El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria (MPEH) se ha manifestado por las calles de Gasteiz este jueves para «llevar sus reclamaciones a todos los grupos políticos del Parlamento Vasco», entre las que han vuelto a demandar que «se establezca la pensión mínima en 1.080 euros» y que, «hasta que así sea, los gobiernos de Euskadi y Navarra complementen las pensiones mínimas de las personas pensionistas hasta dicha cantidad».

Los convocantes han afirmado que alrededor de 2.500 personas se han manifestado este jueves en la capital alavesa, provenientes de otros pueblos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Los pensionistas han demandado a los grupos políticos que «habiliten una partida necesaria en los próximos presupuestos» de la CAV, para hacer efectiva su demanda y han reclamado que «los gobiernos no pueden seguir eludiendo su responsabilidad». «Deben pasar de las palabras a los hechos», han apelado.

En este sentido, ha celebrado que «EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU hayan presentado enmiendas a los presupuestos, abriendo el camino a hacer efectiva nuestra reivindicación de complementar la pensión mínima a 1.080 euros en 14 pagas».

«Hoy, en Gasteiz, ponemos voz a las más de 200.000 personas pensionistas de la CAV y Nafarroa, cuyos ingresos por pensión están por debajo de 1.080 euros», han declarado, para reclamar que «la base de la democracia está en el reparto equitativo de la riqueza y no en que unas cuantas personas se enriquezcan a costa de nuestros derechos».

Al respecto, los pensionistas han expuesto que «es inaceptable que, en momentos en los que crecen exponencialmente los beneficios de la banca y las grandes empresas, miles de personas vean reducidas sus posibilidades de acceder a una alimentación, sanidad, vivienda y servicios públicos sociosanitarios de atención a la dependencia dignos, tras haber trabajado toda su vida».

Brecha de género

Por último, el movimiento ha manifestado que «la pobreza y las bajas pensiones tienen cara de mujer y los gobiernos siguen sin tomar decisiones reales para eliminar la brecha de género en salarios y pensiones».

«Los servicios de cuidados se privatizan al mismo ritmo que empeoran las condiciones de trabajo de las trabajadoras y se deterioran y encarecen los servicios». Por ello, el MPEH ha anunciado que «apoya activamente la huelga general del 30 de noviembre».