La JEP ha decidido imputar a 35 miembros del Ejército en el Huila (centro) «por su participación en la ejecución de un plan criminal cuya finalidad fue exhibir como resultados operacionales legítimos homicidios perpetrados en combates simulados, con el objetivo de dar una falsa sensación de seguridad a la población civil, así como alcanzar beneficios profesionales y mayor legitimidad institucional».

Es la cuarta imputación por ‘falsos positivos’ que dicta la JEP, creada por el acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, y que se suma a los otros 62 miembros del Ejército acusados por este tipo de crímenes.

Los ‘falsos positivos’ es uno de los episodios más oscuros del conflicto colombiano, en el que miembros del Ejército hicieron desaparecer y mataron a jóvenes inocentes para hacerlos pasar por bajas guerrilleras a cambio de premios y ascensos.

La JEP ha contabilizado 6.402 de estos casos, que se dieron, sobre todo, entre 2002 y 2010, durante la Presidencia de Álvaro Uribe.

Entre los imputados figura el general retirado Jaime Lasprilla Villamizar, quien llegó a ser comandate del Ejército en 2014, y quien ha sido acusado como autor por omisión, como el mayor general Miguel Ernesto Pérez Guarnizo y el brigadier general William Fernando Pérez Laiseca.

Según el relato de la JEP, bajo la dirección de estos tres ex altos mandos militares, la IX Brigada permitió el «lanzamiento irregular de operaciones para perpetrar homicidios bajo la modalidad de combate simulado y, con ello, que era posible acudir al pago irregular de recompensas para financiarlos».

Los exgenerales Édgar Alberto Rodríguez Sánchez y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, junto a los otros 30 imputados, deberán responder acusados de coautores por estos crímenes de guerra: «La Sala (judicial) considera que esos uniformados siguieron un acuerdo común, con división del trabajo criminal e hicieron aportes esenciales en las fases de planeación, ejecución y encubrimiento de los hechos».

La mayoría de hechos que se les han imputado ocurrieron entre 2005 y 2008 en Huila, cuando se produjo un «incremento de casos de asesinatos y desapariciones forzadas perpetrados por integrantes de la fuerza pública».

Y esta jurisdicción identificó tres patrones macrocriminales: la estigmatización de víctimas mediante señalamientos arbitrarios de pertenecer a un grupo armado; el engaño de personas aprovechando sus condiciones de vulnerabilidad, y las acciones contra supuesta delincuencia común o milicias de las FARC que fueron contrarias al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Ahora los acusados tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos o rechazarlos, y la JEP fijará audiencias públicas de reconocimiento de verdad.

Si considera que la aportación de verdad y el reconocimiento de los militares es adecuado, podrían recibir penas alternativas que no conlleven prisión.

La JEP ha imputado hasta el momento a 97 personas por ‘falsos positivos’ en el Caso 03, de las cuales al menos 55 (el 89%) han reconocido su responsabilidad.

Además, con Lasprilla ya son dos excomandantes del Ejército los acusados de ‘falsos positivos’, ya que el pasado 30 de agosto, la JEP acusó al general retirado Mario Montoya, junto a otros ocho militares, de 130 ejecuciones extrajudiciales de jóvenes inocentes.