lawfare», en los que representantes independentistas han sido condenados o están imputados por otras acusaciones teóricamente extrapolíticas.

Está previsto que Carles Puigedemont comparezca este jueves al mediodía en Bruselas para dar a conocer los detalles del acuerdo. También se anticipa una comparecencia del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Con ello se dará paso a la convocatoria de la investidura, que quedará fijada la próxima semana, todavía con casi dos semanas de margen respecto al plazo tope para dar paso a nuevas elecciones. Faltaría únicamente garantizar el apoyo del PNV, que ha decidido apurar su negociación hasta el final.

Las últimas jornadas de este proceso de diálogo en Bruselas han estado marcadas por innumerables rumores sobre los escollos que mantenían las conversaciones trabadas, así como por la ofensiva contra la ley de amnistía que han encabezado los jueces –con la causa contra Puigdemont o la declaración contra la amnistía, por ejemplo– y las derechas, que se ha traducido en protestas diarias, principalmente en Madrid, con algaradas y cánticos y simbologías fascistas, racistas y homófobas.

En un nuevo frente, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha reclamado este miércoles por carta al Gobierno español información sobre el «alcance» de esa futura norma, cuyo texto y alcance aún se desconoce.

En concreto, el comisario europeo ha trasladado la petición en una misiva dirigida al ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, y la ministra de Justicia, Pilar Llop, «información más detallada» acerca del «alcance personal, material y temporal» de la eventual ley de amnistía.

«La Comisión seguirá con su cometido monitorizando y defendiendo los valores fundamentales de la Unión en todos los estados miembros y continuará trabajando con las autoridades españolas para garantizar el respeto al Estado de derecho», concluye la carta.

El Ejecutivo le recuerda que no existe

El Gobierno ha recordado al comisario que no existe aún un texto al respecto y que si se presenta para su tramitación, serían los grupos del Congreso los que la gestionarían y a ellos debería dirigirse.

En esa misma línea se manifestó el martes la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, al contestar en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros a la declaración en contra de la amnistía aprobada por el Consejo General del Poder Judicial con los votos a favor de los vocales «conservadores».

Rodríguez calificó de «inaudito» que el órgano de gobierno de los jueces se pronuncie sobre una ley que no existe y lamentó que no hubiera abordado con la misma celeridad el mandato caducado del CGPJ.