La Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia (ATH-ELE) ha comparecido este miércoles en el edificio La Bolsa de Bilbo para dar a conocer sus estadísticas sobre las condiciones laborales de las personas que acudieron en 2023 a su asesoría. Más allá de exponer los preocupantes datos, han criticado la actitud de de las administraciones públicas, Osakidetza, el SEPE, Inspección de Trabajo y los juzgados.

Las trabajadoras que han pasado por la asesoría han sido 603 y los casos recogidos un total de 737. El 98,51% de las personas atendidas eran mujeres. El 59,57 % de las consultas se realizaron por trabajadoras externas y el 40,43% por trabajadoras internas.

Si las condiciones laborales de las trabajadoras externas ya son preocupantes, la situación de las internas, de las cuales el 98,99% son mujeres migradas, hace saltar las alarmas de este sistema de cuidados. Según los datos de ATH-ELE, un 26,17% del total de las trabajadoras internas tenía una situación administrativa irregular. Los porcentajes de irregularidad han bajado 3 puntos respecto a 2022, pero «siguen siendo injustificables».

La asociación asegura que la gran mayoría de las internas realiza su trabajo «en condiciones ilegales en materia de jornada y descansos». «El 69,52% del total de las internas de entre semana está a disposición de la parte empleadora más de las 60 horas semanales de jornada máxima legal, cifra que asciende al 81,08% si la trabajadora no tiene papeles. Algo menos de un cuarto (21,19%) no tiene ningún descanso diario, entendido como la libertad de salir de la vivienda para dedicarse a sus propios asuntos», han explicado desde ATH-ELE.

Además, alertan que se ha incrementa el porcentaje de las internas que no descansa por la noche de manera continuada. Según los datos recogidos, el 45,30% tiene que prestar atención dos o más veces cada noche. «Se trata de trabajadoras que cuidan personas en situaciones de dependencia importante, que necesitan cuidados diversos por la noche (tranquilizarlas, acompañarlas al baño, movilizarlas, suministrarles medicación, etc.), de las que también se ocupan a lo largo del día», concretan.

Salarios injustos

Respecto a los salarios, el 97,77% de las trabajadoras internas que acudieron en 2023 a ATH-ELE «no recibía el salario que les correspondía por sus horas de trabajo». Destacan que el 14,87% de las trabajadoras no llegan al SMI de 40 horas (sin tener en cuenta que trabajan muchas más horas) y «hay quienes en 2023 siguieron cobrando el salario mínimo neto de 2022 sin recibir la subida de 2023».

«Los salarios de las internas de entre semana no se ajustan al mínimo en relación a todas las horas de jornada; el abuso salarial es mucho mayor en el caso de las trabajadoras sin papeles», denuncian.

Además, desde ATH-ELE alertan de que en un 34,56% de los casos persiste la entrega del sueldo en mano sin ningún tipo de documentación, aunque la irregularidad en este punto ha bajado 7 puntos respecto al año 2022.

«Esto, además de problemas para conseguir créditos, becas, contratos de alquiler... tiene como consecuencia que las interesadas más de una vez no tienen información sobre lo más elemental de la relación laboral, como los datos de identidad completa de sus empleadores o si se está cotizando por ellas y cuánto», explican.

«Condiciones ínfimas de seguridad y salud laboral»

La Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia asegura que el cuidado en régimen interno se proporciona «en condiciones ínfimas de seguridad y salud laborales».

«La imposición sistemática de jornadas diurnas superiores a las 60 horas es incompatible con la salud laboral. En la atención de personas que no se valen por sí mismas para las actividades de la vía diaria, las trabajadoras no tienen garantizada ni la formación ni el entorno y medios para desempeñar las tareas sin daño para su salud. Las lesiones musculo-esqueléticas son frecuentes, así como las lesiones psíquicas derivadas de estar a cargo de personas con dependencia importante que viven solas, siendo el único recurso de cuidado. No hay ningún amparo de la Inspección de Trabajo en este terreno, tampoco de Osalan», explican.

A todo ello, le añaden los obstáculos para solicitar a la Seguridad Social el cobro las bajas médicas, «debido a la imposibilidad práctica de acceder presencialmente a las oficinas de la Seguridad Social». Señalan que se trata de una actividad en la que el pago de las bajas médicas no lo tiene que gestionar la empresa como sucede en el resto de los sectores, y es la propia trabajadora la que tiene que solicitar el pago, «que de otro modo no se le abonará».

«Esto les exige contar con medios informáticos, seguir instrucciones poco comprensibles, cumplimentar impresos que deberá rellenar sin ayuda del personal de la Seguridad Social, al haberse convertido prácticamente imposible el acceso presencial a sus oficinas», explican.

Así, debido al fallecimiento o ingreso residencial del empleador, un 23,15% de las internas que ha atendido ATH-ELE «quedó en paro de un día para otro y con una prestación de desempleo de, como máximo, 120 días independientemente del tiempo trabajado y cotizado».

Responsables

La asociación culpa a las agencias de colocación de promover «condiciones ilegales». El servicio de las agencias autorizadas consiste en la puesta en contacto de las dos partes, trabajadora y empleadora y la posterior realización del contrato y las nóminas mensuales. Así, desde ATH-ELE denuncian que estos contratos y nóminas se hacen por 40 horas, «ocultando la existencia y obligación de pago de las llamadas ‘horas de presencia’, que forman parte de la jornada que debe pagarse».

Pero más allá de la responsabilidad de las empresas y los contratantes, desde la asociación critican la actitud de de las administraciones públicas y hacen responsables de esta situación a Osakidetza, el SEPE, Inspección de Trabajo y los juzgados. Aseguran que «no hay control de la Inspección de Trabajo sobre este fraude masivo» y por ello exigen que  la «regularización inmediata de todas las trabajadoras es un primer paso necesario para conseguir condiciones de trabajo decentes».