![Stop Desahucios pedirá que se aplique el canon de vivienda vacía en la CAV.](/media/asset_publics/resources/001/074/457/article_main_landscape/vivienda.jpg)
Stop Desahucios lanzará una campaña dirigida a los ayuntamientos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa que se centrará en la aplicación del canon a las viviendas vacías y en la aplicación del protocolo para la declaración de zonas tensionadas enviado por el Gobierno de Lakua a los municipios que cumplen los requisitos.
Según especifica una nota de la plataforma, son 41 los municipios de la CAV potencialmente declarables como zonas tensionadas, a los que instará a cumplir el protocolo. El objetuvo es limitar los «abusivos» alquileres y que los contratos de alquiler que finalicen durante dicho periodo sean renovados.
Por otro lado, tachan de «inadmisible» que el pleno de Donostia haya rechazado la moción presentada sobre el canon con los votos del PNV y PP.
«Stop Desahucios Euskadi ha estado demandando la movilización de viviendas vacías hacia el alquiler social durante años», explica dicha nota. «En caso de negativa por parte de los propietarios, incumpliendo la Ley de Vivienda Vasca, abogamos por la aplicación del canon, pudiendo llegar incluso hasta la expropiación», añaden.
Sin embargo, denuncian que «se está interpretando como un ataque a los propietarios, lo que es incumplimiento de la función social de la propiedad ampliamente reconocido por el TC y por nuestra Ley de Vivienda, que provoca una escasez de viviendas de alquiler en el mercado y con ello, un incremento inasumible de los precios de los alquileres».
Subrayan, así, que el objetivo de la aplicación del canon es «la movilización de la vivienda hacia el alquiler social», incluyendo un trámite de audiencia al propietario para informarle de los programas de Lakua y ayudas para la rehabilitación, entre otras cosas.
«No tienen excusas»
Stop Desahucios expone que los partidos que gobiernan los ayuntamientos «no tienen excusas» para no cumplir con la Ley de Vivienda Vasca y aplicar el canon a propietarios de viviendas vacías. «No se acepta la excusa de falta de datos, ya que han tenido más de dos años para obtenerlos y ya tienen la experiencia y los datos obtenidos de la aplicación del recargo del IBI en más de 100 municipios de la CAV», explican. Tampoco creen que haya justificación para retrasar el cumplimiento del protocolo de zonas tensionadas.
«La vivienda es un derecho, no un negocio. Es crucial apoyar las leyes de vivienda, el acceso a viviendas dignas y asequibles, y respaldar a jóvenes, nuevas familias y la ciudadanía en general, en lugar de beneficiar a especuladores y grandes tenedores de propiedades».
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