Los gobiernos de Gasteiz y Madrid negocian en una comisión bilateral para tratar de evitar la presentación por el Ejecutivo autonómico del recurso, ya anunciado, ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Vivienda por invasión competencial. Esta intención fue anunciada por la parte del PNV (obviamente no por la del PSE) en el pasado mes de julio, pero no se ha concretado por el momento.

El consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, ha explicado este martes en Radio Euskadi que se trata de buscar una «interpretación compartida» que «salve la posición de cada uno de los dos gobiernos» para evitar el recurso al TC y que con ello se pueda aplicar la ley estatal, «que afecta a mucha gente sencilla y necesitada».

Arriola ha considerado que no hay una «intención invasiva» en la ley estatal como demuestra el uso generalizado en el texto de «muchas coletillas» del tipo de «sin perjuicio de las competencias autonómicas» o «al margen de las competencias autonómicas», pero «el PNV no lo ve así».

«Hay que aclarar la interpretación de la ley para que no sea invasiva con las competencias exclusivas» de las comunidades en vivienda, ha añadido el consejero del PSE.

Posibilitar intervenir

Arriola ha destacado la importancia de poder aplicar la ley estatal porque, por ejemplo, la ley de vivienda aprobada en el Parlamento de Gasteiz no posibilita que desde la Administración pública se pueda «intervenir en los precios» del alquiler como se «puede hacer con la declaración de ‘zonas tensionadas’» a la que abre la puerta la ley estatal.

Recientemente, representantes del departamento de Vivienda de Lakua admitieron que el 55% de la población de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa vive en estas zonas tensionadas, por lo que el impacto de la medida puede ser muy alto y favorable. En la entrevista, Arriola ha precisado que por el momento son pocos los ayuntamientos que han dado el paso de solicitar esta declaración, pero ha recordado que muchos sí han aprobado mociones en este sentido, en la campaña de Stop Desahucios.

Euskal Herria y Catalunya

En Euskal Herria, el PNV rechazó esta Ley de Vivienda estatal desde el primer momento, una posición que EH Bildu ligó con su defensa de los intereses de los grandes tenedores.

En Catalunya la situación es todavía más enrevesada, puesto que ERC aprobó la norma estatal pero posteriormente se alineó con la ofensiva de Junts para recurrirla al Tribunal Constitucional desde el Parlament, igualmente por cuestiones competenciales. No obstante, ERC defendió en ese pleno los objetivos de la ley aprobada en el Congreso.