El Tribunal de Cuentas español ha rechazado la petición del expresident de la Generalitat catalana en el exilio, Carles Puigdemont, de suspender el juicio previsto el próximo viernes sobre el supuesto uso de dinero público en la financiación del procés.

Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig reclamaron la suspensión de la vista y del procedimiento al considerar que este tribunal no puede pronunciarse sobre su presunta responsabilidad contable cuando el procedimiento penal que dirige contra ellos el Tribunal Supremo sigue abierto.

La consejera encargada de juzgar el procedimiento rechazó la petición durante las cuestiones previas y la ha vuelto de denegar ahora en una providencia en la que alude al principio de compatibilidad entre las jurisdicciones penal y contable.

También ha rechazado la petición formulada por Sociedad Civil Catalana, que ejerce de demandante, en la que solicitó que las conclusiones se expusiesen verbalmente en el juicio y no por escrito.

35 personas demandadas

El juicio, previsto para el viernes que viene, debe determinar si más de una treintena de altos cargos de la Generalitat catalana tuvieron responsabilidad en el desvío de dinero público para la convocatoria del referéndum del 1-O y la promoción exterior del procés.

Además de Puigdemont, entre los 35 demandados se encuentra el expresident catalán Artur Mas; el exvicepresident Oriol Junqueras, diversos exconsejeros y numerosos ex altos cargos también procesados en causas judiciales relacionadas con el proceso soberanista.

En la vista está citado Carles Puigdemont, ya que la defensa de uno de los demandados solicitó como prueba su interrogatorio. Como el tribunal no ha recibido hasta el momento ninguna solicitud para que declare por videoconferencia, fuentes del órgano consultadas por Efe dan por hecho que la citación es presencial, a no ser que se solicite comparecencia telemática.

La Fiscalía solicita que se condene a los demandados al pago de unos 3,4 millones de euros, mientras que Sociedad Civil Catalana eleva los perjuicios ocasionados al erario público a 5,3 millones de euros.