Junts y ERC han propuesto, por separado, una serie de enmiendas parciales a la ley de amnistía para garantizar que la norma abarque todos los presuntos delitos de «terrorismo» por los que está acusado el independentismo, lo que incluiría a los 12 miembros de los CDR y a los 10 encausados por Tsunami Democrátic que han sido investigados en la Audiencia Nacional española.

Sendos partidos plantean en una de sus respectivas enmiendas eliminar el párrafo que excluía de la amnistía los delitos de «terrorismo» siempre y cuando hubiese recaído sentencia firme. Los republicanos, en concreto, justifican esa sugerencia alegando una «mejora técnica», mientras que Junts habla de «persecución» por parte de los tribunales. La modificación defendida por Junts, además, también permitiría amnistiar los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa.

Así consta en las enmiendas parciales que han presentado este martes en el Congreso los socios parlamentarios del Gobierno español a la proposición de ley que presentó en noviembre el PSOE para amnistiar más de una década del independentismo catalán, incluidos delitos de usurpación de funciones públicas, malversación, desobediencia, desórdenes públicos y prevaricación.

En concreto, Junts asegura que el periodo que abarca la amnistía no incluye «ningún acto que pueda ser tipificado como terrorismo», pero sostiene que en las causas sobre Tsunami y los CDR «se investiga y persigue a independentistas por hechos que no serían» constitutivos de ese tipo de delito.

«Para conseguir que el ámbito objetivo de esta amnistía abarque al mayor número posible de ciudadanos perseguidos por su militancia o cercanía con el independentismo catalán, ha de retirarse de las exclusiones de la ley los actos tipificados como delitos de tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos y los actos tipificados como delitos de terrorismo», justifican.

Desde Junts, además, han justificado esta enmienda asegurando que «es una realidad que, nada más hacerse pública la proposición de ley de amnistía se han reactivado procesos que se asumía estaban destinados al sobreseimiento», en alusión a las dos causas seguidas en la Audiencia Nacional.

Garantizar la eficacia

En sus enmiendas, Junts propugna una nueva disposición adicional para garantizar «la aplicación inmediata de la ley de amnistía» e impedir que «se desvirtúe el interés general que persigue, mediante el alzamiento de todas las medidas que impidan su eficacia».

Asimismo, plantea ampliar la horquilla temporal de la amnistía –que en el texto original abarcaba desde el 1 de enero de 2012 al 13 de noviembre de 2023– para que contemple los actos desde el 1 de noviembre de 2011. Ha asegurado que se trata de una «mejora técnica» para «incluir todas las actuaciones tipificadas como delito o determinantes de responsabilidad administrativa o contractual, vinculadas de una u otra forma, a la consulta del 9 de noviembre de 2014 y el referéndum del 1 de octubre de 2017».

Junts también quiere modificar la proposición de ley de la amnistía para garantizar que se alzarán las medidas cautelares impuestas «incluso cuando tenga lugar el planteamiento de un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad contra la presente ley o alguna de sus disposiciones», así como «cuando se suspenda el procedimiento en virtud del planteamiento de cualquier cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea».

En el marco de su enmienda, los de ERC enmiendan a su vez la proposición de ley para modificar el artículo 7 y pedir que se devuelvan las multas impuestas en el marco de los procedimientos penales, administrativos o contables llevados a cabo.

9 enmiendas «técnicas»

En paralelo, y sin acuerdo con Junts, PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu y BNG han registrado nueve enmiendas «técnicas» para mejorar «aspectos no esenciales» de la norma e incluir, por ejemplo, que no se puedan amnistiar delitos contra la comunidad internacional, como el genocidio.

Superado el plazo para la presentación de enmiendas, estos grupos han difundido un comunicado en el que insisten en la «enorme solidez jurídica» de la proposición registrada en su día por el PSOE, «totalmente ajustada» a la Constitución española, y explican las mejoras que plantean con unas enmiendas que, apuntan, han sido trabajadas también con otras formaciones.

Con sus propuestas, diseñadas por juristas de los grupos parlamentarios, plantean excluir de la amnistía los delitos contra la comunidad internacional, delimitar con claridad que todos los actos amnistiados son hechos producidos durante el proceso independentista o reforzar la función jurisdiccional de jueces y magistrados en la aplicación de la norma, explican.

La proposición de ley, por ejemplo, amnistiaba actos de desconsideración y crítica a las autoridades y funcionarios públicos; ahora se añaden también los «agravios» y se incluyen los actos llevados a cabo a través de medios de comunicación, internet y redes sociales, y en el marco de actividades «educativas».

Por su parte, el PP ha presentado una veintena de enmiendas en las que piden suprimir todos sus artículos por entender que esta norma es «claramente inconstitucional», aunque ha dejado a un lado ideas que planteó en la enmienda de totalidad, como la relativa a la disolución de las organizaciones que promuevan la independencia o referendos.

Trámite parlamentario

El Congreso tiene previsto retomar esta semana la tramitación de la proposición de ley de amnistía, que se debatirá en ponencia este mismo jueves y se elevará a la Comisión de Justicia, en principio, el próximo martes, día 23 de enero, según han informado fuentes parlamentarias.

Esta misma tarde, toda vez que ya se han presentado las enmiendas parciales, se reunirá la Mesa de la Comisión de Justicia para calificar los textos con intención de convocar la ponencia para este jueves. Ese debate en ponencia será a puerta cerrada, como ocurre siempre en estos órganos, y ahí se discutirán las enmiendas y algunas podrían incorporarse al informe que se apruebe.