Todo el mundo consideraba clave el preámbulo de la Ley de Amnistía. ¿Cree que la mayoría conservadora de la judicatura puede tener algún motivo de queja tras conocerse su contenido?

El preámbulo de un decreto ley no tiene efecto jurídico, pero ayuda a interpretar la norma. Y en este caso está muy trabajado. Alude a muchas jurisprudencias del propio Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que cubren tanto la constitucionalidad como su adecuación al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Además, explica muy bien la proporcionalidad de su aplicación en aras de reparar la profunda crisis que generó una desigualdad jurídica anterior. Sinceramente, el preámbulo de la Ley de Amnistía me parece impecable pero, sin embargo, he encontrado algún detalle que me resulta dudoso en el texto.

¿Cuál?

No termina de definirse con claridad quiénes están sujetos a la Ley. En especial, en lo referente a los disturbios que se produjeron antes y después del 1 de octubre de 2017. La norma de la amnistía abarca todas las causas relacionadas con el Procès, las manifestaciones que se organizaron y a los líderes, pero no habla nada de aquellas protestas que se convocaron en contra del poder judicial, que es una cosa diferente. Todo esto no se explica con nitidez en el texto provisional y puede ser constitutivo de inconstitucionalidad. Mi recomendación es que deberían afinarla un poco más porque tienen tiempo.

A pesar de reconocer que los jueces actuaron con intención política en el Procès, usted no ha ahorrado críticas por el uso del término ‘lawfare’ en el acuerdo firmado entre PSOE y Junts. ¿Por qué?

Como jurista puedo analizar la actuación de un juez y detectar que no ha aplicado justicia en un caso concreto, incluso que ha dictado una sentencia bajo la influencia de su voluntad política, algo nefasto. Pero no deja de ser mi consideración personal fruto de un análisis más o menos crítico. Sin embargo, que un partido que aspira a formar un gobierno exprese por escrito que ha existido ‘lawfare’ en el proceso abierto contra los líderes soberanistas catalanes siembra de dudas todo el sistema, al generalizar la acusación del mal funcionamiento de uno de los tres poderes del Estado. Creo que es un error incluir ese apartado en el acuerdo porque, sinceramente, hace más daño de lo que soluciona.

El Supremo ya ha rechazado la fiscalización de los jueces por parte de una comisión parlamentaria.

Insisto en que la inclusión de ‘lawfare’ en el acuerdo político me parece un error. En la Ley de Amnistía no lo citan. Pero todo esto no debería impedir una explicación sobre que la quiebra del Estado de Derecho empezó el día en que el Tribunal Supremo decidió, sin ser competente, que iba a juzgar en única instancia a los líderes catalanes y decidió castigar con penas de 13 años de cárcel a quien convocó una manifestación.

Vivimos en una lucha de poder dentro de las instituciones del Estado. Para entender lo que ocurre habría que mirar un poco hacia atrás, al año 2015, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy, viendo lo que empezaba a suceder en Catalunya, decidió que no tenía nada que negociar con los catalanes y que él era el más indicado para decir nada. Y trasladó un conflicto político a los jueces mientras él se fumaba un puro en el despacho. El Tribunal Constitucional de la época y, sobre todo, el Tribunal Supremo, asumieron el encargo de defender la unidad del Estado, arrogándose un papel político que no les corresponde. A partir de ahí actuaron. Cuando no encontraban una ley para frenar aquello, se la inventaban. Y cuando la Constitución no decía nada sobre algo, la reinterpretaban. Así han funcionado. El Tribunal Constitucional se inventó cosas inauditas, como que el Parlamento catalán no tenía derecho ni siquiera a debatir sobre la autodeterminación. Se prohibió hacer una consulta en la calle, que era un acto reivindicativo. Después llegó el Tribunal Supremo para rematar la faena con más invenciones. Por ejemplo, reinterpretando el delito de sedición, que no decía nada de manifestaciones, y lo ha aplicado al mero hecho de convocar una concentración ciudadana.

