![Ronald Lamola, ministro de Justicia de Sudáfrica, junto a Vusimuzi Madonsela, embajador sudafricano en Países Bajos.](/media/asset_publics/resources/001/068/782/article_main_landscape/safrica.jpg)
Sudáfrica ha acusado este jueves a Israel de mantener un «patrón de conducta genocida» en la Franja de Gaza con «asesinatos en masa», «desplazamientos forzados» y «daño físico o mental grave» de los civiles palestinos, una acusación pronunciada durante una audiencia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya.
Los palestinos están en «riesgo inmediato de morir por hambre, deshidratación y enfermedades por el cerco, la destrucción de ciudades palestinas, el acceso insuficiente de ayuda permitida a la población palestina y la imposibilidad de distribuir esa ayuda limitada mientras caen las bombas», ha advertido la letrada sudafricana Adila Hassim.
Además, ha asegurado que Israel «ha matado a un número incomparable y sin precedentes de civiles con pleno conocimiento de cuántas vidas civiles se cobrará cada bomba» y ha exigido a la CIJ imponer medidas cautelares urgentes a Tel Aviv para proteger a los palestinos de Gaza.
Hassim ha enumerado como crímenes que representan un «acto genocida» los «asesinatos en masa», el «desplazamiento forzado» de la población de Gaza, y el «daño físico y mental grave» provocado por la ofensiva militar, además de lo que ha definido como «el ataque militar israelí al sistema de atención sanitaria de Gaza, que hace que la vida sea insostenible».
«Los palestinos en Gaza son sometidos a constantes bombardeos allá donde van: en sus casas, en lugares donde buscan refugio, hospitales, colegios, mezquitas, iglesias, y mientras tratan de encontrar comida y agua para sus familias. Han sido asesinados si no logran evacuar, y en los lugares a los que huyen. E incluso cuando tratan de huir a través de las supuestas rutas seguras declaradas por Israel», ha descrito la abogada en su presentación.
«Patrón de conducta calculado»
Todos estos actos, «individual y colectivamente», ha señalado la abogada, «forman un patrón de conducta calculado que indica una intención genocida, que es evidente en la conducta israelí en ataques especiales contra los palestinos que viven en Gaza, utilizando armamento que causa destrucción homicida a gran escala» y en «ataques directos contra civiles».
Tembeka Ngcukaitobi, otro miembro del equipo legal sudafricano, ha señalado que «a día de hoy, el uno por ciento de la población palestina ha sido diezmada en Gaza».
«Líderes israelíes y generales del Ejército han expresado su intención genocida, lo que ha sido repetido por soldados de Gaza», ha denunciado, antes de citar una serie de declaraciones públicas por parte del primer ministro, Benjamin Netanyahu; el presidente, Isaac Herzog; y el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant.
En esta línea, ha resaltado que «debido a Israel, Gaza se ha convertido en un lugar de muerte y desesperación» y ha argüido que «muchos de los que propagaron graves atrocidades han dicho que se les malinterpretó, que no querían decir lo que dijeron y que sus propias palabras fueron sacadas de contexto».
«¿Qué Estado admitiría una intención genocida? Sin embargo, la característica de este caso no ha sido el silencio, por lo que tenemos una reiteración y repetición de un discurso genocida a través de todas las esferas del Estado de Israel», ha defendido Ngcukaitobi, quien ha insistido en que «las declaraciones genocidas no estuvieron en los márgenes, sino que son parte de una política estatal».
«El hecho de que la guerra –ha añadido– sea una guerra contra los niños muestran de forma clara que la intención genocida fue entendida y está siendo puesta en práctica».
«La intención articulada es la destrucción de la vida palestina en todas sus manifestaciones», ha apuntado Ngcukaitobi, que ha abundado en que «Israel es consciente de su destrucción de la vida e infraestructura palestina, pese a lo cual ha mantenido e intensificado sus actividades militares en Gaza».
El caso ante la CIJ se centra en la presunta violación por parte de Israel de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada en 1948 y en vigor en 152 países.
