Catalunya ya padeció importantes sequías en 1989 y 2005. ¿Qué tiene de particular la actual? Es más grave por la disminución de las reservas de agua, que sin la planta desalinizadora del Prat, que se construyó en 2008, nos llevaría a un nivel de emergencia aún peor. En cualquier caso, lo preocupante es el tecnoptimismo, es decir, cuando intentan hacernos ver que, gracias a las nuevas tecnologías, tampoco hace falta reducir mucho el consumo de agua. Y es falso: se ha demostrado que la modernización de los regadíos no ha servido para ahorrar agua, sino únicamente para incrementar la producción de alimentos y, de paso, encarecer el recibo del agua.

¿Es imprescindible una drástica reducción del consumo hídrico?

Sin duda, porque el cambio climático nos indica que habrá menos agua disponible y que la tecnología no paliará esta tendencia. Aparte que utilizar un 70% de agua regenerada actual, como defiende la Generalitat, conlleva en la práctica sacarla de los ríos, de manera que repercute en el ecosistema y en la economía de las personas. Tenemos que reformular el modelo y esta crisis es una oportunidad.

¿Hay que revertir las prioridades?

La misma Ley de Aguas lo establece. Debemos priorizar el caudal ambiental, después el dirigido al sector doméstico, que garantiza el derecho humano y, posteriormente, el de la producción. No solo en la apicultura, también en el ámbito del turismo, que, al nutrirse de la red doméstica, no ha experimentado ninguna restricción. Pedimos a los ayuntamientos que sean valientes y afronten el consumo turístico.

A grandes rasgos, desde Aigua és Vida se promueve la remunicipalización y un control ciudadano de los recursos disponibles. ¿Este es el horizonte para el que lucha?

Es clave, pues en Catalunya y muchas otras regiones, la mayoría del agua recae en operadores privados, cuya dinámica consiste en no renovar las instalaciones ni reparar las fugas para así obtener el máximo rendimiento económico. Se benefician de la opacidad, la transparencia y una falta de fiscalización absoluta. En cambio, con la remunicipalización del servicio y el cambio de la ley de contratos del sector público para reducir los índices de consumo, podemos lograr revertir la lógica actual. Rebajar el consumo será impopular, sin duda, pero resulta mucho más caro mantener el actual modelo.