«Ellos (los jueces) se han saltado el Estado de Derecho diciendo claramente que aunque se cambie una ley en el Parlamento, como la de malversación, no la van a aplicar»

También quiero recordar su negativa a aplicar la reforma de la ley de malversación aprobada por el Congreso porque su objetivo era meter en la cárcel a los líderes catalanes por encima incluso de lo que legisle el Parlamento. Estos jueces politizados son los que se han revuelto ahora contra la Ley de Amnistía. Son los mismos que han hecho de todo para frenar a los catalanes y ahora se agitan porque les dicen que lo que hicieron no ha valido para nada. Pero, hombre, al margen del tema de la comisión en el Congreso, que insisto en que me parece un error, no parece muy lógico su enfado porque el poder político haya decidido recuperar competencias. Ellos se han saltado el Estado de Derecho diciendo claramente que aunque se cambie una ley en el Parlamento, como la de malversación, no la van a aplicar.

¿Cree que tratará de boicotear la aplicación de la Ley de Amnistía?

El Supremo no está actuando como un tribunal de justicia. Está reivindicando su papel de defensor absoluto de la unidad de España. Como sea. Más allá de la ley si es necesario. Por lo tanto, son capaces de lo que haga falta. Por eso, no me extrañan esos llamamientos a un golpe de Estado judicial, a saltarse las leyes, a que les dé igual lo que diga el Constitucional, porque ellos ya se han situado fuera del Estado de Derecho con una finalidad. Han asumido competencias que no les corresponden, que son políticas.

El poder judicial español se ha movilizado en Europa contra la Ley de Amnistía. ¿Qué recorrido augura a esta ofensiva?

Es curioso que la mayoría de esos jueces que reclaman confianza en su imparcialidad sean quienes acusan de falta de independencia al Tribunal Constitucional. Ese es otro de los males de la justicia española. En ellos se debe confiar pero no en el Tribunal Constitucional. Es la demostración de por qué el CGPJ lleva cinco años sin renovarse y sus vocales, diez años en el cargo. Ellos lo justifican culpando al desacuerdo que hay. Ahora ha quedado muy claro que el problema no era ese, sino otro. Me refiero a que está configurado para que funcione como un órgano político. En fin. Me temo que no van a encontrar en Europa lo que desean. En la propia ley se explica con claridad que la amnistía es una norma que existe en muchos países del continente y que no es extensible a ningún delito que estén obligados a perseguir. Por lo tanto, no creo que la ofensiva de esos jueces tenga ningún efecto.

Tal y como está la derecha y los sectores más conservadores del PSOE, ¿cree que haría falta más pedagogía sobre la Ley de Amnistía?

Sí. Falta una explicación detallada sobre la importancia de mejorar la convivencia en un país plurinacional. Uno de los motivos de la división social que se está viviendo estos días es ese. Quienes promueven el acuerdo y la Ley de Amnistía deberían hacerlo. No lo están explicando ni siquiera a sus propios votantes, a los más dubitativos en sus filas, que el acuerdo es el resultado de una cesión mutua. Porque no es cierto, como algunos dicen, que los independentistas no hayan transigido en nada. Han cedido mucho. Y respecto a quienes dudan de la constitucionalidad de la Ley de Amnistía, yo les recomiendo que al menos se lean el preámbulo porque descubrirán que está elaborada en base a una coincidencia: el Estado español tiene un problema de convivencia en Catalunya que ha provocado la desafección de muchos ciudadanos. Creo que todo esto deberían explicarlo muy bien.

¿Se está abriendo una nueva dinámica política en el Estado español?

Es evidente que el sistema del 78 está en crisis. Los contrapesos están en duda, pero no tenemos una alternativa. En este momento es imposible alcanzar un acuerdo estatal sobre ninguna posición. Es decir, plantear ahora mismo una reforma constitucional o aprobar una nueva es imposible porque falta un mínimo consenso. En el año 78 se consiguió por la amenaza de la dictadura, que obligó a izquierda y derecha a tragarse todo, unirse unos con otros y llegar a acuerdos. Ahora mismo no existe esa presión.

Y esta situación, ¿puede terminar debilitando a este Estado o puede terminar legitimando al régimen del 78?

Va a depender de cómo reaccione el poder judicial. Creo que hace falta una reflexión general sobre cómo hemos llegado a donde estamos, sobre el papel que tuvieron los tribunales tras el 1 de octubre de 2017 y, sobre todo, sobre cómo vamos a solucionar el tema de la división territorial del poder, que es un debate continuo y que contribuye mucho a la situación actual.