Pero las audiencias de este jueves y mañana viernes no entrará aún en el fondo del caso, y solo se centrará en la necesidad de medidas cautelares solicitadas por Sudáfrica contra Israel para «proteger los derechos del pueblo palestino contra daños mayores, graves e irreparables» en Gaza, según los documentos enviados por Sudáfrica a la CIJ a finales de diciembre.
13 semanas de muestra
«Los genocidios nunca se declaran por adelantado, pero este tribunal tiene el beneficio de las últimas 13 semanas que muestran de manera indiscutible un patrón de conducta e intención relacionada que justifica una afirmación plausible de actos de genocidio», ha señalado Hassim.
Desde el pasado 7 de octubre, Israel lleva a cabo una brutal ofensiva militar que ha dejado devastado el enclave, con más de 23.300 palestinos muertos, más de 60.000 heridos, y 1,9 millones de desplazados en un territorio habitado por 2,3 millones de personas.
«Ningún ataque armado en el territorio de un Estado, por muy grave que sea (...) justifica que se vulnere la convención», ha dicho ante la corte el ministro sudafricano de Justicia, Ronald Lamola.
«La respuesta de Israel al ataque del 7 de octubre cruzó esta línea y da lugar a violaciones de la convención», ha añadido.
El Gobierno de Israel, que defenderá su postura este viernes, ha tildado de «una de las mayores muestras de hipocresía en la historia» la vista en la CIJ y ha manifestado que «Sudáfrica busca permitir que Hamas cometa crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y crímenes sexuales como los cometidos en repetidas ocasiones el 7 de octubre, tal y como han dicho sus líderes».
«Sudáfrica, que está funcionando como brazo legal de la organización terrorista Hamás, ha distorsionado gravemente la realidad en Gaza tras la masacre del 7 de octubre e ignoró completamente el hecho de que terroristas de Hamás se infiltraron en Israel, asesinaron, ejecutaron, masacraron, violaron y secuestraron a ciudadanos israelíes simplemente por ser israelíes, en un intento de cometer un genocidio», ha afirmado el portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, Lior Haiat.
Derecho al asilo
En paralelo a la vista en La Haya, el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha señalado que ciudadanos gazatíes pueden solicitar asilo en la Unión Europea porque la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (Unrwa, por sus siglas en inglés) ha dejado de brindar protección.
En respuesta a la cuestión prejudicial planteada por un tribunal búlgaro, ante la segunda petición de protección internacional de dos ciudadanos gazatíes, el Abogado General Nicholas Emiliou recuerda que el cese de la protección de la agencia de la ONU sucede no solo si esta deja de existir sino si la persona se ve obligada a abandonar el área de operación por razones ajenas a él o ella.
En este sentido, recalca que se debe tener en cuenta no solo las razones por las que los palestinos huyen de la zona de actuación de la Unrwa, sino si es posible para ellos volver bajo las circunstancias actuales, en el marco de la ofensiva israelí.
«Para las personas que viven en la Franja de Gaza –donde el nivel de inseguridad y las condiciones de vida han ido cambiando rápidamente, especialmente desde los acontecimientos que tienen lugar allí desde el 7 de octubre de 2023– eso significa que se tiene que tener en cuenta información precisa y actualizada sobre la situación general que prevalece actualmente en esa zona», ha subrayado el abogado chipriota.
Respecto a los elementos para pedir el asilo, el jurista europeo considera que la Unrwa registra tal nivel de «deficiencias sistemáticas» y las personas palestinas se encuentran en una situación de riesgo que «pruebas de las condiciones de vida» son «suficientes» para tramitar la demanda de asilo y «no se puede exigir a los solicitantes demostrar que esas condiciones generales son indignas para ellos, de manera individualizada».
De esta forma, la Justicia europea señala un camino para la tramitación de asilo para ciudadanos palestinos, que normalmente están excluidos de este derecho en la UE si están registrados como beneficiarios de la Unrwa.
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