Hace 70 años el religioso católico Henri Gouès, más conocido como Abbé Pierre, lanzó una alarma sobre la situación de las personas sin techo en el Estado francés.

Los termómetros marcaban temperaturas de -15 grados bajo cero, y el llamamiento del cofundador del movimiento Emmaus además de agitar las conciencias, ejerció de revulsivo para la promoción de un sinfín de iniciativas hoy encuadradas en la economía social y solidaria.

En este aniversario, la fundación que lleva su nombre ha hecho público su informe número 29 sobre el problema de la vivienda en el Estado francés.

Y la asociación vasca Alda, por su parte, ha puesto el rostro local a esa crisis habitacional sin precedentes, con una concentración ante la Subprefectura de Baiona en la que ha exhibido la imagen del cofundador de Emmaus.

Junto a ese retrato, con máscaras blancas cubriendo sus rostros, inquilinos en peligro de quedarse sin un techo, tras la decisión de los dueños de sus viviendas de activar un mecanismo que permite poner fin al alquiler del que, según la asociación, abusan los propietarios y sobre el que, a su entender, deberían existir más controles, para evitar que esos bienes pasen al mercado turístico.

Alda ha hecho hincapié en la falta de viviendas en alquiler accesibles, por el aumento de los alquileres de corta duración, y ha remarcado el riesgo de verse expulsados de sus domicilios que acecha a muchos inquilinos.

Ha pedido así medidas rápidas e integrales para sortear la crisis de la vivienda.

La Fundación Abbé Pierre constata que el «estallido social» debido a la crisis habitaciones, que no deja de agravarse, «es una realidad».

A la vista de las cifras de la asociación, 4,1 millones de personas no disponen de una solución habitacional y hasta 12,1 millones viven bajo un techo precario en el Estado francés.

Según el informe, en total más de 14 millones de personas se vieron afectadas, en distinto grado de intensidad, por la crisis de la vivienda, en 2023.

Nunca antes hubo tantas personas pobres

Dentro de ese primer capítulo de 4,1 millones personas que no disponen vivienda digna, 1.098.000 no tienen domicilio propio, 330.000 viven en la calles y 643.000 se ven obligadas a pernoctar en domicilios de terceras personas. 

En la segunda categoría, con 12,1 millones de personas en situación habitacional inestable, 3.558.000 soportan precariedad energética y 5.732.000 tienen dificultades económicas que les obligan a llevar una vida de subsistencia.

El informe de la Fundación Abbé Pierre asegura que «en los últimos 25 años, nunca antes habían vivido en Francia un número de personas tan elevado en situación de pobreza».

En 2021 se contabilizaron 9,1 millones de personas que vivían bajo el umbral de la pobreza (1.158 euros/mes), «545.000 más que en 2020 y 1,5 millones más si miramos veinte años atrás», resume el organismo caritativo.

El factor de la vivienda, sin obviar los pilares del empleo o la protección social, es clave a la hora de entender esa degradación de las condiciones de vida.

Un impacto de dimensiones desconocidas

Centrándose expresamente en la «bomba social de la vivienda», el informe constata una acumulación de factores entre los que cita la paralización de la construcción de viviendas sociales; la imposibilidad para los compradores modestos de acceder al mercado inmobiliario; la bajada en la concesión de las hipotecas por los bancos; la imposibilidad para las personas que alquilan para encontrar bienes a precios asumibles a la vista de sus salarios, y la saturación de demandas y el alargamiento de tiempos de espera para acceder a una vivienda social.

«Esta crisis no tiene precedentes en la medida en que abarca todas las modalidades de vivienda al mismo tiempo, con una increíble fuerza y ​​velocidad», resume la fundación.

Las ayudas para pagar el alquiler o APL, que reciben mensualmente seis millones de personas en el Hexágono, no son capaces de responder a esa eclosión de precios y derrumbe de la oferta, que el informe liga a dinámicas diversas, entre las que cita la proliferación de los grandes tenedores alquileres turísticos.

También señala al aumento de esa categoría de «pequeños propietarios» que buscan refugio para sus ahorros en la vivienda de alquiler y que, en ocasiones, «no pueden compensar lo invertido cuando toca cumplir las obligaciones de renovación de esos bienes».

No querer ver la realidad

«La falta de respuesta real del gobierno a la crisis inmobiliaria o sus propuestas puntuales y sectoriales que no abordan en lo fundamental las causas de la crisis, tienen mucho que ver con una actitud de no querer asumir la complejidad y la gravedad de la situación», censura el informe, en el que se subrayan las carencias e incoherencias de las políticas relativas a vivienda del Gobierno de Emmanuel Macron.

La promesa de pasar de 30.000 a 40.000 la producción anual de viviendas se ha traducido en que, en realidad, «entre 2017 y 2023, la construcción de alojamientos netamente sociales se haya estancado entre 27.000 y 32.000».

Ello dilata los plazos para acceder a una vivienda o para poder dejar atrás un alojamiento insalubre, ya que ese es otro de los problemas de un parque inmobiliario obsoleto «que no cesa de degradarse ante la falta de recursos para su mantenimiento y modernización».

También fallan las soluciones de urgencia

Tras el parón producido durante los dos años de la pandemia, las expulsiones de inquilinos volvieron a aumentar en 2022, con 17.500 desalojos, según se recoge en el informe.

Al tiempo, los dispositivos de acogida de urgencia demostraron sus límites, con un aumento del 40% en la no atención de demandas.

Solo en noviembre de 2023, las llamadas de urgencia de 8.000 personas fueron rechazadas, lo que condenó a 2.400 menores y a sus progenitores a pernoctar en las calles.