En las últimas semanas, millones de personas en todo el mundo han protestado en contra de la guerra en Gaza. Las manifestaciones en EEUU también han sido multitudinarias, tanto en las ciudades como en las universidades del país, frecuentemente encabezadas por judíos antisionistas. Sin embargo, algunas de estas acciones han sido tildadas de «antisemitas». La Liga Anti-Difamación ha informado de un aumento del 388% de incidentes antisemitas en octubre. Un estudiante de la universidad de Cornell fue detenido tras amenazar en las redes sociales con matar y violar a judíos; también se han reportado varias denuncias de acoso a estudiantes de judíos.

Mientras tanto, el Consejo de Relaciones Americanoislámicas también ha denunciado un número mayor de denuncias por islamofobia. Un estudiante árabe de Stanford, por ejemplo, tuvo que ser hospitalizado tras ser atropellado durante una manifestación por un coche que se dio a la fuga, en un incidente que se investiga como crimen de odio. El mes pasado, un hombre de 48 años disparó a tres estudiantes de origen palestino. El presunto atacante ha sido encarcelado acusado de intento de asesinato en un posible caso de crimen de odio. En este contexto, el departamento de Educación del Gobierno de EEUU ha abierto varias investigaciones en relación con las denuncias de «antisemitismo» o «islamofobia» en diferentes campus universitarios del país.

El tema llegó hasta el Congreso, al Comité de Educación de la Cámara de Representantes, con mayoría republicana. Lo cierto es que la campaña de los republicanos contra las «élites woke» de los ambientes universitarios viene de lejos; en esta última cruzada tras el 7 de octubre y el ataque de Hamas en Israel, se les han unido varios congresistas demócratas.

Comparecencia en el Congreso

En la comparecencia del Comité de Educación en Washington estuvieron citadas las tres rectoras de Harvard, Penn y MIT (Massachussetts Institute of Technology), alegando que estos prestigiosos centros «han estado en el centro del aumento de las protestas antisemitas». Elizabeth Magill, Claudine Gay, y Sally Kornbluth tienen algo en común: las tres son mujeres que han accedido a estos cargos ocupados generalmente hasta hace poco por hombres blancos. Las tres denunciaron, durante cuatro horas, el antisemitismo y reiteraron una y otra vez que era inaceptable que cualquier alumno se sienta inseguro en la universidad.

Sin embargo, la congresista ultra Elise Stefanik no se conformó con estas declaraciones, y presionó a las rectoras preguntando si pensaban tomar «alguna acción disciplinaria contra estudiantes o candidatos que digan ‘desde el río hasta el mar’ o ‘intifada’, promoviendo el asesinato de judíos». La segunda parte de la frase (que decir «intifada» sea antisemita o signifique un llamamiento a matar judíos), es más que debatible, pero la representante trumpista continuó hasta lanzar la pregunta a las tres rectoras: si consideraban que «llamar al genocidio de judíos» violaba los códigos de conducta de libertad de expresión de sus universidades. Claudine Gay, hija de inmigrantes haitianos y primera rectora negra de Harvard, dijo que llamar al genocidio era aberrante, pero matizó que con respecto al código de conducta tendría que considerarse el contexto. «Y si el contexto en el que se usa equivale a intimidación y acoso, entonces tomamos medidas». Magill, de Penn, también dio una respuesta matizada, mientras que Kornbluth – que es judía – aseguró que no había «escuchado ninguna llamada a favor del genocidio de judíos».

Aunque las tres rechazaron el antisemitismo y reconocieron que algunos alumnos judíos no se sienten seguros durante algunas manifestaciones en las universidades, los matices en una pregunta en la que se les exigía una respuesta de sí o no desencadenaron la tormenta.

Las críticas llegaron incluso desde la Casa Blanca, mientras, algunos donantes multimillonarios amenazaban con retirar su apoyo a los proyectos que tienen en estas universidades.

Tanto Magill como Gay publicaron poco después una nota de disculpa lamentándose por no haber sido tajantes con la respuesta. Al final, Magill ha dimitido. Gay se mantiene, tras obtener el apoyo de 700 firmas de la facultad. Pero el debate sobre la libertad de expresión continuará, y las presiones de los sectores derechistas contra las universidades y otros lugares que consideren demasiado progresistas tampoco desaparecerá.